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ENTREVISTAS

“El diálogo ha sido clave para resolver conflictos”

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Esta institución ha desarrollado una labor estratégica mediante diferentes mecanismos, especialmente mesas de diálogo, para resolver casos y consensuar con las personas relacionadas con los conflictos agrarios, dice el funcionario público, quien en esta entrevista explica los casos de alto impacto que se priorizan y los conflictos que están por resolverse, como el de Laguna Larga.

¿Cuál es la situación de la Secretaría en estos primeros meses?

Se ha hecho una labor conjunta en favor de la población, mediante 19 sedes regionales, localizadas en los departamentos de Huehuetenango, Izabal, Quiché, Alta Verapaz y Petén. Nuestra prioridad es resolver los conflictos agrarios y generar las condiciones necesarias para que sea de forma consensuada y pacífica.

¿A la fecha, cuántos conflictos agrarios han sido resueltos?

En 2017 se resolvieron varios conflictos agrarios, especialmente los considerados de alto impacto, como los de Santa María Xalapán, Jalapa, que tenía más de 100 años, y el de conflictividad del Valle del Polochic.

Además, no se descuidaron otros casos. Al hacer un análisis global podemos comentar que en 2016 se contaba con  mil 413 conflictos, y en 2017 eran 1  mil 425.

¿Cómo cuáles?

Al 31 de diciembre de 2017, de los 1 mil 425 casos, 251 eran relacionados con ocupaciones, lo cual representa un 18 por ciento, y la mayor incidencia está en Alta Verapaz (92) Quiché (45), Izabal (42) y Petén (24), le siguen Escuintla (13) y Sololá (12).

Se resolvió un total de 485 conflictos, de 585 ingresados en las diferentes regiones, lo cual fue producto del esfuerzo de la participación de diferentes actores institucionales, y organizaciones acompañantes de la sociedad civil.

Usted mencionó algunos casos de alto impacto. ¿Podría ser más específico?

Tenemos identificados más de 35 que están en las mesas de diálogo, desde nivel local, hasta el más alto, y de ellos se pueden mencionar los de Santa María Xalapán, Jalapa, Naturaceites, en Izabal, en donde existen medidas cautelares y se ha ido atendiendo de acuerdo con las posibilidades del Estado, en donde aún faltan 667 familias que solicitan tierras.  Además, está el caso Tzalbal en Nebaj, Quiché, y otros más en el Polochic.

¿Y la conflictividad en las áreas protegidas?

Se tienen 196 en las diferentes áreas protegidas del país, pero su mayor parte está concentrada en la zona de amortiguamiento de la Biósfera Maya, con 19; en la zona de usos múltiples de la Reserva de la Biósfera Maya, con 16; en la Reserva de la Biósfera de la Sierra de las Minas, y la Reserva de la Biósfera de Zona de Amortiguamiento Complejo IV, con 15 conflictos, respectivamente.

¿Cómo está el caso del asentamiento Laguna Larga, en Petén?

En este caso se está efectuando el censo, y se les han proporcionado raciones de alimentos. Además, se está a la espera de que el Fondo de Tierras (Fontierras) reciba las fincas que están en extinción de dominio en Morales, Izabal, para trasladarlos y reinstalarlos con las mejores condiciones.

Es importante resaltar que el pasado 25 de abril, en las instalaciones de Fontierras, representantes de la Comisión Presidencial de la Política del Ejecutivo, en materia de Derechos Humanos, y los dirigentes de Laguna Larga, los comunitarios se comprometieron a permitir el ingreso en el asentamiento, los días 12 y 13 de mayo, del personal que está dando acompañamiento a la resolución del conflicto.

¿La Secretaría está fortaleciendo la cultura del diálogo en los conflictos?

Así es; es otro eje importante de la política del gobierno del presidente Jimmy Morales.

