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EDITORIALES

Asisten a población afectada por canícula

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La base de la economía de las zonas rurales del país es la agricultura, pero esta se halla expuesta a los cambios de clima, como inundaciones por exceso de lluvia o sequías por falta de esta. Cuando la agricultura se ve afectada por algún evento climático, los campesinos y sus familias son los que llevan la peor parte, pues sin cultivos no hay economía que los sustente.

Considerando esta vulnerabilidad, especialmente la de las poblaciones ubicadas en el llamado Corredor Seco, el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan) atiende a los núcleos familiares que sufren la pérdida de sus cultivos, brindándoles asistencia humanitaria directa y recursos para reacondicionar sus tierras para la nueva cosecha.

Este año la canícula fue prolongada e intensa, por lo que se perdieron más de 180 mil héctareas de cultivos, lo que según los cálculos de Conasan significa una pérdida de casi 700 millones de quetzales.

No menos de 1.5 millones de personas que viven en municipios de los departamentos de  Jutiapa, Santa Rosa, Baja Verapaz, Zacapa, El Progreso, Jalapa, y Chiquimula han sido afectadas en algún grado, aunque los más golpeados son los grupos familiares en condiciones de infra y subsistencia.

Según la definición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la seguridad alimentaria nutricional se define como “el derecho a tener acceso físico, económico y social, oportuno y permanente, a una alimentación adecuada en cantidad y calidad, con pertinencia cultural”.

Por ello, el Gobierno ha dispuesto buscar espacios presupuestarios por 600 millones de quetzales, para que las entidades encargadas de atender esta emergencia puedan operar y proveer de los recursos necesarios a los pobladores de las zonas afectadas.

Para brindar ayuda inmediata a las familias que perdieron sus cultivos, los ministerios de Desarrollo y de Agricultura, Ganadería y Alimentación disponen de 38 millones de quetzales, destinados para la compra de alimentos y mitigar las necesidades inmediatas.

El Estado atiende esta emergencia, pero también trabaja en la readecuación de cultivos, sistemas de riego y mejoramiento de las condiciones de vida de estas zonas y para ello desarrolla proyectos de distribución de agua, alcantarillado e instalación de electricidad.

Redacción DCA
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EDITORIALES

Un Plan de Gobierno que empieza a cambiar vidas

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Cuando se revisa el Plan de Gobierno 2024-2028 del Partido Movimiento Semilla, que llevó a la presidencia a Bernardo Arévalo, se advierte que cada meta cuantifica inversiones y la cantidad de obras que se ejecutarán. Esta guía, tan precisa y transparente, tiene sus ventajas y perjuicios. Sobre todo, cuando toca rendir cuentas.

Lo cierto es que el documento no es un listado de buenas intenciones. De propósitos incuantificables. Al contrario, son objetivos medibles. Metas exactas. Por ejemplo, en materia habitacional, la agrupación se propuso disminuir el déficit de viviendas y mejorar el acceso a servicios públicos básicos, a fin de llevar bienestar a las familias.

Al objetivo se le puso el cómo y el cuánto, algo de lo que han carecido anteriores propuestas. El Plan de Gobierno 2024-2028 de Arévalo y Karin Herrera destaca que se impulsarán “formatos financieros” que permitan acceder a residencias dignas. La semana pasada se creó el programa Mi Primera Casa y, ayer, se entregó el primer inmueble a la familia Méndez, que residirá en Ciudad Quetzal.

Dicha iniciativa comienza con un capital revolvente de 750 millones de quetzales, que se ampliará a 4 mil millones en lo que resta de gestión. Además, el Ejecutivo asume el compromiso de subsidiar 10 mil casas durante su administración. 

Según el jefe de Estado, en dos días han recibido más de 1 mil 200 solicitudes de créditos. Cifra que se explica ante la ausencia de proyectos residenciales gubernamentales probos, pese a la creciente demanda de estas construcciones. De hecho, por primera vez en 94 años, el Crédito Hipotecario Nacional (que se fundó el 4 de diciembre de 1929) sufraga un plan habitacional de esa magnitud.

Para concluir lo que se contempla en el plan de trabajo de Arévalo y Herrera, a fin de mejorar las condiciones de vida en los hogares de las familias más necesitadas, conviene referir que se destinarán 650 millones de quetzales para ampliar del 88 al 95 por ciento la cobertura de agua potable y 7 mil 100 millones para el acceso universal a energía eléctrica.

En fin, metas cuantificables. Objetivos medibles. Proyectos que buscan el bienestar general, la generación de empleo y la certeza de que cuando la decencia impera, el dinero alcanza.

