Foto: Danilo Ramírez, Minfin y Archivo
Ejecuciones muy por debajo de los objetivos previstos para reducir el déficit de vivienda popular y señalamientos de corrupción han sido el común denominador de las acciones impulsadas para este fin por las últimas dos administraciones de gobierno.
Estas falencias e irregularidades han impedido que el Ejecutivo solucione la demanda habitacional que, de acuerdo con cifras oficiales, asciende a 2 millones de unidades.
“Con base a la meta presidencial de bajar en un 4 por ciento en 2019, se realizó en 2016 una programación multianual, que por temas presupuestarios, no logró el avance esperado. La reducción observada fue del 0.83 por ciento”, se lee en el Cuarto Informe del último año de la gestión de Jimmy Morales.
El citado documento también señala que el Fondo para la Vivienda (Fopavi) “otorgó, de 2016 a octubre de 2019, 16 mil 280 subsidios para vivienda de familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema, por un monto de 623 millones de quetzales (225.9 millones de quetzales en 2019)”.
Agrega que durante “esta administración se entregó, además, 1 mil hogares a afectados por la erupción del volcán de Fuego, tragedia ocurrida en junio de 2018”.
Sin embargo, en septiembre, poco antes de que Morales entregara el poder, se conoció que varios inmuebles recién entregados empezaron a presentar deficiencias en su infraestructura como, por ejemplo, filtraciones en los techos, agua entubada turbia y malos olores que salían de los drenajes.
Necesidad e irregularidades
Entre 2020 y 2023 se entregaron 51 mil 376 créditos por medio del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), así como 36 mil 261 subsidios para la adquisición de casas, se construyeron 37 mil 202 y se habría beneficiado a 36 mil 261 familias, según el Informe de Transición 2023-2024.
En dicho documento también se destaca la realización de tres ferias para la compra de residencias, en la que participación 19 desarrolladores, 4 entidades financieras y más de 20 mil asistentes.
En marzo de 2024, las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) denunciaron anomalías en Fopavi, las cuales se habrían cometido en la administración anterior, los que incluían documentos en blanco firmados, obras pagadas sin ejecutar e incumplimientos de los reglamentos operativos.
Uno de los expedientes refiere un proyecto de construcción de 194 domicilios en Nahualá, Sololá. En dicho caso se determinó que físicamente no existen 68. En Jalapa, pasó algo similar. En ese punto se planificó la edificación de 15 casas, se pagó el 50 por ciento (924 mil 500 quetzales), pero no se encontró avance físico.
Adicionalmente, las autoridades reportaron presuntas estafas en Conguaco, Jutiapa. De este, se registró que la documentación del proyecto, que beneficiaría a 215 familias, no corresponde con la supuesta obra.
En voz de expertos
Amanda Morán, directora del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR), recordó que hace tiempo se cambió la política de construir los inmuebles y se priorizó la entrega de dinero.
“Esa metodología ha sido la que menos ha funcionado, porque permitió que algunas empresas se apropiaran de los recursos o que algunas familias no lo utilizaban para lo que se les daba, lo que se ve reflejado ahora, cuando hay más déficit habitacional”, aseguró la jefa del CEUR.
La experta consideró que este programa “ha sido de poca amplitud, insuficiente para la demanda existente, un paliativo que nunca ha tenido mucha regulación”, destacó Morán.
Ninotchka Matute, concejal octavo de la comuna capitalina, afirmó que el saqueo de los fondos públicos es una condena a la que se ha tenido sometido al país, que se refleja, negativamente, en índices que son importantes para asegurar un mejor futuro a los guatemaltecos.
“Los jóvenes están condenados no solo por esa falta de capacidad de poner metas y no cumplirlas, que han demostrado los anteriores gobiernos, los cuales se han enfocado en buscar beneficios propios a través de la corrupción”, comentó.
La funcionaria edil plantea la siguiente reflexión: “Ante la imposibilidad que tienen los jóvenes para encontrar sueldos o trabajos decentes, que les permitan accesar a hogares propios, deciden irse”.
