Foto: Sandra Sebastián y Danilo Ramírez

En la mayoría de las primeras ocho sesiones legislativas, en las que se programó la interpelación al titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), Francisco Jiménez, las bancadas Vamos y Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) lideraron la ruptura del cuórum en el Hemiciclo Parlamentario, de acuerdo con información proporcionada por la Dirección Legislativa.

De manera esporádica, las agrupaciones políticas Cabal, en cuatro veces, y Visión con Valores (Viva) e independientes, en dos, han apoyado esta acción. A ellos se han sumado, en menor medida, otros grupos parlamentarios. 

De esa cuenta, en seis oportunidades, que representa el 75 por ciento del total de reuniones estudiadas, Vamos y UNE conjuntamente guiaron la desbandada, lo que interrumpió las preguntas, según se infiere de los documentos proporcionados.

En otro momento, el desmarque fue encabezado por el bloque independiente, conformado por diputados electos por el Movimiento Semilla, y esto se debió a que las preguntas que se hacían al ministro Jiménez no tenían nada qué ver con el tema del interrogatorio, según estos legisladores. 

“Lo que hace la interpelación es entrampar la agenda legislativa”. Laura Marroquín. Diputada del Movimiento Semilla

En una oportunidad más, no se interrogó al funcionario porque se presentó una moción privilegiada para conocer y aprobar la primera ampliación presupuestaria solicitada por el Gobierno, que luego fue dejada en suspenso por la Corte de Constitucionalidad (CC).

El encargado de la cartera del Interior es el primer ministro de Estado que ya culminó su interrogatorio en el Legislativo. 

Están en lista de espera los jefes de Relaciones Exteriores, Carlos Martínez; de Comunicaciones, Félix Alvarado; de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso, y de Desarrollo Social, Abelardo Pinto.

Jiménez dijo, al concluir su cuestionario, que sigue comprometido con la transparencia. “Algo importante es que dejamos un mecanismo abierto para la rendición de cuentas”, afirmó.

Alvarado ha comentado que estas convocatorias generan un obstáculo para el funcionamiento del Ejecutivo. Las citaciones consumen una cantidad considerable de tiempo y recursos que deberían destinarse a atender necesidades urgentes en el país.   

No es una estrategia

“Recordemos que somos la bancada mayoritaria y, tal vez, por eso somos los más visibles al observarse un rompimiento del cuórum. Pero no solamente somos nosotros, también han sido muchas bancadas”, indicó Héctor Aldana, diputado de Vamos. 

Luego, agregó: “Hemos escuchado cómo se ha desempeñado el titular de Gobernación y a lo interno hacemos nuestros análisis de lo que contesta. Por eso, hemos tenido una participación no visible en el Pleno, pero sí fuera de él”. 

Mientras, César Fión, subjefe de bancada de la UNE, dijo que no hay ninguna instrucción desde la jefatura o subjefatura para que los parlamentarios abandonen el Hemiciclo durante el cuestionamiento a Jiménez y que estos están en libertad de asistir y retirarse a la hora que lo consideren. 

“Las interpelaciones tienen el inconveniente de que empiezan con más de una hora de retraso y ya a la una de la tarde, algunos por la edad, por almuerzo u ocupaciones, dejan el Pleno”, remarcó.

15 veces se presentó el ministro de Gobernación al Congreso para ser cuestionado.

Retrasa agenda

Laura Marroquín, parlamentaria electa por el Movimiento Semilla, dijo en su momento que el proceso contra el titular de la cartera del Interior entrampa la agenda legislativa que debiera estar respondiendo a las verdaderas necesidades de los guatemaltecos. 

Al retrasarse, los parlamentarios se “desesperan y, por eso, se van a hacer trabajo distrital, porque consideran que esto es mucho más importante que tener parqueado al ministro de Gobernación”, agregó Marroquín, en referncia a la ausencia de congresistas. 

Julio Héctor Estrada, de Cabal, también también emitió su punto de vista al respecto. 

