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EDITORIALES

Tricamex trabajará por una solución regional

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Los más recientes acontecimientos migratorios en la frontera entre México y Estados Unidos hicieron sonar la alarma en los países del norte y Centroamérica, los cuales pusieron la lupa sobre los hombres, mujeres y niños que intentan llegar a otro país en busca de oportunidades de vida, pero que no cuentan con los papeles migratorios que les abren las puertas y por ello deben entrar a hurtadillas, exponiendo su vida.

Hace pocos días el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, se reunió con los mandatarios de los tres países centroamericanos que componen el llamado Triángulo Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras, para concretar estrategias que pongan un alto a la migración de indocumentados.

Con ese propósito, ayer se reunieron los representantes diplomáticos de estos países, además del de México, con la secretaria de Seguridad del país de la barras y las estrellas, Kirstjen Nielsen.

El tema es complicado porque presenta aristas que tienen que ver con seguridad territorial, derechos humanos, condiciones de vida en los países de origen, información y políticas.

Los cancilleres del llamado Tricamex (tres países del Triángulo Norte y México) propusieron los primeros puntos de discusión para trabajar en una solución consensuada sobre el tema. La delegación del Tricamex, conformada por los ministros de Relaciones Exteriores de Honduras, María Dolores Agüero; de México, Luis Videgaray; el vicecanciller de El Salvador, Carlos Castañeda, así como la canciller de Guatemala, Sandra Jovel, platearon su preocupación por la
separación de padres e hijos, consecuencia de la aplicación de la ley Tolerancia Cero.

La ministra Jovel dio declaraciones a la prensa acerca de esta primera reunión, a la que calificó de fructífera, y detalló que uno de los puntos relevantes fue coincidir en la  “suprema importancia de la reunificación, que requiere de un esfuerzo de todos los países. Y a esto se le dará alta prioridad”.

La funcionaria agregó que en esta primera reunión concluyeron que hay que abordar el tema migratorio de manera integral, con un enfoque de responsabilidad compartida y respeto a los derechos humanos de todos, especialmente de los menores de edad.

Por su parte, la secretaria de Seguridad de EE. UU. expresó que juntos (todos los países involucrados) pueden encontrar soluciones “a este reto urgente que estamos enfrentando”, en materia de seguridad y migración irregular, y agregó: “…es vital hacerlo como amigos y socios de una misma región”.

Redacción DCA
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Está dicho: el Gobierno y el pueblo no toleran la corrupción

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Los mafiosos están avisados: el ente colegiado que se encargará de identificar y evitar el saqueo de fondos públicos quedó instalado. La lucha que desde el primer día de gestión iniciaron el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera para devolver la decencia en las instituciones públicas se fortaleció ayer, cuando se instaló la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC).

Los objetivos están claramente definidos e identificados, lo cual evitará las improvisaciones. Lo cierto es que, como manifestó el propio gobernante, el Organismo Ejecutivo avanza en el cumplimiento del propósito de los guatemaltecos de depurar las instituciones y “librarse de las ataduras que han impedido el desarrollo y mantenido a nuestros hermanos en condiciones de pobreza”.

Aunque a las autoridades les ha sido difícil cuantificar los despojos, la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, afirmó recientemente que los ofrecimientos rondan el 30 por ciento del valor de la obra, en especial, cuando se trata de carreteras y puentes o construcciones de
escuelas, hospitales o infraestructura productiva.

La CNC, ente que trabajará con autonomía, será dirigida por Santiago Palomo Vila, profesional graduado de la Facultad de Derecho de Harvard, donde recibió el premio del Decano, por Liderazgo comunitario. Junto a él hay otros seis funcionarios, quienes tendrán asesoría de un consejo conformado por seis líderes de la sociedad civil organizada, academia, pueblos indígenas y sector privado.

Los citados asumen la enorme responsabilidad de devolverle al Gobierno su verdadera razón (procurar el bienestar social), pero conviene decir que no estarán solos, que tras ellos hay 18 millones de compatriotas que están hartos de la obscena deshonestidad de quienes han robado a manos llenas, ante la indiferencia de los órganos llamados a velar por la probidad.

