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COLUMNAS

Unidos en la crisis

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Rebeca Arias Flores Coordinadora Residente [email protected]

El Fondo Central para Atención de Emergencias (CERF, en inglés), es un mecanismo de las Naciones Unidas donde se reciben recursos de generosos países donantes, para apoyar a poblaciones que se ven en crisis producto del impacto de fenómenos geodinámicos o hidrometereológicos. Ese es el caso de los impactos devastadores de las tormentas tropicales Eta e Iota.

Miles de familias se vieron altamente afectadas por estos fenómenos. La resiliencia se construye día a día y año con año, pero cuando algunas personas son dejadas atrás, es difícil poder resistir este tipo de impactos.

Por eso, el Equipo Humanitario de País, con participación del gobierno de Guatemala,  organizaciones de la sociedad civil, con la coordinación de Conred y el Sistema de las Naciones Unidas, luego de un diagnóstico de los impactos de Eta e Iota, están brindando asistencia humanitaria a 60 mil personas, en Alta Verapaz e Izabal. 

Las familias recibieron el auxilio en albergues con asistencia que comprende comidas preparadas, transferencias monetarias y capacitación sobre igualdad de género, protección y calidad en la alimentación.

Además, unas 600 afectados fueron provistas de agua segura y apoyo en acciones de saneamiento. Este aporte incluyó tamizaje de niños y niñas menores de 5 años, para detección y tratamiento de desnutrición aguda. También se rehabilitarán 12 centros de salud, que brindan apoyo particularmente en el fortalecimiento de la contención del Covid-19, beneficios que llegaron a más de 12 mil personas.

Los proyectos están a cargo de Unicef en materia de nutrición, así como agua y saneamiento, PMA en seguridad alimentaria, y OPS/OMS en salud.

Cada vez ponemos más énfasis en la importancia de una coordinación constante para poder salvar vidas, la cual ha ido mejorando con los años. También estas intervenciones nos permiten llegar más cerca de las personas, en especial de quienes viven en comunidades con más vulnerabilidades. Nos plantea, a la vez, la necesidad de seguir esforzándonos para fortalecer la resiliencia comunitaria ante los múltiples riesgos que enfrentan las comunidades.

Estamos en la etapa del reposicionamiento del Sistema de las Naciones Unidas y la implementación de su nuevo Marco Estratégico de Cooperación 2020-2025, mediante el cual trabajaremos en articular la dimensión humanitaria con el desarrollo y la paz. Este triple nexo implica reconciliar el marco temporal, que pone la atención en las necesidades inmediatas y las de mediano y largo plazo, lo cual resulta fundamental para abordar la profundidad y multicausalidad de los problemas estructurales que enfrenta Guatemala.

El CERF, gestionado por OCHA, permite apoyar la ayuda humanitaria a los afectados por los desastres naturales y los conflictos armados. El CERF recibe donaciones voluntarias durante todo el año, para proporcionar financiación inmediata a las acciones de respuesta humanitaria en todo el mundo.

Desde 2015 a la fecha, los proyectos CERF en Guatemala han atendido emergencias por sequía, inseguridad alimentaria, erupción de volcanes y deslaves, por un monto que supera los 18 millones de dólares. Entre los países que han aportado a este fondo están Suecia, Noruega, Australia, Rusia y Kuwait, a quienes se les reconoce y agradece su generosidad.

Este trabajo conjunto que hemos compartido es un buen ejemplo de la ruta para el logro de los ODS. También como una muestra del trabajo conjunto del Gobierno, donantes y la población guatemalteca. Es además una oportunidad para fortalecer la colaboración multisectorial, para avanzar en el principio de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás. Estamos acompañando al Estado guatemalteco, para que pueda avanzar en el logro de las metas de las prioridades nacionales que concuerdan con las de la Agenda 2030.

Para conocer nuestro Marco de Cooperación y los datos específicos de estos apoyos, les invitamos a consultar en el sitio Guatemala.un.org.

Rebeca Arias Flores
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COLUMNAS

La reforma municipal (I)

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Otto José Fernández

MSc. Otto José Fernández 

Asesor Profesional Fortalecimiento a Gobernaciones Departamentales

[email protected]

A raíz de la reforma municipal y el planteamiento de reglamentación de las normas sobre descentralización política, administrativa y fiscal que vienen siendo conocidas como reforma municipal, se han originado, dentro de los distintos grupos sociales, estudios y campañas de promoción sobre el significado e implicaciones de las medidas adoptadas.