“Un poco la falta de puntualidad es lo que ha afectado. No hay una estrategia específica de romper el cuórum. Inclusive, somos de los que queremos que termine este asunto para seguir con la otra y recuperar el espacio en la agenda parlamentaria”, aseveró el entrevistado.

Fotos: MIngob

Concluidos los trabajos de remodelación y entregados oficialmente al presidente Bernardo Arévalo, entre el sábado y ayer, fueron trasladados 131 reos de alta peligrosidad al Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación I, antes El Infiernito, en Escuintla.

El Ministerio de Gobernación (Mingob) llevó de diferentes presidios como Cantel, Quetzaltenango; Pavón, Fraijanes; Matamoros, zona 1 capitalina, y Chimaltenango a los reclusos hacia el mencionado penal, donde deberán cumplir sus condenas bajo estrictas medidas de vigilancia.

Francisco Jiménez, titular del Mingob, anunció en un mensaje a la nación esta primera fase de movimientos y afirmó: “Misión cumplida, pueblo de Guatemala y presidente Bernardo Arévalo. Los privados de libertad que más daño le hacían a la sociedad ahora están bajo control total”.

“Pueblo de Guatemala, señor Presidente: Misión cumplida. Los reos que tanto daño hacían a la sociedad están bajo total control”. Francisco Jiménez Ministro de Gobernación

Perfilados

A su llegada a Renovación I, todos los reclusos fueron perfilados por medio de un escáner de alta tecnología. Asimismo, se actualizó la base de datos del Sistema Penitenciario (SP) para que puedan ser identificados plenamente.

Cada uno recibió uniforme de color anaranjado. Las autoridades resaltaron que el procedimiento se realizó con estricto respeto a los derechos humanos, pues el operativo se centró en las leyes vigentes.
El director del SP, Sergio Vela, estuvo en la entrada del recinto para supervisar el ingreso de los delincuentes, quienes quedaron confinados en el lugar.

Mientra, los funcionarios del despacho del Interior supervisaron las tareas desde el Centro de Monitoreo de Presidios. Fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil (PNC) hicieron despliegues.

La intervención de El Infiernito se inició el pasado 2 de junio, luego de detectarse irregularidades, como la existencia de un zoológico, apartamentos y acceso a internet dentro del recinto.

En esa ocasión, se trasladadó de manera temporal a 225 pandilleros para permitir la recuperación de la cárcel, eliminar privilegios y limitar la comunicación externa, y así reducir el riesgo de actividades ilícitas.
Ya no es refugio delictivo

El Infiernito ofrecía un centro de operaciones ilícitas. La nueva infraestructura busca evitar que la prisión continúe siendo un refugio de actividades delictivas y garantizar su control por parte del Estado, añadió el ministro.

131 privados de libertad quedaron confinados en el nuevo centro. 

Las mejoras incluyeron un sistema de rayos X en la entrada para detectar objetos prohibidos, refuerzo en el personal de guardia penitenciaria y una moderna red de cámaras que permite monitoreo continuo.

Asimismo, un área de audiencias judiciales en línea, que mejora la seguridad y eficiencia en procesos legales. Además, se habilitó una clínica para atención de la salud, que también contará con un espacio destinado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para procedimientos médicos y peritajes, entre otras medidas de blindaje.

Cuando culminó la reparación, el mandatario Arévalo advirtió que las cárceles ya no serán “centros del crimen”, ya que, de acuerdo con diversos informes, miles de extorsiones que se hacen mensualmente en Guatemala tienen su origen en las prisiones.

Actualmente, hay alrededor de 20 mil privados de libertad, de acuerdo con cifras oficiales de 2023 citadas por diferentes medios de prensa, lo que representa alrededor de un 300 por ciento de sobrepoblación en las cárceles.

Foto: Danilo Ramírez, Minfin y Archivo

Ejecuciones muy por debajo de los objetivos previstos para reducir el déficit de vivienda popular y señalamientos de corrupción han sido el común denominador de las acciones impulsadas para este fin por las últimas dos administraciones de gobierno. 

