Cuba permite desde ayer que sus ciudadanos en el exterior inviertan en la isla, un cambio legal que el Gobierno ya había avanzado en un contexto marcado por las presiones estadounidenses para que La Habana aplique reformas económicas.
Sumida en una profunda crisis estructural y sin acceso a financiación multilateral, el territorio caribeño intenta promover los lazos económicos y comerciales con los cerca de 3 millones de connacionales que se estima residen fuera de la isla como una vía hacia la recuperación.
El Decreto-Ley 117 y su correspondiente reglamento, que entraron en vigor de inmediato con su publicación en la Gaceta Oficial, establecen la “condición migratoria de inversores y de negocios a cubanos residentes en el exterior”, con que la administración busca atraer a la comunidad cubanoamericana.
El cambio había sido anunciado por primera vez en 2024 y luego, en marzo pasado, cuando el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, lo destacó como una de las reformas de alcance económico del Gobierno cubano.
El funcionario argumentó entonces que la decisión iba “más allá de la esfera comercial” e incluía también “grandes inversiones, en especial en infraestructuras” de sectores considerados prioritarios como el turístico, minería y energético.
La diáspora cubana tiene un importante peso en el ámbito político y económico en la isla, por su influencia en su par estadounidense, debido a las remesas que envía al país y por su capacidad para apoyar comercial y financieramente al incipiente sector privado.
Mismos derechos
El jefe de Identificación, Inmigración y Extranjería, del Ministerio del Interior (Minint) de Cuba, Mario Méndez, aseguró en conferencia de prensa que “los ciudadanos cubanos que obtengan la categoría de inversores y de negocios contarán con los mismos derechos que los que poseen residencia efectiva en el territorio nacional”.
Agregó que se trabaja “de forma acelerada” en el establecimiento de otras normativas específicas para que quienes alcancen esa condición estén “protegidos” y “puedan invertir directamente en el país” sin necesidad de apoyarse en una “tercera persona”.
Méndez indicó que la nueva norma da fin al concepto de “emigrado”, que se le otorgaba a los cubanos que migraron y pasaron más de 24 meses consecutivos sin volver al territorio, aunque fuese de manera breve.
Malluly Díaz, subdirectora general de Asuntos Consulares de la Cancillería, explicó que “la condición se solicita en las entidades consulares a partir de que ese cubano tenga establecida una relación con alguna empresa o entidad económica y posea un proyecto de negocio aprobado en la isla”.
Hay aspectos contenidos en la Ley de Migración en Cuba que entrarán en vigor en 180 días y contemplan, entre otras cosas, que los insulares en el exterior puedan mantener sus propiedades en la isla, pese a permanecer más de dos años fuera.
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