La firma de la Declaración de Chapultepec permite reflexionar sobre la necesidad de que los periodistas ejerzan su trabajo de manera libre. Sin temor a ser perseguidos o silenciados. O, en el peor de los casos, que se autocensuren para evitar represalias de quienes se creen y se sienten intocables. Es un acto que premia la complicidad y reprende a quien señala errores o descubre corrupción.
En ese marco se debe juzgar lo expresado por el presidente Bernardo Arévalo, quien se niega a que el sistema intimide y amenace a quienes se desempeñan en el mejor oficio del mundo, como lo dijera en su momento el laureado Gabriel García Márquez.
Frenar el trabajo de la prensa tiene el mismo sinsentido que pretender evitar que el médico cure, el ingeniero construya o el maestro enseñe. Es querer quitarle al fiscal su obligación y derecho a investigar o a un juez la facultad de juzgar.
Por eso, es bueno recordar y tener presente que no existe en el mundo una democracia que conviva con la mentira, que persiga, sin consecuencias, las libertades de prensa y expresión. Los guatemaltecos ya no toleran los abusos y el descaro de quienes juegan a reyes, de dictadorzuelos. De quienes no toleran la crítica.
Hoy, como lo advierte Arévalo y lo ha expresado la vicemandataria Karin Herrera, Guatemala avanza, se desarrolla, en pensamiento y obra. El Organismo Ejecutivo está abierto a los juicios de valor. Conoce la trascendencia del libre juego de ideas. De las visiones plurales. Escucha y medita. No persigue, no calla, no intimida.
Suscribir la Declaración de Chapultepec va más allá de un asunto de principios. Es la creencia absoluta de que la verdad siempre debe prevalecer. Por muy dura que sea. Se oponga quien se oponga.
Después de las malas experiencias recién vividas. Tras la obvia criminalización del ejercicio, el Gobierno abraza el decálogo de principios que vienen con el citado documento.
En especial, lo relativo a que la prensa “y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan”. Y, menos aún, que se sancione la crítica o que se persiga a quienes denuncien el abuso de poder. Sobre todo, cuando el poder ha sido abusivo, corrupto y, además, intolerante.
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