EFE
El Tribunal Supremo de Estados Unidos se mostró escéptico sobre el poder del presidente Donald Trump para imponer aranceles a casi todos los territorios del mundo, al plantear que el uso de una ley de emergencia para justificar la medida pudo no ser correcto.
El alto tribunal, de mayoría conservadora, celebró una audiencia para determinar si la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales, que otorga a los mandatarios el poder de hacer frente a una “amenaza” durante “una emergencia nacional”, es aplicable en caso del aumento de tributos anunciado en abril.
Desde el principio de la sesión, los magistrados plantearon dudas sobre la legalidad de la acción, incluidos los jueces conservadores, que acostumbran a ir en línea con el planteamiento del republicano, y si la facultad de imponer los gravámenes recae en el Congreso de acuerdo con la Constitución. Un fallo contra la política impositiva, aunque parcial, sería un duro golpe para el gobernante, que ha construido su plan económico y hasta sus relaciones diplomáticas con base en estas tarifas.
Los argumentos
El fiscal John Sauer, que representó la postura oficial, intentó defender la necesidad de aplicar estos impuestos por una emergencia económica, pero negó que buscara el beneficio económico. Sin embargo, Trump ha hecho bandera en más de una ocasión del dinero que iba a recaudar gracias a esta medida.
El presidente del Supremo, el conservador John Roberts, que fue uno de los más incisivos con el abogado del Gobierno durante el interrogatorio, aseguró que la imposición ha sido siempre competencia del Congreso y que otorgar este poder al jefe de Estado “neutraliza” la separación de poderes.
Jueces como la magistrada progresista Sonia Sotomayor se mantuvieron firmes en que los aranceles son parte de la política tributaria, algo que, como defendió, corresponde al Legislativo.
Uno de los momentos claves fue cuando el abogado de un grupo de firmas afectadas, una de las partes demandantes, declaró que el conservador Neil Gorsuch, nominado por Trump en 2017, había dado “en el clavo” con uno de sus planteamientos que ponía en duda el proceder de las autoridades.
El caso llegó al Supremo después de que tribunales inferiores y una corte federal de apelaciones consideraron que el mandatario había excedido sus poderes al determinar su batería arancelaria.
La impugnación fue presentada por 12 fiscales demócratas, representados por el de Oregón, y un grupo de compañías representadas por el togado Neal Katyal.
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