EDITORIALES
Se retoma el control pacíficamente
Las fuerzas de seguridad comenzaron ayer el despliegue en los municipios Ixchiguán y Tajumulco, San Marcos, de mil 500 militares apoyados por 500 efectivos de la Policía Nacional Civil, acompañados de funcionarios de diversas instituciones para garantizar que todas las acciones
estén dentro del marco de la Ley y el respeto a los derechos humanos.
Es de resaltar que en la primera jornada en el campo se retomó el control del lugar pacíficamente, un operativo que recibió un amplio apoyo por parte de los vecinos de ambas jurisdicciones, quienes están volviendo a sus actividades cotidianas de forma normal.
Los elementos comenzaron a incursionar en la zona con vehículos artillados y blindados, la medianoche del miércoles, con la consigna de resguardar la seguridad de la población.
Todo ello es parte de las medidas adoptadas, amparadas en el estado de sitio decretado por el presidente Jimmy Morales en Consejo de Ministros el 11 de este mes y avalado por el Congreso el lunes, el cual tiene 5 objetivos: 1) erradicar los cultivos de amapola; 2) detener a los pobladores que cometan delitos; 3) decomisar los fusiles y armas ilegales y destruir trincheras y refugios; 4) restablecer los sistemas de salud, educación y agua potable, y 5) el retorno a sus viviendas de los pobladores desalojados durante el conflicto.
Ambas circunscripciones mantienen un litigio que se inició en 1933, cuando Ixchiguán fue elevado a categoría de municipio, pero en el instrumento legal emitido en esa ocasión no se definieron con claridad los límites con Tajumulco.
No obstante, la presencia de estructuras, como trincheras, búnkeres y parapetos, además del uso de armamento de grueso calibre, hizo que las instituciones de inteligencia civil y castrense establecieran que grupos de narcotraficantes estarían detrás del conflicto desatado la semana pasada en el lugar.
En tal sentido, una de las primeras cosas que harán es la erradicación de 5 millones de matas de amapola que se han detectado en por lo menos 6 puntos.
Luego, como bien lo reconoció el mandatario, el desafío es atender a estos guatemaltecos que ahora van a necesitar del apoyo del Gobierno con programas de alimentos, ayuda económica y asistencia técnica en los próximos meses, para que puedan sustituir el cultivo de esta droga por siembras legales que les permitan vivir de manera digna.
En el Congreso soplan nuevos aires. Se sienten otras sensaciones. Hay diputados que se resisten a ser instrumentos del pacto de corruptos y se les ve dispuestos a velar por el bien común. En fin, el Parlamento parece reinventarse. Y la ciudadanía lo está notando.
La primera señal puso en su sitio a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La mayoría de legisladores hizo valer su determinación de aumentar la inversión social y volvió a aprobar un decreto anulado por el máximo tribunal del país. Con más votos. Similar ejercicio ocurrió con la Ley de Clases Pasivas del Estado, que contiene mayores beneficios para los jubilados, en su mayoría personas de la tercera edad.
Hoy, los dignatarios cierran filas a favor de las fuerzas civiles de seguridad. Un sector sobre el que pesa un prejuicio injusto, que ha invisibilizado muchas de sus necesidades y escamoteado sus derechos.
Ahora este organismo encamina una reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil (PNC), creada hace 27 años. Una iniciativa humana, que efectivamente pretende dignificar la labor de los agentes.
Por ejemplo, el anteproyecto contempla cambios en el régimen de Previsión Social Complementario, que incluye apoyo a las viudas e hijos menores de edad que perdieron a su progenitor durante la prestación del servicio. Además, se promueve asistencia especial a personal que haya quedado discapacitado por el cumplimiento de su deber.
De igual manera, proyecta mejoras salariales, un régimen más equitativo de escalafón y pone especial énfasis en el auxilio póstumo, así como maximiza la atención médica, la cual se extiende a padres, cónyuges y descendientes menores de 18 años.
Sin duda, el mundo cambia mucho después de 27 años y nuestras normativas deben estar a la altura, sobre todo en materia se seguridad ciudadana. Lo bueno es que en el Congreso soplan nuevos aires. Se sienten otras sensaciones y el ciudadano lo sabe.