Para el efecto, recientemente se firmó una carta de entendimiento con la Asociación para el Desarrollo Rural Integral y Mercy Corps, con el fin de fortalecer el diálogo y consenso entre organizaciones de la sociedad civil y entes del Estado, para una mayor gobernanza en los municipios de la zona del Polochic, San Miguel Tucurú, Santa Catalina La Tinta, Panzós, Senahú, Alta Verapaz; El Estor, Izabal; en la Franja Transversal del Norte, Chisec, Raxruhá, Fray Bartolomé de las Casas, Chaal, Alta Verapaz, e Ixcán, Quiché.

Nuestro objetivo es buscar una solución pacífica a la conflictividad en el país, por lo cual consideramos que el diálogo es la mejor solución.

Gustavo Villagrán
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ENTREVISTAS

“Se prioriza la integración de las metas del Plan K´atun y los ODS”

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Martha María Pacay, directora de Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo de Segeplan.

Guatemala presentará este año el informe Revisión Nacional 2019, el cual se basa en los primeros años de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su integración con las prioridades nacionales de la Política Nacional de Desarrollo K’atun: nuestra Guatemala 2032. En abril, el documento será conocido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y en julio, en el Foro de Alto Nivel de la Organización de las Naciones Unidas. Martha María Pacay, directora de Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo, de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), detalla el proceso.

¿Cuándo se inició con el informe?

Comenzó en septiembre del año pasado, en respuesta a un compromiso que el país asumió en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De ahí se plantea la elaboración de un informe cada 2 años, sobre el avance en la implementación de la referida agenda. Guatemala ya presentó un primer documento en 2017, el Examen Nacional Voluntario, de 5 ODS.

¿Qué contendrá el documento?

En 2018 se toma la decisión de no solo hacer un análisis de los ODS, sino también sobre la implementación del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces se unen los dos procesos en un estudio documental de lo que se ha hecho en el país respecto de ambas agendas.

¿Cuál ha sido el camino?

Comenzó con la propuesta conceptual y metodológica de construcción del informe y las consultas. Finalizará a mediados de año con su presentación en foros internacionales y nacionales, y posterior socialización. Se pretende tener un documento preliminar para este mes.

Es un estudio documental de lo que se ha hecho en el país respecto de la Agenda 2030, y la implementación del Plan Nacional de Desarrollo.

Martha María Pacay, directora de Seguimiento
y Evaluación para el Desarrollo de Segeplan.

¿Quiénes se han involucrado?

Ha sido un proceso participativo. Se hicieron consultas a diversos sectores. En noviembre, aproximadamente, en los 22 departamentos las Unidades Técnicas de Planificación recogieron de las poblaciones y sus representantes la percepción sobre la situación del país.

Las consultas también se realizaron a instituciones públicas, municipalidades y sector privado. Con este último se firmó un convenio con CentraRSE (Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial de Guatemala). 

Hubo acercamiento también con poblaciones específicas: personas con discapacidad, mujeres y pueblos indígenas, así como con la cooperación internacional.

¿Cómo se llevaron a cabo las consultas?

Mediante encuestas, una institucional y otra al sector privado; ambas fueron en línea. El resto fue presencial, en talleres. De las consultas se hizo una recolección y análisis que se plasmará en la estructura del informe ya de forma coherente.

¿Cuáles fueron los resultados?

Debido a la variedad de consultas, estamos en la etapa de consolidación, un proceso a cargo de las distintas direcciones de la Segeplan. 

Aunque en los talleres se pudo tener idea de cómo la gente percibe el avance, para algunos sectores es positivo, pero para otros, no, por los desafíos en pobreza, salud y educación, los cuales siguen siendo los problemas más sentidos por la población. 

¿Qué viene después?

Tener el informe es solo la primera etapa, porque luego viene la socialización de los resultados, que está previsto para finales de año. Lo que interesa en este tipo de procesos es tomar decisiones. Si estamos yendo bien, mal o regular por una línea, se adecuan los procesos para el bienestar de todos.

¿Tendrá el informe estadísticas, o es cualitativo?

Sí. El capítulo cuatro tendrá los medidores de elementos del desarrollo. Con el primer informe de 2017 se inició la revisión estadística, y con el actual se abarca toda la Agenda 2030 y las metas del Plan Nacional de Desarrollo.  

