EDITORIALES
Políticas de Estado se evidencian con números
Desde el inicio de su gestión, el presidente Alejandro Giammattei fue contundente en advertir que asumiría retos sociales históricos como la protección y apoyo de sectores vulnerables y olvidados por administraciones anteriores.
De esa cuenta, ordenó la creación e impulso de programas orientados a niños, mujeres y adultos mayores, con el objetivo de mejorar sus condiciones y oportunidades. Una de las estrategias priorizadas por el Organismo Ejecutivo es la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición (GCNN), la cual asumió el enorme desafío de controlar y reducir el flagelo que afecta a menores de 5 años.
Dicha campaña, liderada por el propio jefe de Estado, incluyó la participación de ministerios y secretarías de Estado, así como de instituciones privadas y organismos internacionales que unieron esfuerzos, conocimientos y experiencias para llegar a comunidades priorizadas.
Programas y asistencias para personas de la tercera edad, estudiantes, mujeres, emprendedores y migrantes se pusieron en marcha, los cuales ofrecieron víveres, medicinas, empleos y capacitaciones, los que llegaron al público objetivo.
A finales de mayo recién pasado, el coordinador y representante del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Guatemala, Miguel Barreto, en su Informe Final de Resultados 2022 reconoció que 1.4 millones de connacionales accedieron a alimentos que les
permitieron tener los nutrientes necesarios para aspirar a una situación más plena y digna.
Aunque son muchas las acciones e instituciones que facilitaron este resultado, no cabe duda que los comedores sociales son pieza clave en la solución de este problema. Por ello, es importante valorar y citar que en los tres años y medio de trabajo el Organismo Ejecutivo, por medio del Ministerio de Desarrollo, ha servido 21.4 millones de raciones de platos de comida, con los cuales se ha continuado la política de asegurar una vida más plena y digna a los guatemaltecos.
La firma de la Declaración de Chapultepec permite reflexionar sobre la necesidad de que los periodistas ejerzan su trabajo de manera libre. Sin temor a ser perseguidos o silenciados. O, en el peor de los casos, que se autocensuren para evitar represalias de quienes se creen y se sienten intocables. Es un acto que premia la complicidad y reprende a quien señala errores o descubre corrupción.
En ese marco se debe juzgar lo expresado por el presidente Bernardo Arévalo, quien se niega a que el sistema intimide y amenace a quienes se desempeñan en el mejor oficio del mundo, como lo dijera en su momento el laureado Gabriel García Márquez.
Frenar el trabajo de la prensa tiene el mismo sinsentido que pretender evitar que el médico cure, el ingeniero construya o el maestro enseñe. Es querer quitarle al fiscal su obligación y derecho a investigar o a un juez la facultad de juzgar.
Por eso, es bueno recordar y tener presente que no existe en el mundo una democracia que conviva con la mentira, que persiga, sin consecuencias, las libertades de prensa y expresión. Los guatemaltecos ya no toleran los abusos y el descaro de quienes juegan a reyes, de dictadorzuelos. De quienes no toleran la crítica.
Hoy, como lo advierte Arévalo y lo ha expresado la vicemandataria Karin Herrera, Guatemala avanza, se desarrolla, en pensamiento y obra. El Organismo Ejecutivo está abierto a los juicios de valor. Conoce la trascendencia del libre juego de ideas. De las visiones plurales. Escucha y medita. No persigue, no calla, no intimida.
Suscribir la Declaración de Chapultepec va más allá de un asunto de principios. Es la creencia absoluta de que la verdad siempre debe prevalecer. Por muy dura que sea. Se oponga quien se oponga.
Después de las malas experiencias recién vividas. Tras la obvia criminalización del ejercicio, el Gobierno abraza el decálogo de principios que vienen con el citado documento.
En especial, lo relativo a que la prensa “y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan”. Y, menos aún, que se sancione la crítica o que se persiga a quienes denuncien el abuso de poder. Sobre todo, cuando el poder ha sido abusivo, corrupto y, además, intolerante.
El gobierno del presidente Bernardo Arévalo y Karin Herrera ha iniciado con mucho entusiasmo y determinación, proyectos que permitan a miles de familias, tener acceso a créditos para la compra de una casa.