El hecho mismo de que en la actualidad se esté presentando un debate amplio acerca de las características, el funcionamiento y las necesidades de aquel ente administrativo, que durante tanto tiempo permaneció en el rincón más olvidado del interés nacional, el municipio, revela ya la trascendencia de que se discuta sobre una posible reforma municipal y se analice si esta es una necesidad o una utopía. 

Las opiniones son divergentes; las hay desde aquellas que consideran la reforma como un paso más dentro de una concepción neoliberal, hacia la reducción del tamaño y la intervención del Estado, pero también aparecen las que consideran que las transformaciones adoptadas constituyen un progreso jamás visto durante nuestra vida democrática y que pueden considerarse como la revolución municipal. Sin caer en ninguno de estos dos extremos, es necesario desarrollar una discusión acerca de la validez del análisis gubernamental. 

Es necesario desarrollar una discusión.

Esto considera al centralismo como exclusivo factor causal de la opaca situación que ya presentaba el país al iniciar la presente década y, obviamente, a la reforma descentralista como un mecanismo apropiado para enfrentarla. La reforma, efectivamente, puede apoyar la ampliación de la prestación de servicios públicos en Guatemala y con esto cambiar hacia una gestión pública desconcentrada y descentralizada. 

Los esfuerzos por acercar los servicios públicos y las oportunidades de desarrollo económico y social al territorio han tenido en el país distintos escenarios, y en la actualidad se están retomando con un importante impulso. 

La legislación relacionada que da soporte a esta forma de gestión pública desconcentrada y descentralizada se encuentra contenida en tres cuerpos legales que se articulan recíprocamente: la Ley de Descentralización, Decreto 14-2002; la Reforma a la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto 11-2002, y la Reforma al Código Municipal Decreto 12-2002.

Colaborador DCA
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COLUMNAS

Licitaciones de largo plazo en el subsector eléctrico

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Rafael Argueta 

Director Comisión Nacional de Energía Elé[email protected]

La Licitación Abierta PEG 3-2013 se lanzó en septiembre de 2013, para concluir con el proceso de adjudicación en agosto de 2014. A diferencia de las licitaciones PEG-1 y 2, se consideró que ya no era necesario poner cuotas de contratación mínima para los generadores con fuentes de energías renovables, ya que los objetivos de la política energética estaban cumplidos con los que ya se había contratado anteriormente, por lo que se decidió que las diferentes tecnologías compitieran para ofrecer los mejores precios. El objetivo era la contratación del suministro de hasta 250 MW de Potencia Garantizada para los usuarios del servicio de distribución final por un plazo de 15 años que se iniciarían el 1 de mayo de 2017 o 2018.

La Licitación Abierta PEG-3-2013 incorporó, además del método de optimización para seleccionar el conjunto de ofertas con las cuales se obtiene el mínimo costo de compra del suministro para los usuarios, un proceso de rondas sucesivas equivalente a una subasta inversa de reloj descendente mediante la cual los oferentes podrán competir por la asignación de su oferta como parte del conjunto de ofertas seleccionadas en cada ronda hasta llegar a una condición de competencia que activará una última ronda y se asignarán las ofertas finales. Con esta licitación se pasó del método tradicional de presentar ofertas en “sobre cerrado” al mecanismo de rondas sucesivas mediante el cual se realizan tantas rondas como sea necesario para lograr precios competitivos.

Ha tenido como consecuencia un aumento de la oferta de la generación eléctrica.