La eterna indecencia
Ariel Hernández, director de Fopavi, se refirió al tema desde esta perspectiva. “La corrupción es un flagelo que viene de años en el Estado y, sin lugar a dudas, tiene su efecto negativo en el resultado” de las políticas públicas.
El funcionario indicó que para evitar que se vuelvan a repetir casos de saqueo de los fondos públicos y malas prácticas, se ha fortalecido el área de supervisión de obras. Esta dependencia define el avance físico de los proyectos, realiza visitas de campo y elabora los informes que respaldan los desembolsos a las desarrolladoras o las compañías que tiene a su cargo las construcciones.
De acuerdo con el entrevistado, lo mismo se ha hecho en las áreas jurídica y social, cuyo personal contacta a los comunitarios, principalmente, para orientarlos sobre cómo presentar las solicitudes. Dijo que la idea es facilitar los trámites, sin descuidar los controles de probidad.
Matute y Morán coincidieron en la necesidad que tienen los guatemaltecos de pocos recursos económicos de acceder a viviendas dignas y con facilidades de pago.
“El hecho de tener un espacio habitable genera protección y una serie de efectos positivos en el desarrollo social que tienen que ver con el bienestar y con cosas más sutiles relacionadas con la dignificación y estado emocional de los compatriotas”, expresó Matute.
La directora del CEUR concluyó que no tener una casa frustra e impide el desarrollo y el bienestar de las familias.
Un proyecto distinto y probo
Selvin Méndez y su familia recibieron las llaves de la primera residencia que entregó el gobierno del presidente Bernardo Arévalo y Karin Herrera, mediante la aprobación de créditos blandos que subsidia el Ejecutivo, en el marco del Programa Mi Primera Casa, el cual cuenta con un fondo inicial de 750 millones de quetzales.
Con dicho esfuerzo se espera beneficiar a 10 mil familias en los cuatro años de la administración de Arévalo y Herrera. Está previsto que en lo que resta del año se financiarán 350 y en 2025, 3 mil 500.
La iniciativa respaldará dos tipos de casas: una hasta por 330 mil quetzales, con una tasa de interés del 5 por ciento, y otra hasta por 630 mil quetzales, con 5.5 por ciento de intereses. Las cuotas serán hasta por 40 años.
En 2023 se autorizaron 373 millones de quetzales en una hora
En noviembre del año pasado, cuando el anterior gobierno se preparaba para entregar el poder, la entonces Junta Directiva del Fopavi aprobó, en una reunión que duró una hora, 10 mil 664 subsidios por un monto de 373 millones de quetzales, informó Ariel Hernández, director de dicha institución.
Este caso se judicializó después de que un integrante de la Directiva presentó un amparo, el 13 de mayo de 2023, a fin de que se cumpliera con lo programado. Esa acción legal limitó la ejecución presupuestaria de la entidad en 2024, señaló Hernández.
Luego, el 15 de octubre, se les notificó que, en sentencia definitiva, se dejaron vigentes los apoyos financieros.
“No es que se vayan a desembolsar los recursos en automático y que solo se van a ver los listados aprobados y se entreguen. Tenemos procedimientos claros y mecanismos de control para garantizar que el uso de los recursos sea el apropiado”, respondió Hernández, al preguntarle cómo se garantizará la probidad en la ejecución de los fondos.
Avances y obstáculos
Hasta a la fecha, el Fopavi ha otorgado 3 mil 200 subsidios, manifestó el entrevistado. Hernández recordó que las anteriores autoridades no dejaron aprobadas las entidades intermediarias autorizadas para efectuar los estudios socioeconómicos de las familias que buscan el apoyo monetario.
Estas son instituciones externas como organizaciones no gubernamentales o bancos, precisó.
“Los estudios socioeconómicos son requisitos para optar al crédito y el no contar con las empresas designadas nos limitó durante muchos meses, pero avanzaremos en la entrega de las subvenciones”, subrayó el directivo.
La actual Junta Directiva del Fopavi ya autorizó estas entidades para 2024 y 2025. “Eso nos va a ayudar, en gran medida, a avanzar, cosa que no fue favorable, digamos, en el 2024”, expresó.
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