Los llamados del Gobierno en cuanto a que el Congreso de la República, el Organismo Judicial (OJ) y el Ministerio Público (MP) contribuyan de mayor manera al control de las maras sigue tomando más fuerza, luego de que analistas y expertos en seguridad ciudadana coincidieran, junto al clamor popular, en que esas entidades tienen en sus manos la implementación de medidas que evitarían la impunidad con que actúan esas bandas delictivas.
Como lo ha advertido el Ministerio de Gobernación (Mingob) en las últimas semanas, la lucha contra las pandillas no es una responsabilidad exclusiva del Ejecutivo, sobre todo porque implica decisiones que, legalmente, corresponden a otras instituciones.
Por ejemplo, el titular del Mingob, Francisco Jiménez, ve oportuno reformar la Ley del Sistema Penitenciario, con el propósito de facilitar regímenes de aislamiento severos que permitan someter a reos de alta peligrosidad. También le requiere más firmeza al OJ, cuando le toca definir la libertad de pandilleros que han cometido delitos graves o ingresan de manera continua a los presidios.
Al momento de argumentar su explicación (25 de mayo de 2025), Jiménez citó la detención de cinco reincidentes; uno con 28 antecedentes y una que registraba 22 ingresos a la cárcel.
Las exhortativas, que alcanzan al MP, llegan luego de que las autoridades del Mingob resolvieran con éxito dos amotinamientos en los que se secuestró a 11 guardias del Sistema Penitenciario (SP). Después de algunas horas de rebelión, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) tomaron el control, tras someter a los violentos. Ayer mismo, los cinco cabecillas del movimiento fueron trasladados a Torre de Tribunales, donde se les abrirán otros procesos penales.
Un día después de estos actos de sedición, exministros de Gobernación, exdirectores de la PNC y expertos en seguridad ciudadana advirtieron que el esfuerzo del Ejecutivo siempre será incompleto si diputados, jueces y fiscales no asumen los papeles que la Constitución Política de la República les asigna, algunos de los cuales ya fueron expuestos, y que, valga reiterar, únicamente requiere un compromiso verdadero con la seguridad ciudadana, la propiedad privada y el comercio libre de bandas de extorsionistas.
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