EDITORIALES
Reconocimiento por sus 21 años
Los Acuerdos de Paz dieron lugar a cambios importantes en la política interna del país. Por ejemplo, se creó la Policía Nacional Civil (PNC), según lo apuntado en el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército. Y para cumplir con ello en el ámbito de la seguridad ciudadana, el 4 de febrero de 1997, el Congreso de la República da vida al Decreto 11-97, Ley de la Policía Nacional Civil, y de allí a la fecha han pasado 21 años de fortalecimiento, crecimiento y especialización de esta fuerza de seguridad del Estado.
Las antiguas Policía Nacional y Guardia de Hacienda fueron disueltas y, con un poco más de 2 mil miembros, comenzó a trabajar la PNC, que ahora suma casi 40 mil agentes, y que para finales de año sumará 3 mil 500 efectivos más, los que serán asignados a comandos especiales y estaciones departamentales.
El apoyo de la cooperación internacional fue factor importante para la formación y diseño de esta nueva fuerza de seguridad que debía responder a un nuevo orden político en el país, después del conflico armado interno que finalizó con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, en 1996.
La Guardia Civil española fue la encargada de dar soporte en el diseño y creación de la PNC, junto con el International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP), el cual dio instrucción en materia de investigación criminal; y en el tema de conocimientos en Derechos Humanos, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala (Minugua).
Fundamentados en los valores de honestidad, integridad, compromiso y vocación de servicio, la PNC trabaja las 24 horas del día, durante 7 días a la semana, los 365 días de cada año, para dar seguridad y protección a la ciudadania en todo el país.
Como objetivos estratégicos, la PNC se ha establecido: fortalecer los controles fronterizos, seguridad portuaria y aeroportuaria, combatir al crimen organizado y los delitos conexos, así como establecer e impulsar mecanismos de acción que contrarresten la delincuencia común.
El trabajo de la actual PNC va más allá del deber y la responsablidad, marcada en su ley de creación. El apoyo comunitario y el trabajo con la ciudadanía ha fortalecido la acción en la prevención y lucha contra el crimen común y el organizado, asimismo el trabajo interinstucional, como la labor contra el narcotráfico que trabaja junto al Ejército de Guatemala y el Ministerio Público.
Por todo esto y más, ayer se celebraron los 21 años de vida de este cuerpo de seguridad que cada día es más fuerte, más grande y más especializado, para bien de la seguridad
del país.
La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, y los magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC) se hicieron fama, nada prestigiosa por cierto, pero lejos de dormirse se mantienen despiertos para perseguir todo aquel movimiento que vaya contra sus
intereses o los de sus protegidos.
La reputación que tienen Porras y sus operadores cercanos, cierta o no, es reprobable, porque pareciera que van contra un pueblo que confió en nuevas figuras políticas para dirigir el país.
La insistencia del MP de revertir los resultados electorales es tan inexplicable como ridícula, tan solo comparable con los procesos abiertos contra cuatro integrantes de las comisiones que van a definir a los candidatos para el Organismo Judicial (OJ) y las Cortes de Apelaciones porque participaron en un encuentro de expertos.
La CC también continúa en su papel de defender lo indefendible, aunque ello atente contra las dependencias públicas y el bienestar de los guatemaltecos. Qué les importa, ellos tienen
claro a quiénes deben rendirle cuentas o pagarle facturas.
Lo cierto es que estas instituciones perdieron el recato, lo que colmó la paciencia de buena parte de la sociedad civil organizada y la comunidad internacional que ayer expresaron mensajes contundentes contra el proceder de fiscales, jueces y magistrados.
El manifiesto público lo suscriben 16 entidades extranjeras, que resume las preocupaciones que le plantearon a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que visitan Guatemala después de siete años de no haber sido invitados por el Gobierno.
En el comunicado, las organizaciones internacionales expresaron su profunda preocupación por el debilitamiento de la democracia y la situación crítica del sistema de justicia, en especial, por los abusos del MP y la reiterada protección que Porras le procura a las mafias y mafiosos.
Además, alertan a la CIDH para que inste a la CC a que se abstenga de boicotear el trabajo de las postuladoras. La reflexión final es que así como grupos internos y externos condenan las maniobras descritas, los compatriotas que se juegan su futuro y el de sus hijos están obligados a tener los ojos abiertos contra los despropósitos.
