Autoridades de Gobierno decretaron un nuevo estado de prevención en cinco departamentos del país para continuar con las acciones que permiten evitar ataques contra las autoridades civiles por parte de maras o pandillas.
La medida tendrá una vigencia de 15 días y entró en vigor hoy luego de su publicación en este diario, decreto gubernativo 7-2026.
Los departamentos de Guatemala, Izabal, Escuintla, Huehuetenango y San Marcos están afectos a dicha medida.
La observancia persiste, a decir de las autoridades, ante la necesidad de mantener un marco jurídico que permita ejecutar las acciones excepcionales necesarias por parte de las fuerzas de seguridad en los departamentos en los que hay centros de detención o son fronterizos.
El objetivo del nuevo estado de prevención es dar continuidad a las acciones extraordinarias que se ejecutan con el fin de prevenir acciones contra las fuerzas de seguridad y la población, garantizando así el orden público y la seguridad de los ciudadanos.
Como lo establece la Ley de Orden Público, el Ejecutivo puede tomar acciones como limitar celebraciones y manifestaciones públicas, disolverlas por la fuerza, e incluso prohibir la circulación o estacionamientos de vehículos en lugares, zonas u horas determinadas e incluso impedir salidas entre departamentos.
También establece que estas acciones van dirigidas únicamente a las personas que infringen la ley, no a los ciudadanos que con su trabajo contribuyen con el desarrollo del país.
El decreto señala que como parte del estado de prevención el Ejecutivo podrá decretar las siguientes medidas:
- Limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones al aire libre u otros espectáculos, y en su caso, impedir que se lleven a cabo.
- Disolver por la fuerza sin conminación alguna, cualquier grupo, reunión o manifestación pública en la que se hiciere uso de armas o se recurriere a actos de violencia.
- Prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas y horas determinadas, impedir su salida de poblaciones o someterlos a registro.
Además, especifica que esas medidas no pueden ser incompatibles con lo que establece la Constitución Política de la República y las obligaciones que impone el derecho internacional en las condiciones siguientes:
No deben generar discriminación alguna por motivos de etnia, sexo, idioma, religión u origen social.
No representarán limitación alguna para la presentación o interposición de garantías judiciales indispensables.
La medida finalizará el próximo 20 de mayo, a la espera de que las autoridades lo vuelven a extender por un período igual de 15 días o ya no de forma definitiva.
Con información de AGN
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