El gobierno del presidente Bernardo Arévalo y Karin Herrera ha iniciado con mucho entusiasmo y determinación, proyectos que permitan a miles de familias, tener acceso a créditos para la compra de una casa.
La visión de la actual administración es fortalecer el Fondo para la Vivienda (Fopavi) y, paralelamente, darle vida a un programa con 750 millones de quetzales, administrados por el Crédito Hipotecario Nacional para que los núcleos familiares de menos ingresos puedan gestionar préstamos a tasas de interés más blandas.
Como parte de estos planes, el mandatario ya inauguró el Programa Mi Primera Casa, mientras que el Fopavi, también ha empezado a darle mayor facilidad a las personas que solicitan un subsidio en esa entidad.
Sin lugar a dudas, el gran problema del pasado, que ha impedido que los ciudadanos con menos capacidades económicas logren el sueño de tener una morada, ha sido la eterna corrupción.
La dependencia, adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, ha sido foco de saqueos durante las administraciones gubernamentales anteriores, maniobras que ahora el presidente Arévalo trata de impedir. Hoy, hay más controles al momento de desembolsar el aporte subsidiario.
Se establece que los 35 mil quetzales que cada grupo hogareño recibe se destinen, específicamente, a la adquisición de una unidad habitacional, pero también que esa construcción reúna los estándares mínimos de calidad, pues anteriormente, a los pocos meses de su entrega, ya tenían problemas estructurales como filtraciones de agua en paredes o daños en los techos.
Por supuesto que, en cuatro años, el déficit habitacional, que supera 1.5 millones, no será resuelto, pero por el momento sí se cuenta con una visión diferente de cómo afrontar estas carencias.
De acuerdo con las proyecciones oficiales, en los cuatro años de la actual administración, se espera que unas 10 mil familias cuenten con una casa digna. Este año se prevé financiar 350 construcciones y en 2025, llegar a las 3 mil 500.
En términos más amplios, también se impulsa la atracción de más inversiones nacionales y extranjeras que puedan dejar una derrama económica más amplia y, con ello, también elevar el nivel ingresos de los trabajadores que no tienen donde vivir.
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