Lo que se hace es un análisis de con qué información contamos, pero también tenemos datos para decir cómo van los indicadores de país. Esto se hace en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística (INE), que apoya mediante la Encuesta de Calidad de Servicios Públicos Básicos.

¿Qué se espera del informe?

Entre otros intereses, se persigue que los resultados contribuyan con los procesos nacionales de desarrollo. Estamos en un año electoral, y en la transición de gobierno esperamos que el documento sea un insumo importante para la siguiente administración. No es un documento que evalúa el impacto del Plan Nacional de Desarrollo ni de la Agenda 2030, sino la revisión de las condiciones que el país, no solo el Gobierno, ha generado, y cómo la población se ha apropiado de los planes. 

Selvyn Curruchich
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“Se atendió a más de 49 mil personas con problemas de drogas”

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Rafael Sánchez, secretario ejecutivo de la SECCATID

El titular de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID), Rafael Sánchez, comentó que este año se capacitará al personal y se buscará  fortalecer la prevención y tratamiento de la drogodependencias, mediante los siete programas que impulsa.

¿Qué metas y retos se han trazado para este año?

Continuar con el proceso de fortalecimiento de la SECCATID y generar capacidad instalada en la institución, para que esta pueda seguir brindando servicio desde la perspectiva de Estado, como la institución rectora a cuyo cargo se encuentra la ejecución de las políticas públicas en el ámbito de las drogas y adicciones. 

Además, es la única institución que presta servicios gratuitos de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social en el área de las drogodependencias.

¿Cómo fortalecer el trabajo de los técnicos de la SECCATID?

Se tiene previsto iniciar el año con una serie de acciones para la capacitación y obtención de nuevas acreditaciones para el equipo que ejecuta los programas. 

Este año se fortalecerán los programas de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social, por lo cual se contempla abrir otras dos sedes en Quetzaltenango y Escuintla.”

De esa cuenta, la SECCATID ha hecho gestiones para recibir capacitación en distintos ámbitos y actualmente se acredita al personal de las Direcciones sustantivas de la institución en el área de UTC (Universal Treatment Curricula), con el apoyo del Colombo Plan, del Departamento de Estado de los Estados Unidos; Department of State: Bureau of International Narcotics & Law Enforcement (INL, por sus siglas en inglés) y por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, de la Organización de Estados Americanos
(OEA).

¿Cómo se realizará esta metodología?

Por medio del Online, y muestra de ello es que ya se iniciaron los procesos para recibir estas capacitaciones en el Programa Nacional desarrollado por COPOLAD, en distintas áreas que indudablemente serán de beneficio para las personas, en cuyo cargo se encuentra la labor que se proyecta en SECCATID por mandato legal. 

¿Tienen los recursos económicos para ejecutar estos proyectos?

Este tema está complicado, ya que no se cuenta con los recursos suficientes. Actualmente, la institución cuenta con Q8 millones para 2019. Este presupuesto sigue siendo insuficiente para el logro y consecución de más resultados que beneficien a las poblaciones vulnerables, ya que la SECCATID sigue siendo la secretaría con menos asignación presupuestaria del Estado y, dada su labor de atender en el ámbito de la salud, el tema de la drogodependencia, la situación debe cambiar hasta lograr robustecer financieramente a la única secretaría que tiene a su cargo atender este tema de las las adicciones.

¿Existe la posibilidad de iniciar el proceso de descentralización?

Este proceso de descentralización implica la inversión de más recursos para la contratación de personal calificado y la búsqueda de sedes físicas que sirvan de recinto para la labor de la SECCATID en el interior y, en vista de la carencia de recursos suficientes para ello, se tratará de avanzar en la consecución de dicha descentralización, que tiene prevista la posibilidad de establecer una sede en Quetzaltenango y otra en Escuintla, que son centros urbanos que requieren la presencia del Estado por medio de la SECCATID para abordar el problema.

