Cuando el sistema de justicia desde sus entrañas manifiesta incoherencia, oscuridad y alimenta la polarización, es difícil enfrentar al crimen organizado en sus distintas modalidades, al igual que a la delincuencia común, en particular si la acusación es débil o inconsistente.
Aun así, el Ministerio de Gobernación (Mingob), dirigido por Marco Antonio Villeda, ha marcado diferencia, con golpes permanentes a las estructuras criminales.
No escapa al conocimiento de nadie que las enormes fisuras en el entramado judicial, por compadrazgos, latrocinio o manipulación de las leyes, permiten a los delincuentes retornar a las calles, incluso en pocas horas, para seguir su accionar perverso contra la sociedad, las instituciones y los derechos humanos de la población honrada.
Pese a esta realidad, las autoridades del orden público civil no cesan en su lucha por frenar la criminalidad en el país, mediante distintas estrategias.
Tras seis meses al frente de la cartera del Interior, Villeda ha consolidado acciones que debilitan los esquemas de los principales actores ubicados en oposición a la legalidad.
Las cifras son contundentes: 6 mil 779 kilos de cocaína incautados, 2.6 millones de matas de marihuana erradicadas, 28 extraditables capturados y Q2 mil 351.8 millones de bienes expropiados al narcotráfico son algunos de los rubros en los cuales los resultados permiten dimensionar el trabajo para frenar y diezmar a las bandas ilícitas.
Este desafío, por supuesto, implica la unión del Mingob con la cartera de la Defensa, liderada por el ministro Henry Sáenz.
La fusión da frutos, pese a que existe reticencia en algunos estamentos cuyo objetivo es dividir y multiplicar el mensaje de que no se hace nada.
Sin embargo, la estrategia basada en coordinación interinstitucional, control territorial y acciones preventivas muestra reducción de la tasa de homicidios a 16.4 por cada 100 mil, que es la segunda más baja en los últimos tres años, mientras que en 2024, fue de 16.
En el semestre cumplido desde la llegada de Villeda al Mingob, se contabilizan 24 mil 776 aprehendidos y 2 mil 233 armas de fuego decomisadas. El objetivo de sacar de las calles a los criminales es palpable; la otra parte, mantenerlos fuera de circulación con sentencias acordes a la gravedad de los cargos imputados, le corresponde al Ministerio Público y al Organismo Judicial.
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