Estas falencias e irregularidades han impedido que el Ejecutivo solucione la demanda habitacional que, de acuerdo con cifras oficiales, asciende a 2 millones de unidades.

“Con base a la meta presidencial de bajar en un 4 por ciento en 2019, se realizó en 2016 una programación multianual, que por temas presupuestarios, no logró el avance esperado. La reducción observada fue del 0.83 por ciento”, se lee en el Cuarto Informe del último año de la gestión de Jimmy Morales.

El citado documento también señala que el Fondo para la Vivienda (Fopavi) “otorgó, de 2016 a octubre de 2019, 16 mil 280 subsidios para vivienda de familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema, por un monto de 623 millones de quetzales (225.9 millones de quetzales en 2019)”.

Agrega que durante “esta administración se entregó, además, 1 mil hogares a afectados por la erupción del volcán de Fuego, tragedia ocurrida en junio de 2018”. 

Sin embargo, en septiembre, poco antes de que Morales entregara el poder, se conoció que varios inmuebles recién entregados empezaron a presentar deficiencias en su infraestructura como, por ejemplo, filtraciones en los techos, agua entubada turbia y malos olores que salían de los drenajes. 

Necesidad e irregularidades

Entre 2020 y 2023 se entregaron 51 mil 376 créditos por medio del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), así como 36 mil 261 subsidios para la adquisición de casas, se construyeron 37 mil 202 y se habría beneficiado a 36 mil 261 familias, según el Informe de Transición 2023-2024.

En dicho documento también se destaca la realización de tres ferias para la compra de residencias, en la que participación 19 desarrolladores, 4 entidades financieras y más de 20 mil asistentes. 

En marzo de 2024, las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) denunciaron anomalías en Fopavi, las cuales se habrían cometido en la administración anterior, los que incluían documentos en blanco firmados, obras pagadas sin ejecutar e incumplimientos de los reglamentos operativos.

Uno de los expedientes refiere un proyecto de construcción de 194 domicilios en Nahualá, Sololá. En dicho caso se determinó que físicamente no existen 68. En Jalapa, pasó algo similar. En ese punto se planificó la edificación de 15 casas, se pagó el 50 por ciento (924 mil 500 quetzales), pero no se encontró avance físico. 

Adicionalmente, las autoridades reportaron presuntas estafas en Conguaco, Jutiapa. De este, se registró que la documentación del proyecto, que beneficiaría a 215 familias, no corresponde con la supuesta obra.

En voz de expertos

Amanda Morán, directora del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR), recordó que hace tiempo se cambió la política de construir los inmuebles y se priorizó la entrega de dinero. 

“Esa metodología ha sido la que menos ha funcionado, porque permitió que algunas empresas se apropiaran de los recursos o que algunas familias no lo utilizaban para lo que se les daba, lo que se ve reflejado ahora, cuando hay más déficit habitacional”, aseguró la jefa del CEUR.

La experta consideró que este programa “ha sido de poca amplitud, insuficiente para la demanda existente, un paliativo que nunca ha tenido mucha regulación”, destacó Morán. 

Ninotchka Matute, concejal octavo de la comuna capitalina, afirmó que el saqueo de los fondos públicos es una condena a la que se ha tenido sometido al país, que se refleja, negativamente, en índices que son importantes para asegurar un mejor futuro a los guatemaltecos. 

“Los jóvenes están condenados no solo por esa falta de capacidad de poner metas y no cumplirlas, que han demostrado los anteriores gobiernos, los cuales se han enfocado en buscar beneficios propios a través de la corrupción”, comentó.

La funcionaria edil plantea la siguiente reflexión: “Ante la imposibilidad que tienen los jóvenes para encontrar sueldos o trabajos decentes, que les permitan accesar a hogares propios, deciden irse”.

La eterna indecencia

Ariel Hernández, director de Fopavi, se refirió al tema desde esta perspectiva. “La corrupción es un flagelo que viene de años en el Estado y, sin lugar a dudas, tiene su efecto negativo en el resultado” de las políticas públicas.