“El Gobierno y el pueblo no toleran la corrupción”, resaltó Arévalo, como un hasta aquí al
desenfreno de los criminales de cuello blanco y conciencia negra.

Editor DCA
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Un desarrollo que no pasó de la primera persona

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En gramática se entiende que cuando se habla en primera persona se hace referencia a quien emite el mensaje. De esa cuenta usamos pronombres como yo, en singular, y nosotros o nosotras, en plural. Esa forma de expresarse y conducirse la ha asumido la clase política guatemalteca, en compadrazgo con empresarios y contratistas, al momento de distribuir los fondos públicos.

“Yo reparto”, “nosotros cobramos”, son las expresiones que condicionan la adjudicación de contratos. Este malvado mecanismo, que se ha fortalecido ante la complicidad de los órganos encargados de la persecución y el castigo penal, es el causante de la doliente pobreza que impera en la nación y el enriquecimiento desmesurado de quienes, literalmente, llegaron endeudados a los cargos públicos y salieron con el dinero suficiente para mantener a dos o tres generaciones.

La reflexión viene a propósito de lo que se expuso ayer en el Consejo de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur). En dicho encuentro se recordó que, en los últimos 30 años, el Estado destinó 45 mil millones de quetzales a los consejos departamentales de desarrollo (Codedes), sin que ello haya implicado mejoras en las poblaciones.

Ante tales desmanes, el binomio presidencial, integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, definió los cuatro ejes que marcarán el camino a seguir por el Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo al momento de invertir los recursos asignados.

La nueva apuesta incluye programas que apoyen la seguridad alimentaria, el desarrollo rural integral, el diálogo que permita crear convergencias y el impulso de la ruta para el buen vivir (la construcción de carreteras rurales).

Además, la instrucción de los mandatarios es que esta revitalización de las funciones de los Codedes también facilite renovar el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, que han desaparecido de las funciones públicas.

En fin, estamos frente a un nuevo mecanismo social que tiene como objetivo obviar la primera persona y centrarse en el “tú, usted, vos o vosotros” como elementos gramaticales que marquen nuestro pensar, pero, sobre todo, nuestro accionar.

Editor DCA
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País requiere gobernadores probos, capaces y visionarios

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La posición del presidente Bernardo Arévalo es contundente: “No se aceptarán las ternas que no llenen las calidades”. De esta forma, el mandatario atajó cualquier posibilidad de que se vaya a nombrar a un gobernador que no llene los requisitos de decencia y capacidad que requieren los cargos. La advertencia del jefe de Estado surge después de conocer las denuncias de intromisiones políticas y la ausencia de transparencia con las que se han decidido algunas nominaciones.

Las quejas contra los procesos surgieron en el marco de la primera reunión preparatoria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) realizada ayer, la cual continuará hoy con la presencia del dignatario, quien lidera el encuentro. Las voces opuestas vienen, principalmente, de representantes de la sociedad civil, quienes denuncian opacidad en el trámite e interés de llevar a personas cercanas a la administración anterior.

La figura del gobernador departamental tiene una incidencia determinante en la ejecución de proyectos de desarrollo en el interior del país, razón por la cual deben satisfacer calidades ineludibles como competencia, visión y decencia en el manejo de los fondos públicos. En el pre Conadur se acordó proponer un presupuesto de 3 mil 444 millones de quetzales para 2025, cifra levemente superior a los 3 mil 392 millones programados para este año.

El monto autorizado para 2024 permitirá la ejecución de 2 mil 607 obras que contribuirán con el desarrollo integral de las comunidades. En la cita de hoy, se prevé que continúen los pronunciamientos contra los finalistas, inconformidades que se plantearán directamente a Arévalo. Sin duda, el tema se ha convertido en la manzana de la discordia, aunque los encargados del Organismo Ejecutivo lo tienen claro: ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción.

Editor DCA
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