ECONÓMICAS
Buscan llevar energía a más hogares
Instituto Nacional de Electrificación (INDE), hacer una evaluación económica.
El MEM trabaja en un censo en los departamentos con menos cobertura, con lo que prepara las bases para más proyectos rurales.
La cobertura eléctrica es una de las prioridades entre los proyectos del actual gobierno, y después de la aprobación de la Política de Electrificación Rural y el Plan de Electrificación Rural, en 2020, para este año la meta del Ministerio de Energía y Minas (MEM) es concluir con un censo en los 10 departamentos del país con los índices más altos en falta del servicio.
El proceso censal comenzó en enero, en Alta Verapaz y Petén, por ser los dos departamentos con menos cobertura, 50% y 75%, respectivamente, donde el estudio ya ha finalizado. Actualmente se desarrolla en Chiquimula y Baja Verapaz, donde ya se tiene avances, y también ha empezado en Quiché e Izabal, informó Manuel Arita, viceministro del MEM encargado del sector energético.
“Nuestra meta es realizar este año el censo en los 10 departamentos priorizados, donde hay alrededor de 320 mil hogares sin energía eléctrica, lo que representa el 81% de los hogares en todo el país que no cuentan con el servicio”, manifestó el funcionario.
Foto: Herbert García/ DCA
De acuerdo con la planificación, expuso Arita, una vez concluido el censo, el siguiente paso es, junto al Instituto Nacional de Electrificación (INDE), hacer una evaluación económica de los hogares y un estudio sobre la capacidad de la red de distribución.
88.91
por ciento es la actual cobertura de servicio energético.
Seguidamente, el INDE y la empresa distribuidora se encargarán de diseñar la red necesaria para llevar el servicio a las familias. Con esta información, se solicitará el presupuesto para los proyectos, los cuales, según el plan, se ejecutarán en 2022 y 2023, detalló el viceministro.
Financiamiento
Los proyectos serán financiados con el presupuesto del INDE. Sin embargo, también se espera que el Congreso apruebe un crédito, por US$120 millones, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El fondo del BID estará destinado al Programa de Infraestructura para la Electrificación Rural, el cual se contempla ejecutar en 5 años en comunidades de Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango y Petén, donde favorecerá a no menos de 60 mil familias. En una primera fase, que finalizó en 2016, se benefició a 36 mil familias, según el banco regional.
Actualmente la cobertura eléctrica nacional es de 88.91%, y aproximadamente 412 mil familias carecen del servicio. “Estamos haciendo todos los esfuerzos para cerrar la brecha”, resaltó Arita.
Prioridad
El Plan de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas prioriza los 10 departamentos con más baja cobertura: Alta Verapaz (50%), Petén (75%), Baja Verapaz (76%), Quiché (79%) e Izabal (80%). También Chiquimula (81%), Huehuetenango (81%), Jalapa (87%), Zacapa (88%) y San Marcos (90%).
El servicio se llevará mediante la red de distribución, y para las comunidades muy alejadas se llevará energía solar por un período de entre 5 y 10 años, mientras llega la red convencional, afirmó el viceministro del MEM, Manuel Arita.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) organizó el tercer foro de vivienda, un encuentro para abordar el déficit habitacional en Latinoamérica, que reunió a autoridades de Paraguay, Guatemala, República Dominicana, Panamá, El Salvador y Argentina.
En un panel sobre la materia, la jefa de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID, Tatiana Gallego, dijo que “América Latina y el Caribe tienen un rezago de casas dinámico, que desde el BID calculamos que afecta al 45 por ciento de la población”. Esta cifra es más importante desde un punto de vista cualitativo que cuantitativo, señaló.
“Estimamos que un 95 por ciento, más o menos del total, es de calidad y, además, muy urbano, porque más del 80 por ciento de la población vive en ciudades”.
Erick Hernán Rosales, viceministro de urbanismo del país, lo cifró en un 69 por ciento, mientras que la viceministra de República Dominicana, Vivian Reyes, lo elevó al 70 por ciento y mencionó la difícil burocracia como otro impedimento en la reducción de la falta de residencias.
El Comité de Usuario de Datos Abiertos fue relanzado ayer por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), como un espacio de diálogo social con participación de centros de pensamiento, universidades y medios de comunicación, que utilizan la información que la cartera ofrece.
Esta instancia ya fue establecida legalmente y la idea es que comiencen a activar conversaciones para mejorar la oferta que tienen en datos abiertos. Uno de sus objetivos será que en este semestre se haga un rediseño y actualización del portal, a partir de esa retroalimentación.
Carlos Augusto Melgar, viceministro de Finanzas Públicas, explicó que la oferta de datos del ministerio es variada, pero, principalmente se concentra en presupuesto y ejecución. También hay muchas solicitudes de proyectos de inversión y en contrataciones públicas.
Jorge Lavarreda, investigador asociado del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), vio como positivo el retomar este espacio, que se había dejado de convocar a la sociedad civil y destacó que la idea que les manifestaron es tomarles en cuenta sus opiniones y mejorar la auditoria social.
“Algunas de las recomendaciones que se hicieron fueron las que iban en la línea de generar información en espacios que hoy no se incluyen, como las metas físicas y objetivos que se planifican y sobre todo tener una mayor vinculación entre los datos financieros y los resultados”, agregó el académico.
Una de las obligaciones que tiene la cartera es optimizar la disponibilidad de datos en los ámbitos fiscales, para que cualquier persona pueda conocerla, así como organizaciones
sociales, centros de investigación y periodísticas tengan fuentes fidedignas.
ECONÓMICAS
Restaurantes se quejan por alzas
Verduras, lácteos, carnes y frutas son más caras, aseguran los empresarios.
El sector de restaurantes de tenedor, que aporta alrededor de 4.5 por ciento al producto interno bruto, reconoció ayer que no pasa por su mejor momento. Estos negocios se han visto afectados por los incrementos de los insumos que componen sus platos de comida. Al menos, así lo afirmó ayer Abraham Az, presidente de la Gremial de Restaurantes.
Están molestos por las alzas en vegetales, carnes, lácteos y verduras. Algunos productos
han subido entre un 40 y 50 por ciento. La culpa, dice el empresario, está en los costos del
transporte.
Según Az, el gremio dialoga con la cadena productiva, a fin de ver cómo evitar mayores alzas de sus ingredientes básicos, y no caer en crisis.
Escasez de empleados
Los empresarios manifiestan que, al igual que el sector construcción, en la industria restaurantera también hay déficit de trabajadores. Les cuesta encontrar personal, pues este año ha habido más migración hacia Estados Unidos.
Para suplir el faltante de colaboradores, han hecho alianzas con el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) para reclutar obreros especializados en esta rama productiva. “Ahora debemos ser más ingeniosos, no podemos trasladarles el costo a los consumidores porque dejarían de llegar. Aún no hay cierres, estamos resistiendo e innovando, pero de mantenerse así, pueden elevarse los costos de ir a comer fuera de casa”, concluyó el presidente de la Gremial.