Como parte de un ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia, el Ministerio de Gobernación (Mingob) detalló algunos logros alcanzados durante el primer semestre de 2024, en el primero de los cuatro años para los que fueron electos el presidente Bernardo Arévalo y la vicegobernante Karin Herrera.
Entre los resultados más destacables del Informe de labores, por el impacto que tienen en el bienestar de los ciudadanos, la citada cartera refiere que la incidencia criminal bajó 10 por ciento, cuando se compara con períodos similares de 2022 y 2023. Además, registra una disminución del nueve por ciento en la cantidad de homicidios (la más baja en los últimos cuatro años), lo que se traduce en 111 vidas salvadas.
Adicionalmente, el 7 de febrero pasado no se reportaron muertes violentas en toda la república, mientras que en mayo del año anterior, 190 municipios, de los 340, no tenían homicidios. Además, entre los cómputos oficiales se distingue el combate contra estructuras criminales de alto
poder. Solo en las incautaciones de cocaína, el Ministerio de Gobernación (Mingob) alcanzó la suma de los decomisos de 2022 y 2023. Además, se contabillizan 634 detenidos por supuestos vínculos con el narcotráfico, entre quienes se incluyen nueve extraditables.
Otras estadísticas rescatables tienen que ver con el patrimonio de los guatemaltecos. Por ejemplo, se reporta que los asaltos y robos de vehículos cayeron un 23 por ciento, mientras que el despojo de motocicletas es un 7 por ciento más bajo. Los comercios denunciaron menos atracos y los saqueos en las residencias mantienen las cifras de 2023.
Otro golpe que resalta la cartera tiene que ver con la recuperación del Centro de Alta Seguridad Canadá, Escuintla, conocido como El Infiernito, desde donde se planificaban extorsiones contra individuos y empresas. Es importante señalar que con las mejoras se ha recuperado la institucionalidad e impuesto controles que facilitan una labor decente y proba en el Mingob, así como una efectiva relación con los comunitarios, quienes se han convertido en los principales aliados en esta lucha por la gobernanza. Para muestra, el recién habilitado Centro Anticorrupción de la Policía Nacional Civil (PNC).
En fin, el ministro Francisco Jiménez llega hoy al Pleno del Congreso con registros que muestran la construcción de un país más seguro, que se sobrepone a las confabulaciones que emanan de las mafias y mafiosos que se resisten a vivir bajo el imperio de la ley.
En ningún momento, en el Diario de Centro América (DCA) se demeritará el aporte intelectual que la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) entrega a la sociedad. Este medio tampoco se convertirá en un crítico ocasional, que lanza improperios contra un centro académico que ha formado a las
mentes más brillantes que ha tenido el país.
No, que nadie se equivoque. El DCA es respetuoso y consciente que, como la mayoría de instituciones del Estado, la Usac ha sido parte del botín que los politiqueros pretenden acaparar y someter, aunque no entiendan que no entienden que el conocimiento, el principal activo de la tricentenaria, es libre, democrático e inclusivo, valores de los cuales carecen estos malhechores.
En este marco, sí lamentamos que el compromiso de impulsar el desarrollo científico, social, humanista y ambiental que esta academia describe como parte de su Misión, se vea entorpecido por representantes del mal, incapaces de ganarse el respeto de quienes entregan y reciben el pan del saber.
Que en los últimos cuatro años la San Carlos haya sido incapaz de presentar una iniciativa de ley en el Congreso de la República es tan penoso como ridículo, sobre todo cuando se conocen las capacidades y facultades que esta universidad tiene en, prácticamente, todos los campos científicos, del arte y la cultura.
La participación que esta alma mater tiene en organismos como la Corte de Constitucionalidad, Junta Monetaria, Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Comisión Nacional de Electricidad y los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, entre otros, así como su incidencia al momento de elegir al jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, contralor general de cuentas y magistrados de las Cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones la dotan de visiones incuestionables para entender y, en especial, solventar los problemas más críticos que enfrenta el país.
Abstenerse de retomar el liderazgo que por derecho e historia le pertenece es un error que la Usac no debe permitirse, porque no solo va contra su razón de ser, sino que atenta contra el desarrollo y la prosperidad que demandan y merecen quienes sostienen la tricentenaria.
