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EDITORIALES

Alba-Keneth, eficiencia interinstitucional

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Los hechos violentos en los que dos infantes perdieron la vida, y que indignaron a todo el país, hicieron que las entidades estatales y de la sociedad civil que se dedican a la protección de la niñez y la juventud buscaran la manera de crear un mecanismo de búsqueda de menores, a raíz de lo cual se concibió la Alerta Alba-Keneth.

El 10 de agosto de 2010, el Congreso de la República decretó la Ley de Búsqueda de Menores, que dio vida al sistema de alarma que lleva el nombre de aquellos dos niños víctimas: Alba y Keneth. Ayer, 8 años después, se llevó a cabo un acto especial en el que se hizo el recuento de las alarmas atendidas.

Según reveló la coordinación de este Sistema de Alerta, se ha logrado un 80 % de efectividad en la atención de 39 mil casos de denuncia, en los que los menores reportados como perdidos o sustraídos fueron buscados, localizados y rescatados por las fuerzas de seguridad.

En este esfuerzo a favor de los infantes guatemaltecos participan: la Procuradoría General de la Nación, La Polícia Nacional Civil, la Dirección General de Migración, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y la Secretaría contra la Violencia Sexual, la Explotación y Trata de Personas.

Todas ellas se activan al momento de encender esta Alarma, y cada una tiene responsabilidades y acciones específicas, que van desde visibilizar a las víctimas reportadas hasta el rescate y entrega a sus familiares.

Tan efectiva ha sido esta herramienta de búsqueda de desaparecidos, que en enero de este año el Congreso aprobó la Ley de Búsqueda de Mujeres Desaparecidas, herramienta que ayudará al rescate de féminas que han sido víctimas de la violencia.

En estos 8 años se ha demostrado que el trabajo colectivo y la suma de esfuerzos institucionales pueden dar grandes resultados. La coordinación interinstitucional ha sido puesta a prueba con el rescate oportuno de niñas, niños y adolescentes que han sido reportados como desaparecidos o sustraídos.

Redacción DCA
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La propuesta de modernizar el AILA tiene sus explicaciones

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La decisión del Gobierno de impulsar una alianza público-privada para rescatar el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) generó aplausos entre empresarios y prestadores de servicios, aunque también ha provocado confusiones y malinterpretaciones que es preciso aclarar, para poner las cosas en su sitio.

Lo más importante es que modernizar la terminal aérea implica un proceso serio y amplio que requerirá de tres fases, las cuales dio a conocer el Organismo Ejecutivo. La primera, a cargo del Ministerio de Comunicacione, Infraestructura y Vivienda (Micivi) tiene que ver con la atención, de manera inmediata, de reparaciones en la estructura física y la compra de equipo.

El segundo paso, cuya fecha de comienzo es difícil definir, es convocar a una “licitación pública, transparente y sin corrupción”, con el fin de otorgar las operaciones del AILA a una empresa internacional experta en la materia.

Para concluir, se ampliará y se va a aumentar la capacidad del servicio, con el objetivo de construir un aeropuerto que responda a las demandas actuales y futuras. Es en este punto cuando se acudirá a la alianza público-privada, cuyo modelo aún no está definido; sin embargo, el presidente Bernardo Arévalo ha expresado que puede ser mediante capital mixto que, además, permita la posibilidad de que los ciudadanos compren algunas acciones.

Adicionalmente, conviene hacer las siguientes anotaciones. Uno, la aprobación de la unión entre el Estado y empresarios requerirá el aval del Congreso de la República. Dos, el desarrollo de la idea puede llevar hasta cinco años. Tres, el Gobierno no piensa privatizar el AILA, como se ha dicho de manera errónea o malintencionada.

En fin, está claro que Guatemala afronta un reto que, bien ejecutado, contribuirá en su despegue económico y social, fuera de reafirmarle al mundo que el Estado es capaz de llevar a cabo megaproyectos que anteponen el interés general y la decencia, que también generen empleo y bienestar colectivo.

