Los diputados, en especial quienes integran bloques mayoritarios, dejaron pasar el período ordinario de sesiones sin aprobar la ley contra lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, normativa que atiende exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Ojo porque no enfrentamos un simple retraso legislativo, sobre todo cuando se expone al país a sanciones y el riesgo real de ingresar al listado gris.
Ante este panorama, las dudas son inevitables: ¿por qué tanta resistencia? ¿Quién gana tiempo con las maniobras parlamentarias? En las discusiones del martes pasado aparecieron enmiendas de “última hora” y argumentos relacionados con presuntos resguardos hacia pequeñas oficinas de abogados o contadores. La preocupación, legítima, merece análisis técnico, aunque introducir cambios improvisados y fuera de los consensos despierta sospechas.
Las advertencias pasadas y recientes son claras. Hace un par de semanas, la Superintendencia de Bancos y, ayer, los ministros de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y de Finanzas, Jonathan Menkos, alertaron sobre posibles efectos negativos en el envío de remesas, autorizaciones bancarias a terceros (tiendas, farmacias, cooperativas, etc.), acceso a créditos y calificación de riesgo país en caso de incumplimiento. El impacto alcanza a familias, pequeños empresarios y trabajadores migrantes, no solo al sistema financiero.
Lo vivido en las últimas semanas en el Organismo Legislativo trae a la mente viejas y recientes prácticas políticas. Dominio de intereses partidarios, presiones de algunos sectores empresariales o estructuras oscuras que frenan decisiones trascendentales para el desarrollo nacional. Es difícil entender el temor hacia la imposición de controles más estrictos frente a movimientos monetarios sospechosos o a evitar el blanqueo de capitales por el crimen común y organizado.
En este momento, el Estado depende de sesiones extraordinarias para concluir la aprobación por artículos y redacción final; sin embargo, el tiempo perdido envía un mensaje peligroso: Guatemala enfrenta trabas institucionales para combatir la corrupción y propiciar sistemas probos y éticos.
Es cierto, la democracia demanda debate y fiscalización, pero detener una normativa estratégica roza la irresponsabilidad cuando hay consensos establecidos. El Congreso tiene la oportunidad de autocorregirse. La nación exige una ley sólida, transparente y alineada con los estándares exigidos por GAFI. La estabilidad macroeconómica y el bienestar colectivo están en manos de 160 políticos que demandaron el voto a cambio de generar riqueza y bienestar. Hoy llega el tiempo de demostrar tal disposición.
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