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Inseguridad y falta de servicios afectan a vecinos

Daño a puente Bran trajo problemas a residentes del área del percance.

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Los servicios de salud, educación, seguridad y el bienestar económico de los residentes en las cercanías del puente Adolfo Mijangos López, conocido como Bran, zona 3 capitalina, han sido afectados desde que la mencionada estructura sufrió daños debido a un accidente ocurrido el 17 de febrero pasado.

Los trabajos de reparación están paralizados y ninguna dependencia pública ni municipal se hace cargo del asunto.

La respuesta recibida de las autoridades es que una mesa interinstitucional analiza el problema para establecer costos y delegar responsabilidades entre los ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) y de la Defensa Nacional (Mindef), así como de la Municipalidad de Guatemala y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Mientras, residentes del área expresaron su frustración por la falta de una solución inmediata a la situación, lo que les resulta en gastos adicionales en transporte e inseguridad, ya que los prestadores de servicios no ingresan en las colonias aledañas y no hay presencia de policías en el área.

“Si no fuera por el puente peatonal, estaríamos completamente aislados”, indicó Luis León, uno de los consultados, quien manifestó que no ven una solución a corto plazo y el problema genera incremento en gastos de gasolina o costos más elevados en pasajes.

No entran buses escolares, Uber ni taxis; la inseguridad se ha incrementado. En los primeros días después del incidente había agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), pero ahora “brillan por su ausencia. A mi esposa la tiró un motorista que se metió por el espacio peatonal”.

Rosa Hernández señaló que enfrentan inconvenientes porque ya no llega transporte ni servicio a domicilio.

“Por las mañanas es una agonía salir. Queremos que pongan atención y habiliten el puente. Hacemos un llamado al Gobierno y demás responsables para que atiendan la emergencia”, enfatizó.

Por su parte, Julia Ramírez comentó que irse de sus casas es peligroso, porque tienen que caminar y los pobladores corren el riesgo de ser asaltados. Sin embargo, se movilizan por necesidad. “Vivimos muchos adultos mayores; es el caso de mi esposo, a quien le cuesta salir. Aquí ya han ocurrido accidentes”, lamentó.

“Tenemos conocimiento de que ninguna entidad se quiere hacer responsable. Hasta que no suceda algo grave no le van a poner atención al problema”, concluyó.

Wendi Villagrán Fotógrafo: Danilo Ramírez
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Trabajan metodología para calcular niveles de pobreza 

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En el marco de la preparación de resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2023, entre el 1 y el 5 de abril, el Instituto Nacional de Estadística (INE) recibió la visita del consultor del Banco Mundial, Carlos Sobrado, para trabajar la metodología de medición de la pobreza en el país.

Según el informe del INE, para actualizar la línea de pobreza en Guatemala se requiere de los datos recabados a través de la Encovi y de la implementación de metodología adecuada, con el fin de lograr que los resultados sean apegados a la realidad nacional y comparables con el ámbito internacional.

Sobrado considera que hay varias formas de explicar la pobreza y la mayoría son complementarias. “La definición que efectúa el INE se conoce como Pobreza Monetaria, que es la oficial en Guatemala, la cual se basa en la estimación de los hogares en cuanto a su cantidad de consumo durante cierto período, para analizar si es mayor al mínimo necesario establecido por los parámetros internacionales”, puntualizó.

El consultor agregó que el referido indicador se calcula al medir el consumo, mas no el ingreso, e indicó que para que un hogar se considere pobre, el consumo debe ser menor del mínimo estimado, el cual está basado en dos componentes: alimentos y no alimentos, por lo que el núcleo familiar que logre alcanzarlos se considera no pobre.

Josselinne Santizo
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NACIONALES

Nueva unidad de hemodiálisis beneficia a pacientes de Hospital de Totonicapán 

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Una mejor atención y ahorro monetario en tratamientos privados reciben pacientes renales internos del Hospital Departamental de Totonicapán, tras la entrada en funcionamiento de la unidad de hemodiálisis. 

“En un mes se han realizado 40 hemodiálisis dentro del nosocomio a ocho pacientes que necesitan entre tres y cuatro intervenciones a la semana”, informó el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). 

“El servicio es de gran beneficio, pues evita gastos económicos a los enfermos al no tener que trasladarse fuera del centro asistencial. El costo de las hemodiálisis varía, pero va desde 900 hasta 1 mil 300quetzales cada una”, explicó el nefrólogo Mario García.

Rodrigo Pérez
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Denuncian fraude en construcción de escuelas Bicentenario

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Escasez de alumnos en los lugares de construcción, bases de licitaciones arregladas para beneficiar a un solo proveedor y trabajos inconclusos fueron denunciados ayer en relación con la edificación de 14 escuelas Bicentenario.

Por estos hechos, las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) presentaron acciones penales contra Juan Carlos Alonzo Reyes y Oscar Guillermo Sierra Pacay, exdirector y exsubdirector de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), por fraude en la aprobación del concurso de 11 eventos relacionados con 14 de estos planteles.

Jazmín de la Vega, titular del Micivi, informó que la medida, interpuesta en el Ministerio Público (MP), fue porque los aludidos beneficiaron a un único proveedor: la empresa Fame Sistema Constructivo, Sociedad Anónima, que edificaría los establecimientos con material de Lego PVC.

De la Vega detalló que la denuncia debería dirigirse, por parte del MP, contra cualquier persona individual o jurídica que haya participado en la ejecución del citado contrato, según derive de la investigación penal.
La funcionaria explicó que, de las 14 escuelas, tres tienen un avance de entre el 80 y 90 por ciento. En tal sentido, se continuará con la edificación de estas, con la evaluación pertinente para que los edificios sean de calidad.

Las 11 restantes serán desistidas y se analizará con el Ministerio de Educación (Mineduc) un nuevo modelo. “No compartimos la corrupción ni las malas prácticas en el Gobierno”, puntualizó.

Por su parte, Santiago Palomo, titular de la Comisión Nacional contra la Corrupción, lamentó que cada vez más aparecen hechos anómalos y aseguró que las acciones penales son parte del saneamiento institucional. También, exigió al MP una acción oportuna.

Palomo dijo que está por concluir un tablero sistematizado que contará con las querellas presentadas por todos los ministerios y unidades ejecutoras, el cual se develará antes de los 100 días de Gobierno.

Según Lizandro Acuña, especialista en seguridad y justicia del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), el Código Penal obliga a los funcionarios públicos a presentar denuncias al encontrar anomalías en sus fiscalizaciones.

Bajo ese contexto, consideró oportuna la acción, ya que si no se hace, se cae en el delito de omisión. “Ahora, corresponde al MP realizar las investigaciones y trabajar con base en su objetividad, independientemente de quién pueda estar involucrado en los hechos”, concluyó.

Destituciones

Por entorpecer todos los procesos administrativos, al no facilitar material informativo, fueron despedidos el subdirector administrativo, jefe de contabilidad, directora de Recursos Humanos, secretario general y la asesora jurídica de la Dirección General de Caminos. Se analizará interponer denuncias contra estas personas ante el Ministerio Público, indicó Jazmín de la Vega, ministra de Comunicaciones.

Wendi Villagrán Fotógrafo: Mariano Macz
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