Editor DCA
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El país requiere un Estado más humano, sensato y solidario

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El llamado es oportuno y sensato. Aunque pareciera innecesario, siempre es bueno recordarle a las autoridades de los distintos organismos del Estado que el país ha suscrito tratados internacionales en los que ha asumido el compromiso de posponer los desalojos, en caso existan condiciones humanitarias que deben priorizarse, como ocurre en estos días, cuando la nación vive momentos difíciles ante las inclemencias del tiempo.

La batalla por la tenencia de la tierra ha sido una problemática complicada, porque implica el respeto de los derechos fundamentales de obligada aplicación. Sin embargo, las civilizaciones con democracias avanzadas han encontrado en el Estado de derecho el mecanismo ideal para solventar las diferencias.
Lamentablemente, en Guatemala se perdió la independencia judicial y tenemos un sistema cooptado por las mafias, que dejó de ser imparcial y se convirtió en un instrumento de politiqueros que buscan generar enfrentamientos e ingobernabilidad.

Desde esa óptica conviene analizar la denuncia planteada por Daniel Pascual, líder del Comité de Unidad Campesina (CUC), una organización cuya base la integran agricultores, indígenas y dirigentes del sector popular. Según Pascual, en 2024 se han realizado 15 desalojos y existen otras dos órdenes emitidas por tribunales que tienen competencia.

Dados los antecedentes en el trabajo de algunos jueces y magistrados, que han liberado a exfuncionarios que saquearon el erario, y a la postura asumida por el Ministerio Público (MP), que cierra los ojos ante las denuncias de corruptela, no es impropio pensar que estos mismos togados y fiscales cierren filas en procura de crear enfrentamientos entre agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y las familias afectadas.

De esa cuenta, conviene exhortar a la prudencia y a recordar que somos un pueblo más maduro, que a fuerza de golpes ha conocido su historia, que sabe identificar a quienes quieren dañar y a los que buscan el desarrollo integral e inclusivo.

Editor DCA
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Una crisis provocada por la desmedida corrupción de gobiernos anteriores

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La caótica situación en que se encuentra buena parte de la infraestructura productiva nacional dimensiona la desmedida corruptela que caracterizó a las administraciones de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, cuando se concesionaron contratos con escasos controles de calidad, los que, al parecer, compensaron con millonarias tajadas que les habría facilitado llenar innumerables caletas con efectivo.

Hoy, es innegable la destrucción en que se encuentran carreteras, puentes, puertos y la principal terminal aérea de Guatemala, obras que se caen a pedazos solas o producto de los deslaves que generan los constantes fenómenos climatológicos que, con cierta constancia, afectan este territorio.

Ejemplos de la calamidad de la obra pública son tantos, pero conviene recordar algunos. El llamado libramiento de Chimaltenango, la compra de gradas y elevadores para el Aeropuerto Internacional La Aurora, la oscura cesión de la administración de puerto Quetzal, las escuelas Bicentenario y la supuesta renovación de centros educativos son casos que permitieron el enriquecimiento voraz de exfuncionarios y contratistas a cambio del aumento de la pobreza de la mayoría de connacionales.

Esto sin tomar en cuenta los negocios espurios que los gabinetes de Morales y Giammattei lograron vía plazas fantasmas, compra de medicamentos y vacunas, víveres, programas para adultos mayores y niños y un largo etcétera imposible de enumerar en tan poco espacio. Solo en los primeros cinco meses de la gestión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera se han elevado 103 denuncias ante el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ), las que, valga decir, duermen el sueño de los justos o alargan la pesadilla de la impunidad.

Recuperar la infraestructura productiva es algo realizable, sobre todo si se cuenta con capacidad y decencia y aunque llevará tiempo, está claro que este Gobierno comenzó el recorrido. Sin embargo, falta investigar y llevar a la cárcel a los responsables de esta ruina, lo que no ocurrirá mientras sus cómplices sigan en despachos claves de la administración de justicia.

Editor DCA
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