El funcionario indicó que para evitar que se vuelvan a repetir casos de saqueo de los fondos públicos y malas prácticas, se ha fortalecido el área de supervisión de obras. Esta dependencia define el avance físico de los proyectos, realiza visitas de campo y elabora los informes que respaldan los desembolsos a las desarrolladoras o las compañías que tiene a su cargo las construcciones.

De acuerdo con el entrevistado, lo mismo se ha hecho en las áreas jurídica y social, cuyo personal contacta a los comunitarios, principalmente, para orientarlos sobre cómo presentar las solicitudes. Dijo que la idea es facilitar los trámites, sin descuidar los controles de probidad.

Matute y Morán coincidieron en la necesidad que tienen los guatemaltecos de pocos recursos económicos de acceder a viviendas dignas y con facilidades de pago.

“El hecho de tener un espacio habitable genera protección y una serie de efectos positivos en el desarrollo social que tienen que ver con el bienestar y con cosas más sutiles relacionadas con la dignificación y estado emocional de los compatriotas”, expresó Matute.

La directora del CEUR concluyó que no tener una casa frustra e impide el desarrollo y el bienestar de las familias.

Un proyecto distinto y probo

Selvin Méndez y su familia recibieron las llaves de la primera residencia que entregó el gobierno del presidente Bernardo Arévalo y Karin Herrera, mediante la aprobación de créditos blandos que subsidia el Ejecutivo, en el marco del Programa Mi Primera Casa, el cual cuenta con un fondo inicial de 750 millones de quetzales. 

Con dicho esfuerzo se espera beneficiar a 10 mil familias en los cuatro años de la administración de Arévalo y Herrera. Está previsto que en lo que resta del año se financiarán 350 y en 2025, 3 mil 500. 

La iniciativa respaldará dos tipos de casas: una hasta por 330 mil quetzales, con una tasa de interés del 5 por ciento, y otra hasta por 630 mil quetzales, con 5.5 por ciento de intereses. Las cuotas serán hasta por 40 años. 

En 2023 se autorizaron 373 millones de quetzales en una hora

En noviembre del año pasado, cuando el anterior gobierno se preparaba para entregar el poder, la entonces Junta Directiva del Fopavi aprobó, en una reunión que duró una hora, 10 mil 664 subsidios por un monto de 373 millones de quetzales, informó Ariel Hernández, director de dicha institución.

Este caso se judicializó después de que un integrante de la Directiva presentó un amparo, el 13 de mayo de 2023, a fin de que se cumpliera con lo programado. Esa acción legal limitó la ejecución presupuestaria de la entidad en 2024, señaló Hernández.

Luego, el 15 de octubre, se les notificó que, en sentencia definitiva, se dejaron vigentes los apoyos financieros.

“No es que se vayan a desembolsar los recursos en automático y que solo se van a ver los listados aprobados y se entreguen. Tenemos procedimientos claros y mecanismos de control para garantizar que el uso de los recursos sea el apropiado”, respondió Hernández, al preguntarle cómo se garantizará la probidad en la ejecución de los fondos.

Avances y obstáculos

Hasta a la fecha, el Fopavi ha otorgado 3 mil 200 subsidios, manifestó el entrevistado. Hernández recordó que las anteriores autoridades no dejaron aprobadas las entidades intermediarias autorizadas para efectuar los estudios socioeconómicos de las familias que buscan el apoyo monetario.

Estas son instituciones externas como organizaciones no gubernamentales o bancos, precisó. 

“Los estudios socioeconómicos son requisitos para optar al crédito y el no contar con las empresas designadas nos limitó durante muchos meses, pero avanzaremos en la entrega de las subvenciones”, subrayó el directivo.

La actual Junta Directiva del Fopavi ya autorizó estas entidades para 2024 y 2025. “Eso nos va a ayudar, en gran medida, a avanzar, cosa que no fue favorable, digamos, en el 2024”, expresó.