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Política pública indígenae interculturalidad

Chomanem

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Juan Everardo Chuc Xum
Experto titular Grupo de
Trabajo (Dadin) OEA
[email protected]

Guatemala pluricultural e intercultural en proceso, porque aún estamos sin reforma constitucional que fundamente el carácter social real del país, y sin instrumentos legales y específicos de gobiernos que orienten procesos institucionales de atención a la diversidad cultural y al combate a las desigualdades históricas que sufren los pueblos mayas, xinkas y garífunas.

Según la Encovi 2023, el 75 % al 75.3 % de la población indígena vive en situación de pobreza, y el 29.8 % se encuentra en pobreza extrema; significando las estadísticas incumplimiento de los derechos humanos y un sistema político antidemocrático. Por lo anterior, me parece una buena iniciativa del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Cultura y Deportes retomar el trabajo sobre la construcción de la Política Pública de Pueblos Indígenas e Interculturalidad con el propósito de contar con un instrumento legal que contribuya en mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas y cultivar la convivencia armónica entre las culturas establecidas en el país; una labor al concepto de interculturalidad. 

La lucha histórica del pueblo maya ha logrado intervenir en algunos espacios políticos, por ejemplo, en la creación del Gabinete de Pueblos Indígenas e Interculturalidad en el gobierno de Pérez Molina; órgano que permitió la promoción de la Política Pública de Pueblos Indígenas e Interculturalidad desde el 2014 y la propuesta de Política Pública se obtuvo en 2018. 

Dicha Política se edificó de manera participativa, en consensos y con recursos financieros públicos. Asimismo, en el 2021 el instrumento fue sometido nuevamente a consulta con líderes y autoridades indígenas y, aun así, no ha sido posible su aprobación. Ojalá que este nuevo intento logre propuesta final y sobre todo la aprobación del presidente Bernardo Arévalo, por lo que creo que la coordinación actual de la formulación de la Política Pública debe considerar la propuesta actualizada desde hace cinco años para avanzar en el instrumento último.  

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