Yuri López
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“El transporte extraurbano deberá renovar sus unidades este año, sin excepción.”

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Luis Fernando Villegas Negreros, titular de la Dirección General de Transporte.

Este año es el plazo mínimo para que los empresarios del transporte extraurbano renueven sus unidades, ya que no se permitirá la circulación de buses que tengan más de 25 años de servicio, aclaró en la siguiente entrevista el director general de Transporte.

La Dirección General de Transporte (DGT), del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), es una institución de orden público que tiene como objetivo regular el servicio de transporte extraurbano de pasajeros por carretera, el servicio especial de turismo, agrícola e industrial y de carga, para establecer un transporte digno, seguro, moderno y eficaz.

¿Habrá otra prórroga para renovación de unidades?

No, definitivamente no. Ya contaron  con un plazo de siete años, y aun cuando los propietarios de las flotas de extraurbanos, a nivel nacional, continúan insistiendo en que les demos más tiempo, lo cierto es que tienen hasta noviembre de este año para renovar sus unidades. 

La primera prórroga fue en 2012, y la segunda, en 2014. Ahora deberán sacar de circulación todo autobús que tenga más de 25 años de servicio.

No habrá retroceso para la renovación, pues el beneficio que se busca es para más de 6 millones de usuarios, por lo que los 2 mil o 3 mil transportistas extraurbanos deben poner en circulación camionetas modernas.


No se permitirán más excusas a los propietarios de los buses del transporte extraurbano. O cambian las unidades con más de 25 años de servicio, o no circulan en diciembre.

Luis Fernando Villegas Negreros, titular de la Dirección General de Transporte.

¿Cuántas unidades serán?

Estamos hablando de que sería aproximadamente el 60 % de unidades a nivel nacional, o sea entre 12 o 13 mil, lo cual  implica que un buen número saldría de circulación, y no volverían a ser utilizadas, ya que no se les proporcionaría permiso.

En otro tema, ¿este proceso de modernización traerá aumento de tarifas?

La modernización no quiere decir que se produzca un aumento en las tarifas; no es una justificación para ello.

Lo que sí es cierto es que las actuales tarifas requieren de una revisión, pues algunas están reguladas desde 1996 y otras en 2009; es decir, que están desactualizadas, y si en dado caso se procediera a una actualización, no sería por la renovación de unidades.

¿Dónde circulan los buses más antiguos?

Los buses más viejos, que muchos ya son chatarra, circulan en el occidente del país, en donde está la mayoría de unidades autorizadas, como Quiché, Huehuetenango, Sololá y Quetzaltenango.

¿Cuántas multas se impusieron el año pasado?

Los inspectores de la Dirección efectúan constantemente operativos de control en el transporte extraurbano, cuyo fin primordial es darle la mayor seguridad a los usuarios y evitar accidentes con saldo de heridos y fallecidos.

El año pasado se impusieron 491 multas, de ellas 413 por sobrecarga e incremento de tarifa, 32 por no contar con el registro autorizado, 46 por falta de seguro; en este último la multa es de Q15 mil. El monto total de las multas fue de Q3 millones 47 mil 500.

¿Los operativos de control han dado buenos resultados?

Han sido exitosos en comparación con 2017, pues se ha logrado reducir el número de accidentes en el transporte extraurbano y de turismo, ya que el objetivo es proteger al usuario. Cuando se han localizado unidades en mal estado no se ha permitido su circulación, y los pasajeros son trasladados a la población más cercana, o bien que aborden otra unidad, a veces se molestan, pero se les hace ver que es por su seguridad.

Perfil

  • Luis Fernando Villegas Negreros tiene una licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y es abogado y notario, de la Universidad Mariano Gálvez.
  • Maestría en Gestión Pública y Liderazgo, en Escuela de Gobierno. 
  • Laboró como administrador de Planificación y Logística de la Presidencia de la República; subdirector de Educación y Capacitación Estratégica. 
  • Jefe dentro de la Gerencia de Seguridad Estratégica de Cementos Progreso, entre otros.
Gustavo Villagrán
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