En ocho meses las fuerzas de seguridad del país, comandadas por el Ministerio de Gobernación, han puesto de manifiesto que el gobierno del mandatario Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, tiene entre sus prioridades combatir el tráfico de drogas y todo lo relacionado al trasiego de estupefacientes químicos.
Por décadas Guatemala ha sido un territorio frágil para los grandes cárteles que han encontrado en nuestras rutas, vías libres para transitar como Pedro por su casa. Hoy, hay un compromiso implacable de luchar contra este flagelo.
Como muestra es que en pocos meses la actual administración ha doblado esfuerzos por tierra, aire y mar, hasta lograr resultados mucho más contundentes en decomisos. Las cifras proporcionadas por la cartera de Gobernación, dirigida por Francisco Jiménez, dan cuenta que el incremento de las incautaciones ha sido de un 210 por ciento hasta el 8 de septiembre, con respecto a la misma fecha del año pasado.
Desde luego que para conseguir estos resultados ha sido necesaria una articulación interinstitucional con el Ministerio de la Defensa y otras entidades, además de una implementación de programas de capacitación y apoyo contínuo a la Policía Nacional Civil.
Sobre los números, en 2023 se había decomisado 3 mil 474 kilogramos de cocaína, mientras que a 2024, el volumen fue de 10 mil 777.96 kilogramos. En términos de valor, equivale a 1 mil 107 millones, 346 mil 471 quetzales.
Pero no solo este alcaloide ha sido blanco de nuestras fuerzas públicas de seguridad. Los resultados también se ven en metanfetamina, aeronaves y embarcaciones confiscadas, además de armamento y capturas de implicados.
Es oportuno elogiar ese esfuerzo y profesionalismo que los agentes de seguridad han puesto en cada acción que emprenden para evitar que la droga llegue a sus destinos, principalmente Estados Unidos y Europa.
Se han redoblado esfuerzos en todas las líneas fronterizas con nuestros vecinos, El Salvador, Honduras y México, además de mantener una coordinación muy cercana con los respectivos gobiernos, incluyendo Colombia, desde donde procede la mayor cantidad de la droga que pisa suelo guatemalteco.
No fue casual. Es claro que hubo una coincidencia de pensamientos. Exactamente en dos puntos, aunque compartieron una tercera visión: crear instituciones decentes. La clave es, parafraseando el Himno Nacional, evitar que los corruptos sigan escupiendo en la faz a Guatemala. Con absoluto descaro y total impunidad.
Lo cierto es que la conmemoración de la independencia de España permitió a los presidentes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial hacer sus reflexiones sobre el pasado, presente y futuro del país. Aunque
pareciera algo obvio, por la gesta ocurrida en 1821, los continuos llamados a la independencia de los Poderes del Estado no fueron casuales. Tenían un propósito y varios destinatarios.
Lo mismo sucedió con las exhortativas compartidas para que se impulse una elección de Cortes decentes, alejadas del grupo de mafiosos que logró cooptar el sistema de justicia, con el cual se garantiza inmunidad, pese a la dimensión de sus saqueos.
En ese marco, llamaron la atención las palabras del máximo jefe del Organismo Judicial (OJ), Oscar Cruz, el único de los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que no busca ser reelecto en el cargo. Integrar el OJ es un gran reto y un gran desafío.
Él como la mayoría de guatemaltecos, entiende el énfasis, y lo complicado que se presenta el panorama para garantizar tribunales imparciales. Que persigan los crímenes, no las ideas.
Un régimen republicano. Democrático. Representativo, fueron los términos priorizados por Nery Ramos, presidente del Parlamento, para quien la independencia, soberanía y libertad son tesoros invaluables, aunque, de momento, incompletos. Mancillados por fiscales, jueces y magistrados que se niegan a depurarse.
El evento habría sido desaprovechado si no se reiteran las exigencias de los guatemaltecos en torno a romper los lazos de corrupción. En este combate, el referente es el jefe de Estado, Bernardo Arévalo, para quien el robo es la antítesis de la independencia. El que mantiene las viejas y duras cadenas. Que, de momento, impiden que ondee libre al viento la hermosa bandera.
