300 millones, una buena inversión que va dando resultados

Felicitaciones pues, merecidas, a nuestras autoridades.

El Tribunal Supremo Electoral tuvo a su disposición 300 millones de quetzales para realizar la consulta popular que recién fuera celebrada y que tuvo por objeto que pudiéramos expresar si estábamos de acuerdo –o no– que cualquier reclamo legal de Guatemala contra Belice (territorial, insular y marítimo) se someta al conocimiento y decisión de la Corte Internacional de Justicia. La consulta fue celebrada, y su resultado, contundente; el mayor porcentaje de votantes que hayamos tenido en una consulta popular, el 26 % del total posible, lo que representa siete puntos por encima del porcentaje habido en la de 1999, nada más y nada menos que la relativa a las reformas derivadas de los Acuerdos de Paz. Esta consulta, la derivada de los Acuerdos, fue altamente difundida, álgido su tema, y, a pesar de ello, no tuvo tan solo menor concurrencia sino, además, resultado negativo. Los agoreros del fracaso y del desastre ya habían pontificado –analistas y “expertos”– que la recién celebrada consulta tendría un porcentaje menor de votantes que las anteriores y que corría el riesgo de que se produjese un no como respuesta. Hechos, no palabras y –así– se produjo el porcentaje ya citado y un contundente 96 por ciento a favor de llevar nuestro reclamo al conocimiento y decisión de la Corte Internacional de Justicia, decisión que avala el camino que se ha andado no solo como una política de de Gobierno, sino de Estado. ¿Se recuerdan de la costumbre aquella –mal inveterado entre nosotros– de que cada gobierno –soberbio e irrespetuoso– destruye lo encontrado? El manejo de esta consulta por parte del actual gobierno, además de la humildad y del buen tino de continuar con lo encontrado, ha sido ejemplar y, así, sin llamar más que al voto –llamado que fue atendido– se supo sustraerse de promover el sí, tal y como se le ordenara por el Tribunal Supremo Electoral –pero, a la vez– sin dejar de explicar ¡lo hizo bien! el sentido de la consulta y la posición de Estado. La consulta tenía que realizarse por tratarse de un acuerdo definitivo y ordenar la Constitución que cualquier acuerdo definitivo debía someterse a un procedimiento de este tipo, siendo definitivo lo acordado, puesto que, tal y como ocurre con cualquier tipo de juicio, una vez sometido el asunto a un tribunal se tiene que estar a lo que el tribunal decida, favorable, o no. Más de algún analista y “experto” opinó que no se trataba de un acuerdo definitivo, puesto que lo definitivo no es el acuerdo de ir a juicio, sino la sentencia, como que si uno pudiera aceptar, o no, las sentencias judiciales, pretensión que raya en el absurdo. Hubo de disponerse de esa cifra, en consecuencia –de los 300 millones– para dar cumplimiento a lo ordenado por la Constitución (artículo 19 transitorio de la misma). Hubo también más de algún “analista” y “experto” que opinó que –para ahorrar dinero– la consulta debía esperar a las elecciones generales, ignorando que el compromiso con Belice fue realizar una sola y única pregunta, compromiso que, en un proceso general, se habría desvirtuado. La consulta de 1999 –la de los Acuerdos de Paz– cita pendiente con la historia –fue condenada al fracaso– tal y como lo tuvo cuando a las doce reformas que surgían de aquellos Acuerdos se sumaron cuarenta más, negligente o maligna ocurrencia que sembró la confusión en los votantes: exactamente lo que hubiera ocurrido si la consulta que se hizo el pasado 15 de abril se hubiera mezclado con las elecciones generales del año entrante: El tema Belice –un tema de Estado– que debe unirnos absolutamente a todos (“Desunidos los de dentro, les devoran los de fuera”) hubiera quedado sometido a los vientos partidarios. Los agoreros del fracaso también pontificaron que era un error que celebráramos la consulta antes de que Belice lo hiciera, puesto que Belice, renunciado a que fuera simultánea, jamás la haría. 300 millones de quetzales es mucho dinero y, en un país como el nuestro, no se precisa de mayor imaginación para pensar en otros múltiples destinos para esa cantidad. Debo decir, sin embargo, que esta no salió del país, salvo lo importado, y que, en consecuencia, se tradujo en la compra y contratación de bienes y servicios, dineros todos que, en consecuencia, se hicieron circular por nuestra economía. El Tribunal Supremo Electoral cometió varios errores, uno de ellos –gravísimo– la prohibición que originalmente hiciera, de que no se podía promocionar la consulta con recursos del Estado, error que, afortunadamente, corrigió. Sin embargo, persistió en el error de prohibir su uso para promoción de las respuestas, sin hacer la salvedad de que no se tomaría como tal la debida explicación que las autoridades debían hacer de lo acordado y lo propuesto. Manejado por el TSE no solamente la promoción de lo electoral sino también de su contenido hubo de su parte errores tales como que Belice era una República y la publicación del mapa de Guatemala con línea idéntica para fronteras (con México) que para la separación imaginaria cuya existencia se discute. Debemos dejar de lado, sin embargo, los errores que, al final de cuentas, bastantes más, fueron los aciertos y –como en todo– la evaluación final se debe hacer por resultados; Contundentes el 26 y el 96 %. Felicitaciones pues, merecidas, a nuestras autoridades electorales y a todos quienes con estas coadyuvaron. Algo adicional puede hacer el Tribunal y tal MI SUGERENCIA: compartir con nosotros en forma clara, y sencilla, el uso que se diera a los 300 millones. ¿Los recibió completos? ¿Quién se los dio y cuándo se le dieron? ¿Qué bienes compró? ¿A quiénes? ¿Precios? ¿Qué servicios contrató? ¿Quiénes son los contratistas? ¿Gastó todos los 300? ¿Algún déficit? ¿Algún remanente? Pienso que también es importante que comparta con todos nosotros si gozó de descuentos en los medios de comunicación social. Si tuvo espacios gratuitos y, de igual forma, que nos comparta lo que fue el apoyo de los voluntarios y el recibido de las empresas, instituciones y Gobierno.Vale la pena que el Tribunal Supremo Electoral sepa sumar al éxito obtenido la más íntima comunión que le propongo con su pueblo: La de la rendición de cuentas. Las cosan no ocurren porque sí –por emanación espontánea– y lo gastado se apunta ya como inversión Belice ha fijado su fecha, el miércoles 10 de abril del 2019, el año entrante, para celebrar su consulta, la Consulta que se dijo que jamás celebraría. ¿Alguna incidencia de nuestra política exterior y de la ejecución de la misma en el éxito obtenido? ¿Alguna, acaso, de nuestro Presidente y de sus dos cancilleres, el anterior y la actual? ¿Habrá tenido algo que ver en todo esto nuestro servicio diplomático? El resultado ya habido en nuestra consulta y la decisión ya hecha por Belice de establecer la fecha de la suya. ¿Átomos sueltos, acaso, en un universo casual?

Acisclo Valladares Molina