Como conclusión, se puede decir que las licitaciones que se han realizado a partir de 2008 en Guatemala para la compra de potencia y energía eléctrica que cubra la demanda de los usuarios finales de las distribuidoras, derivados de los procesos de planificación de expansión de la generación con un diseño adecuado de la subasta, atraen el interés de los inversionistas. Esto ha tenido como consecuencia un aumento de la oferta de la generación eléctrica que supera a la demanda, por lo que el suministro de energía en la actualidad está garantizado; además, se ha cumplido con el objetivo planteado en la Política Energética de  la diversificación de la matriz energética, ya que se ha adjudicado a diferentes tecnologías de generación, entre las que se destacan las energías con recursos renovables no convencionales como lo son las plantas de generación eólica y las solares de paneles fotovoltaicos, de las cuales les ha correspondido el doce y siete por ciento, respectivamente, de la potencia adjudicada. Por la efectividad y eficacia demostrada, es recomendable que la realización de licitaciones abiertas de largo plazo siga siendo el mecanismo utilizado para promover la expansión y la diversificación de la oferta, manteniendo los elementos que la han caracterizado al introducir las mejoras necesarias para responder a las exigencias actuales.

Colaborador DCA
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Inclusión de pueblos indígenas

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Rebeca Arias Flores

Coordinadora Residente [email protected]

Un contrato social es un acuerdo no escrito que las sociedades hacen para cooperar con su desarrollo socioeconómico. En muchos países, las poblaciones indígenas han sido marginadas de las actividades políticas y económicas, nunca fueron incluidas en ningún contrato social. 

Durante los últimos años y décadas, varias sociedades han tratado de abordar este problema, incluso a través de muestras de arrepentimiento por lo que en el inicio se les hizo, esfuerzos por la verdad y la reconciliación, reformas legislativas, así como reformas constitucionales. Mientras que, a nivel internacional, estos esfuerzos han incluido la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la creación de órganos asesores como el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.

A pesar de la existencia de instrumentos internacionales para responder a estas desigualdades, no todos se suman al esfuerzo colectivo para garantizar que nadie sea dejado atrás. Es necesaria la construcción y el rediseño de un nuevo contrato social como expresión de cooperación por el interés social y el bien común de la humanidad y la naturaleza.

Los pueblos indígenas deben formar parte del diseño y de la implementación de un nuevo contrato social.

En la sede de la ONU se propone un nuevo contrato social basado en una auténtica participación y asociación que fomente la igualdad de oportunidades y respete los derechos, la dignidad y las libertades de todos. Y ello pasa por el derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones, un componente clave para lograr la reconciliación entre los indígenas y los Estados.

Recordemos que más del 70 por ciento de la población mundial vive en países con una creciente desigualdad de ingresos y riqueza, incluidos los pueblos indígenas que ya se enfrentan a altas tasas de pobreza y graves desventajas socioeconómicas. Los altos niveles de desigualdad están generalmente asociados con la inestabilidad institucional, la corrupción, las crisis financieras, el aumento de la delincuencia y la falta de acceso a los servicios de justicia, educación y salud. Para los pueblos indígenas, la pobreza y las grandes desigualdades tienden a generar tensiones y conflictos sociales.

La erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones y la reducción de las desigualdades están en el centro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La sociedad, no solo los gobiernos sino también los grupos sociales, los pueblos indígenas, las mujeres, la academia y los científicos tienen un papel que desempeñar en la construcción y el rediseño de un nuevo contrato social que sirva a los intereses de “Nosotros, los pueblos” como indica la Carta de las Naciones Unidas.

La pandemia de Covid-19 arrojó luz sobre los efectos de las crecientes desigualdades y promovió la discusión sobre la urgente necesidad de repensar un nuevo contrato social. Un nuevo sentido común que funcionará para todos los pueblos y el planeta. Actualmente existe una oportunidad única para reconstruir un mundo más igualitario y sostenible, basado en una participación y asociaciones genuinas e inclusivas que fomentan la igualdad de oportunidades para todos y respeta los derechos, la dignidad y las libertades de todos.

Para los pueblos indígenas, afectados de manera desproporcionada por el Covid-19 en todo el mundo, sus voces deben ser escuchadas e incluidas en los planes para reconstruir mejor y repensar los contratos sociales, obteniendo su consentimiento previo, libre e informado, e incluir los derechos colectivos e individuales de pueblos indígenas reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En nuestro Marco de Cooperación de Naciones Unidas con Guatemala 2020-2025, estamos impulsando acciones que aseguren la inclusión de las poblaciones indígenas en todos los ámbitos: económico, social, institucional, político y medioambiental. Este 9 de agosto tenemos un foro con la Universidad Maya Kaqchikel. Les invitamos a unirse a esa actividad a través de nuestras redes sociales.

Colaborador DCA
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