Lo ordenado por el Juzgado Quinto de Trabajo y Previsión Social, constituido en Tribunal Constitucional de Amparo, no podía ser más claro y directo. Lo resuelto se resume así: que el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) deponga las medidas de hecho inmediatamente después de que sea notificado.
El emplazamiento que dicta el Tribunal viene acompañado de la advertencia de que, en caso de incumplimiento, se certifique lo conducente ante el Ministerio Público (MP), “para lo que haya lugar”. La disposición es antecedida por otra del Juzgado Décimo Segundo de lo Civil, en la cual insta al STEG a abstenerse de bloquear calles, tomar escuelas o suspender clases.
En una nación donde el sistema de justicia impera, el primer aviso era suficiente para forzar la presencia de los maestros a las aulas, incluso de aquellos presuntos docentes que tienen tomada la Plaza de la Constitución. Sin embargo, se necesitó un fallo más preciso, que demanda la suspensión de la huelga y el retorno inmediato de agremiados y no agremiados a las escuelas e institutos.
Ambas acciones, presentadas por el Estado a través de la Procuraduría General de la Nación (PGN), exponen la reiterada violación de los derecho de niños y jóvenes a acceder al conocimiento. Fuera del compromiso asumido por el STEG en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo a asegurar un mínimo de 180 días continuos de cátedras.
Dejando de lado la imperiosa necesidad de que los estudiantes no frenen sus ciclos de estudios. Que avancen en sus niveles académicos, es imperdonable que, por cualquier motivo o circunstancia, los maestros incumplan su sagrada misión de enseñar. No existe una explicación lúcida y consciente que justifique impedir el desarrollo intelectual. Defender estos daños irreversibles con retóricas anodinas ofende el intelecto de los guatemaltecos y resta credibilidad al movimiento.
Deponer las medidas de hecho es parte de lo ordenado por el Tribunal Constitucional de Amparo. Proceder contra los faltistas es lo que se espera en un país donde el sistema de justicia responda al bien común.
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