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Semáforos inteligentes buscan agilizar el tráfico

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Los trabajos para la preparación del terreno que permita la instalación de semáforos inteligentes en la capital están a cargo de las empresas Corporación Redmas y JL Construcciones.

El proceso de adjudicación de la compra del equipo lo acompaña el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por temas de transparencia, de acuerdo con la Municipalidad de
Guatemala.

En septiembre de 2024 se tiene prevista la instalación de las primeras 70 señales inteligentes, de alrededor de 500 que serán colocadas en las zonas 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 y 21.

La iniciativa contempla una inversión de 24 millones de dólares y busca mejorar la movilización de más de 650 mil vehículos que transitan a diario en la Metrópoli.

David Rosales, arquitecto urbanista de la comuna capitalina, detalló que los semáforos dejarán de tener intervalos de tiempo fijo para que a través de datos en tiempo real respondan a las necesidades del parque vehicular, con el programa Waze for Cities.

Rosales refirió que el citado programa alimenta al sistema y le permite tomar decisiones o avisar acerca de percances en las intersecciones. Agregó que los aparatos no funcionarán con inteligencia artificial (IA), sino por medio de ingeniería de tránsito desde la cual se planificará de acuerdo con las necesidades de los lugares.

En relación con que algunos vecinos manifestaron que en la avenida Bolívar, zona 8, el proyecto obstaculizó el movimiento vehicular, la comuna recalcó que todas las labores se han ejecutado de noche para no afectar el servicio de transporte público y privado.

Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), puntualizó que a futuro la comuna tendrá el reto de que la tecnología adquirida funcione y que todo sea en beneficio de los
vecinos.

Wendi Villagrán Fotógrafo: Archivo
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Trabajan metodología para calcular niveles de pobreza 

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En el marco de la preparación de resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2023, entre el 1 y el 5 de abril, el Instituto Nacional de Estadística (INE) recibió la visita del consultor del Banco Mundial, Carlos Sobrado, para trabajar la metodología de medición de la pobreza en el país.

Según el informe del INE, para actualizar la línea de pobreza en Guatemala se requiere de los datos recabados a través de la Encovi y de la implementación de metodología adecuada, con el fin de lograr que los resultados sean apegados a la realidad nacional y comparables con el ámbito internacional.

Sobrado considera que hay varias formas de explicar la pobreza y la mayoría son complementarias. “La definición que efectúa el INE se conoce como Pobreza Monetaria, que es la oficial en Guatemala, la cual se basa en la estimación de los hogares en cuanto a su cantidad de consumo durante cierto período, para analizar si es mayor al mínimo necesario establecido por los parámetros internacionales”, puntualizó.

El consultor agregó que el referido indicador se calcula al medir el consumo, mas no el ingreso, e indicó que para que un hogar se considere pobre, el consumo debe ser menor del mínimo estimado, el cual está basado en dos componentes: alimentos y no alimentos, por lo que el núcleo familiar que logre alcanzarlos se considera no pobre.

Josselinne Santizo
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NACIONALES

Nueva unidad de hemodiálisis beneficia a pacientes de Hospital de Totonicapán 

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Una mejor atención y ahorro monetario en tratamientos privados reciben pacientes renales internos del Hospital Departamental de Totonicapán, tras la entrada en funcionamiento de la unidad de hemodiálisis. 

“En un mes se han realizado 40 hemodiálisis dentro del nosocomio a ocho pacientes que necesitan entre tres y cuatro intervenciones a la semana”, informó el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). 

“El servicio es de gran beneficio, pues evita gastos económicos a los enfermos al no tener que trasladarse fuera del centro asistencial. El costo de las hemodiálisis varía, pero va desde 900 hasta 1 mil 300quetzales cada una”, explicó el nefrólogo Mario García.

Rodrigo Pérez
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Denuncian fraude en construcción de escuelas Bicentenario

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Escasez de alumnos en los lugares de construcción, bases de licitaciones arregladas para beneficiar a un solo proveedor y trabajos inconclusos fueron denunciados ayer en relación con la edificación de 14 escuelas Bicentenario.

Por estos hechos, las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) presentaron acciones penales contra Juan Carlos Alonzo Reyes y Oscar Guillermo Sierra Pacay, exdirector y exsubdirector de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), por fraude en la aprobación del concurso de 11 eventos relacionados con 14 de estos planteles.

Jazmín de la Vega, titular del Micivi, informó que la medida, interpuesta en el Ministerio Público (MP), fue porque los aludidos beneficiaron a un único proveedor: la empresa Fame Sistema Constructivo, Sociedad Anónima, que edificaría los establecimientos con material de Lego PVC.

De la Vega detalló que la denuncia debería dirigirse, por parte del MP, contra cualquier persona individual o jurídica que haya participado en la ejecución del citado contrato, según derive de la investigación penal.
La funcionaria explicó que, de las 14 escuelas, tres tienen un avance de entre el 80 y 90 por ciento. En tal sentido, se continuará con la edificación de estas, con la evaluación pertinente para que los edificios sean de calidad.

Las 11 restantes serán desistidas y se analizará con el Ministerio de Educación (Mineduc) un nuevo modelo. “No compartimos la corrupción ni las malas prácticas en el Gobierno”, puntualizó.

Por su parte, Santiago Palomo, titular de la Comisión Nacional contra la Corrupción, lamentó que cada vez más aparecen hechos anómalos y aseguró que las acciones penales son parte del saneamiento institucional. También, exigió al MP una acción oportuna.

Palomo dijo que está por concluir un tablero sistematizado que contará con las querellas presentadas por todos los ministerios y unidades ejecutoras, el cual se develará antes de los 100 días de Gobierno.

Según Lizandro Acuña, especialista en seguridad y justicia del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), el Código Penal obliga a los funcionarios públicos a presentar denuncias al encontrar anomalías en sus fiscalizaciones.

Bajo ese contexto, consideró oportuna la acción, ya que si no se hace, se cae en el delito de omisión. “Ahora, corresponde al MP realizar las investigaciones y trabajar con base en su objetividad, independientemente de quién pueda estar involucrado en los hechos”, concluyó.

Destituciones

Por entorpecer todos los procesos administrativos, al no facilitar material informativo, fueron despedidos el subdirector administrativo, jefe de contabilidad, directora de Recursos Humanos, secretario general y la asesora jurídica de la Dirección General de Caminos. Se analizará interponer denuncias contra estas personas ante el Ministerio Público, indicó Jazmín de la Vega, ministra de Comunicaciones.

Wendi Villagrán Fotógrafo: Mariano Macz
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