Editor DCA
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Hoy, el Gobierno tiene las llaves de los presidios

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Es la triste realidad que afrontaba el Sistema Penitenciario (SP), una institución que estaba en poder de los reos, quienes imponían las reglas y condiciones. Dentro y fuera de los presidios. Suena vergonzoso, y lo es. Increíble, pero así era. Parece cuento, burla o chanza.

Lo anterior explica lo expresado por el presidente Bernardo Arévalo, a quien ayer se le entregó el Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación I, ubicado en Escuintla. El primero de los que el Gobierno tiene contemplado transformar, con el objetivo de quitarle las llaves a los privados de libertad.

La historia de esta y otras penitenciarias se escribe con sangre y vergüenza. Sangre de quienes fueron asesinados mediante planes fraguados desde las prisiones. Vergüenza ajena, que se reparte entre las autoridades anteriores, incapaces o cómplices de los desgobiernos, de estos espacios en los que se extorsionaba y se vendía drogas.

Como bien lo manifestó el mandatario, este era un refugio permanente e impenetrable. Un cuartel general donde los delincuentes perpetuaban sus negocios, irónicamente,  mientras cumplían su condena.

Pero esto cambió. Hoy, el Organismo Ejecutivo no volteará la mirada mientras los criminales se roban el sueño y la tranquilidad de los guatemaltecos. 

Ahora, no mandará el más fuerte ni el más poderoso. Tampoco valen las influencias. Quien se atreva a corromper o corromperse se mantendrá en las cárceles, pero como un condenado más. Como corresponde a aquellos exfuncionarios y exgobernantes que lucraron, a los que la justicia algún día alcanzará. Tal vez no este año ni el otro, pero sí cuando el trabajo que hoy hacen personas honestas tenga sus efectos en la construcción de la nueva primavera.

Este nuevo concepto carcelario, que se consolida en apenas 10 meses de gestión, no deja nada al azar. Los controles son serios y vanguardistas e incluyen a los guardias, quienes estaban a expensas de los forajidos.

Parafraseando al jefe de Estado, las prisiones ya no serán centros del crimen. Esta vez se acabó El Infiernito. Llegó la Renovación I, un penal que marcará la diferencia. Que deja en los ciudadanos decentes las llaves que impedirán el regreso de un capítulo vergonzoso. Infame. Corrupto.

Colaborador DCA
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Los mil rostros de la corrupción

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Decía un antiguo maestro de periodismo que cuando se descubre un caso de corrupción basta rasgar un poco para que el excremento aflore. Salga a flote. Se evidencie.

Esto está pasando cuando se ha procedido a fiscalizar el uso de los fondos en la administración de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez. Una rápida revista del tablero digital llamado Los expedientes de la corrupción, que aglutina las querellas presentadas ante el Ministerio Público (MP) por presuntos saqueos al erario, cometidos entre 2020 y 2024, permite establecer que nueve de los 14 ministerios de Estado están bajo sospecha de peculado.

Y no por un caso. No. Hay carteras que registran 30 o 39 pesquisas sobre las 169 acciones trasladadas al ente investigador, cuyos resultados son tan invisibles como los fiscales a cargo. Una cosa más, las denuncias aludidas solo incluyen las presentadas por el actual Gobierno, no las divulgadas por la prensa, diputados y líderes de organismos e instituciones que velan por la transparencia, las que tampoco muestran grandes avances en los procesos.

Lo que se le debe reconocer a las anteriores autoridades es que sistematizaron los saqueos. Hicieron del robo una política de Estado. Eso explica la diversidad de los asaltos. Los mil rostros de la corrupción. La voracidad con la que actuaron, sabiéndose impunes, intocables.

Los dos casos presentados ayer por el comisionado presidencial contra la Corrupción, Julio Flores, y las autoridades respectivas de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y Ministerio de Salud, muestran las intenciones que movían los nombramientos y lo desalmado de los crímenes.

Además, el llamado caso Red Q es el primero en el que se evidencia la plena participación de Giammattei, quien, pese a lo resuelto por la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), dio su visto bueno para contratar, anómalamente, a Ernesto Quijivix, quien se aprovechó de sus cargos y conexiones para depredar las instituciones por las que pasó.

Hoy, también se confirma que este sistema de pillaje no tuvo escrúpulos. Sustrajo fondos públicos sin importar, como el caso del Hospital de Amatitlán, que ello implicara la bajeza de desabastecer de material médico-quirúrgico, fármacos e insumos a los guatemaltecos.

Editor DCA
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