La visión de la actual administración es fortalecer el Fondo para la Vivienda (Fopavi) y, paralelamente, darle vida a un programa con 750 millones de quetzales, administrados por el Crédito Hipotecario Nacional para que los núcleos familiares de menos ingresos puedan gestionar préstamos a tasas de interés más blandas.
Como parte de estos planes, el mandatario ya inauguró el Programa Mi Primera Casa, mientras que el Fopavi, también ha empezado a darle mayor facilidad a las personas que solicitan un subsidio en esa entidad.
Sin lugar a dudas, el gran problema del pasado, que ha impedido que los ciudadanos con menos capacidades económicas logren el sueño de tener una morada, ha sido la eterna corrupción.
La dependencia, adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, ha sido foco de saqueos durante las administraciones gubernamentales anteriores, maniobras que ahora el presidente Arévalo trata de impedir. Hoy, hay más controles al momento de desembolsar el aporte subsidiario.
Se establece que los 35 mil quetzales que cada grupo hogareño recibe se destinen, específicamente, a la adquisición de una unidad habitacional, pero también que esa construcción reúna los estándares mínimos de calidad, pues anteriormente, a los pocos meses de su entrega, ya tenían problemas estructurales como filtraciones de agua en paredes o daños en los techos.
Por supuesto que, en cuatro años, el déficit habitacional, que supera 1.5 millones, no será resuelto, pero por el momento sí se cuenta con una visión diferente de cómo afrontar estas carencias.
De acuerdo con las proyecciones oficiales, en los cuatro años de la actual administración, se espera que unas 10 mil familias cuenten con una casa digna. Este año se prevé financiar 350 construcciones y en 2025, llegar a las 3 mil 500.
En términos más amplios, también se impulsa la atracción de más inversiones nacionales y extranjeras que puedan dejar una derrama económica más amplia y, con ello, también elevar el nivel ingresos de los trabajadores que no tienen donde vivir.
Diez meses y tres semanas después, el país avanza. Cambia, para bien. Pese al tétrico panorama que algunos pintan en redes sociales, en especial, en cuentas cooptadas por sectores procorrupción e impunidad, la verdad se impone. Los guatemaltecos empiezan a notar la diferencia que implica un Ejecutivo honesto, comprometido con la población, frente a aquellos que se robaron el dinero y la esperanza.
El cambio viene con la nueva mentalidad de gobernar. De una visión distinta, moderna, que dejó atrás pensamientos obtusos, retrógrados. De aquellas ideas que perviven en la guerra interna. En anacronismos perversos, que persiguieron la pobreza y combatieron la libertad de ideas.
Con esta nueva forma de hacer política, de concebir las estrategias, llegan la Política Nacional de Seguridad y la Agenda Estratégica de Seguridad 2024. La primera, donde se plasman los conceptos sobre el tema. La segunda, que refleja las prioridades que deben enfrentar el Estado y la sociedad para garantizar una vida plena, responsable y libre.
Con ambas, el binomio presidencial, integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, se apartan de la “tragedia colectiva”, como le llamó el mandatario, que dejaron las visiones pasadas. Buscan sanar la “sociedad desgarrada” que heredaron.
Parafraseando al jefe de Estado, la nueva política de seguridad se concibe desde una lógica democrática, que pone a las instituciones del Estado al servicio y bienestar de las personas. Pero también de sus derechos y libertades, que respeta la Constitución, las garantías individuales y, en especial, la voluntad popular expresada en las urnas.
Una estrategia que, igualmente, advierte que no se dejará intimidar por los delincuentes. Ni siquiera por los de cuello blanco y conciencia negra. Los peores. Además, prioriza la transparencia, la rendición de cuentas y la igualdad social.
Un plan que nace luego de largos procesos participativos y diversos en torno a la seguridad en paz, que mejoró el tratado marco suscrito en 1995 por los presidentes de Centroamérica. En fin, una política que enfrenta problemas añejos desde perspectivas diferentes, que adopta el sabio consejo que mientras se siga haciendo lo mismo no se pueden esperar resultados distintos.
