La expresión popular de que la justicia es ciega es tan profunda y clara que no deja lugar a dudas en cuanto al mensaje que conlleva. En pocas palabras, esa expresión significa que el sistema no distingue personas. Que se aplica de manera equitativa y mide con la misma vara. Que es imparcial y objetiva.
Esa equidistancia o imparcialidad a la que alude dicha sentencia es observada por los ciudadanos, quienes forman sus criterios cuando ven el accionar de las instituciones encargadas de imponer el Estado de derecho en el país.
La ecuanimidad en la persecución penal es tan necesaria como justa y evidente. De esa cuenta, y por respeto a sus investiduras, fiscales, jueces y magistrados no solo deben hacer gala de ello, sino alejarse de las influencias internas y externas que siempre acompañan los procesos, en especial aquellos de alto impacto.
El trabajo periodístico que presenta el Diario de Centro América (DCA) en sus páginas 2 y 3 de esta edición, un ejercicio consagrado en la Constitución Política de la República y en la Ley de Emisión del Pensamiento, permite plantear la interrogante si el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ) están siendo objetivos y equitativos al juzgar algunos acontecimientos.
La comparación con otras manifestaciones, incluso algunas en las que agredieron a policías, bloquearon carreteras, quemaron edificios públicos o violentaron la propiedad privada, no ha sido objeto de persecución y tampoco ha ameritado órdenes de captura, como sí sucedió con la protesta que los 48 Cantones lideraron con el fin de evitar que se irrespetara la voluntad popular expresada en las urnas.
La neutralidad que debe conducir el trabajo del MP y OJ genera mayores dudas cuando los casos citados pasan la revisión de abogados y constitucionalistas. Incluso, hay juristas que emiten criterio y advierten que la acusación de terrorismo, uno de los cinco delitos que se le imputan a los exdirigentes indígenas, busca generar temor en la sociedad. Bloquear su accionar e infundirle miedo.
Estos expertos se preguntan: ¿cómo puede existir terrorismo sin el uso de armas o explosivos?, o ¿cómo se puede atentar contra la estabilidad de una nación cuando se exige combatir la corrupción? En fin, la incógnita que precisamos responder es si la justicia sigue siendo ciega o si el sistema ya tomó partido y perdió el equilibrio.
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