La batalla contra extorsionistas, el crimen organizado y retomar el control en los centros carcelarios son algunas de las prioridades del Ministerio de Gobernación (Mingob) y la Policía Nacional Civil (PNC) para garantizar el resguardo ciudadano.

Claudia Palencia, primera viceministra de Seguridad de la citada cartera, se refiere en la siguiente entrevista a estos y otros problemas que afectan a la población y las acciones impulsadas para combatirlos.

¿Qué opina de la percepción de que la delincuencia sigue afectando a los ciudadanos?

No es la misma que tienen todos los guatemaltecos. Creo que muchas veces puede creerse que la criminalidad es alta, por alguna discusión en las redes sociales que influye en las ideas. Estas plataformas inducen a una percepción hacia las personas.

Nosotros, como Ministerio de Gobernación y Policía Nacional Civil, hemos dado respuesta al problema de la inseguridad. De esa cuenta, se han realizado varias capturas de personas que se dedicaban al robo. Esto se ha logrado mediante un plan estratégico.

Por medio de X y de las páginas oficiales del ministro, se ha tenido mayor acercamiento con la población, que aprovecha estos espacios para colocar sus denuncias.

¿Cuál es el impacto de la captura de más de 630 extorsionistas este año?

Impacta de forma positiva, porque se reducen las denuncias por este delito. Cuando se ejecutan las detenciones o requisas, baja la incidencia en cuanto a las llamadas extorsivas.

¿Cuál es el perfil de los aprehendidos?

No solo se han consignado imitadores de extorsionistas en estos meses, sino que también hay miembros de la Mara Salvatrucha, Barrio 18 y otros que no son pandilleros, pero que están vinculados con alguna estructura criminal.

¿Cómo encontraron el Sistema Penitenciario?

El Sistema Penitenciario es una de las instituciones más abandonadas de la cadena de Justicia. Es a la última que le llega toda la parte del problema delincuencial y es a la que menos se le había puesto atención en los últimos 30 años.

Este problema requiere de acciones permanentes…

Para avanzar en nuestro plan de mediano y largo plazo, con la finalidad de ir retomando el control de Presidios y combatir la extorsión, es necesario realizar requisas constantes, las cuales se organizan de manera interinstitucional con guardias penitenciarios y la PNC.

Se dio a conocer acerca de cobros ilegales para ingresar en la Academia de la Policía y en los procesos de ascensos. ¿Qué se hace al respecto?

Hay una investigación en proceso. Para ingresar a la Policía no hay cobros. Tampoco tiene precio solicitar movimiento o cambio de estación o comisaría.

¿Hay alguna forma que facilite la denuncia si el ciudadano conoce de hechos anómalos?

La población puede comunicarse al número telefónico 1531 para delatar cualquier anomalía por parte de miembros de la institución. Automáticamente, será atendida por personal dirigido por Inspectoría General de la Policía. Los resultados se evidencian con la detención de agentes que han incurrido en hechos delictivos.

Rubelsy Pimentel Fotógrafo: Archivo

Foto: SCSPR

Su respaldo al Gobierno y su disposición de continuar defendiendo la democracia, expresaron ayer las autoridades ancestrales de Totonicapán, en una reunión sostenida en la cabecera departamental de la mencionada jurisdicción con el mandatario Bernardo Arévalo, a quien le entregaron un pliego de peticiones relacionadas con el desarrollo de las comunidades.

“Reiteramos el compromiso de trabajar en conjunto para caminar en este nuevo proceso nacional, teniendo la esperanza de que pueda empezar un cambio, el cual no se logra de la noche a la mañana, pero si se tiene la buena voluntad y si se empieza con acciones concretas, este es el primer paso para que una Guatemala nueva florezca”, afirmó Edín Rafael Zapeta, presidente de los 48 cantones.

Peticiones

Los dirigentes totonicapenses, en nombre del pueblo, realizaron ocho peticiones al mandatario que, en términos generales, abarcan mejorar las condiciones de salud y educación, así como dotar de fertilizante a los campesinos, consistente en dos quintales de abono.

Además, optimización de caminos en el citado departamento, asignación de recursos para acciones medioambientales y reducir el costo de la canasta básica, combustibles y gas propano. También, solicitar el Estatus de Protección Temporal (TPS) ante Estados Unidos para que los connacionales no sean
deportados.

“Recibo las solicitudes con toda responsabilidad, porque sé que son serias y provienen de las comunidades, a través de las autoridades legítimas que han sido parte central del proceso de defensa de la democracia y las instituciones del país”, aseguró el jefe de Estado durante su alocución.

Arévalo recordó que los 48 cantones fue una de las entidades que “velaron de una manera notable e histórica el proceso de resistencia ante los intentos de las élites corruptas que han venido dominando el país para revertir los resultados electorales”.

La jornada de trabajo incluyó una reunión con alcaldes municipales de Totonicapán para coordinar acciones de desarrollo económico y social.

Gobierno departamental

Tras el encuentro con los jefes ediles de Totonicapán, el mandatario Bernardo Arévalo aseguró que se está construyendo una agenda de trabajo que consolide el bienestar de los guatemaltecos, la cual se impulsará mediante el gobierno departamental, el que será encabezado por los gobernadores.

Este mecanismo permitirá estar más de cerca del terreno, a partir de un plan estratégico e integrar los recursos para atender las necesidades de los guatemaltecos. En relación con la destitución de la fiscal Consuelo Porras, dijo que cuando sea removida del cargo se seleccionará a su sustituto de la lista de candidatos propuestos anteriormente.

Rodrigo Pérez

Tras una reprogramación debida a fallas técnicas, el juicio por genocidio Ixil contra Benedicto Lucas García se reanudó ayer en el Tribunal A de Mayor Riesgo, cuyo debate ha sido escenario de testigos que vivieron los horrores del conflicto armado interno cuando el procesado fungía como jefe del Estado Mayor del Ejército.

Entre los testigos destacó Juana Gómez, quien describió cómo su esposo y uno de sus hijos fueron llevados por soldados al destacamento militar de Quiché y nunca regresaron. Asimismo, la fiscalía y los querellantes solicitaron trasladar a Lucas García, actualmente hospitalizado, al tribunal, en contraposición a la abogada defensora que solicitó un aplazamiento del debate por 10 días, y se negó a seguir representándolo.

Luis Carrillo Fotógrafo: Danilo Ramírez