Es preciso enmendar el camino y depurar lista de candidatos al TSE

Treinta y dos palabras y un mensaje en X bastaron para causar un sismo político en el país. El contundente texto del Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, John Barrett, contra la decisión de la postuladora a cargo de seleccionar la nómina de 20 candidatos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) aumentó la indignación social contra un proceso cuestionado de principio a fin. El pronunciamiento de Barrett genera también pena ajena, por las alusiones directas y claras contra cuatro representantes titulares ante la comisión postuladora para elegir aspirantes al TSE: “Las autoridades universitarias”; es decir, los rectores Walter Mazariegos y Mynor Augusto Herrera, así como los decanos Henry Manuel Arriaga y Donald González. Lo cierto es que el aviso de Barrett colmó la paciencia ciudadana, sobre todo esos ocho términos en los cuales afirma: “Abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes”, en relación al listado de donde saldrán los cinco magistrados titulares y cinco suplentes para el referido tribunal, responsable de los dos próximos procesos electorales generales. Aunque la preocupación es generalizada e incluye a sectores propensos a mirar a otro lado cuando se trata de depurar el sistema de justicia y los órganos constitucionales, llama la atención la falta de compromiso del Congreso, responsable de escoger a los nuevos funcionarios. Luego de alguna amenaza de accionar legalmente, que al cierre de este editorial no se había concretado, se hace necesario que la mayoría de los parlamentarios asuma papeles decorosos, que como mínimo los inhiba a votar por algunos de los nominados.

Adicionalmente, ha surgido la discusión en cuanto a que el artículo 28 de la Ley de Comisiones de Postulación le otorga a legisladores y a cualquier ciudadano potestades para impugnar las candidaturas, como ya hicieron un par de organizaciones. Como se menciona al comienzo, este fue un proceso planificado, que implicó retrasos injustificados, y obvió puntos clave como las entrevistas, aduciendo falta de tiempo. Además, permitió la polémica designación de un comisionado e irrespetó principios básicos sobre idoneidad, honorabilidad y capacidad, sin olvidar el poco tiempo que llevó la elección de los 20 aspirantes (90 minutos máximo). Rectificar lo actuado es lo procedente, por dignidad y respeto hacia un pueblo que exige autoridades honradas y comprometidas con el país. Además, es la advertencia necesaria para que las otras postuladoras se abstengan de incluir personajes poco o nada honorables y con vínculos criminales