Amy Zepeda

SEAL asociado a Servicios Integrados a la Exportación Agexport

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El mundo comienza lentamente a dejar atrás los embates generados por la crisis sanitaria del Covid-19. La pandemia, evidentemente, ocasionó serios inconvenientes e interrupciones en el normal desenvolvimiento de las actividades comerciales globales. Es más, una de las zonas más afectadas por esta contingencia fue América Latina y el Caribe.

Proyecciones entregadas por distintos organismos, como el informe sobre la Situación y Perspectivas de la Economía Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que indica al respecto que la economía mundial crecerá 1.9 por ciento en 2023 y se elevará moderadamente en 2.7 por ciento en 2024. En América Central, las autoridades del Banco Central de Guatemala (BCG), aseguraron que esperan tener durante el 2023 un ligero crecimiento en el consumo interno y estabilidad en las exportaciones, pese a la desaceleración económica mundial por los conflictos internacionales, la escasez de materia prima y múltiples interrupciones en cadenas de suministro producidas por las todavía presentes congestiones portuarias en algunos terminales.

En el caso de confirmarse lo proyectado por el BCG, la nación podría registrar durante el presente año un PIB que rondará en los US $75 mil millones. Este registro marcaría un leve aumento económico. Es más, el ente había comentado hace algunas semanas que, la última vez que la tasa de crecimiento de Guatemala cayó fue en 2020, cuando el PIB registró un margen negativo de 1.8 puntos porcentuales.

El 2022, Guatemala logró algo que para muchos fue catalogado como ”impresionante“.

No debemos olvidar que en 2022 Guatemala logró algo que para muchos fue catalogado como “impresionante”; fue la única nación de toda América Latina que tuvo una perspectiva positiva en su calificación regional, lo que refleja un desempeño fiscal y económico mucho mejor de lo esperado al inicio de la pandemia del Covid-19. Para muchos expertos, el país mostró resiliencia y datos positivos de crecimiento fiscal, motivo por el cual el panorama es propicio para la calificación que obtuvo este año.

Por otra parte, el aumento en la producción de los sectores de agroindustria, construcción y turismo son mencionados como industrias claves para reactivar la economía durante el 2023. Es más, el Banco Interamericano y Desarrollo (BID) corroboró esta tendencia, al manifestar que estas tres actividades económicas podrían ser las que logren impulsar al resto de la producción. Incluso, se habla de un 20 por ciento más que el promedio de los otros sectores de la economía local.

Guatemala trabaja fuerte para crecer económicamente. Lograr sus objetivos dependerá de si sabe aprovechar una serie de oportunidades que posibilitan abrir nuevos mercados, ejecutando políticas públicas enfocadas a generar capacitación de recursos humanos, potenciar las pequeñas y medianas empresas y fomentar la inversión nacional y extranjera, incorporando siempre a todos los sectores económicos del país.

Colaborador DCA

Manuel Casado 

Catedrático emérito de la Facultad de Filosofía y Letras

Con una fiabilidad digna de una encuesta sociológica, la Real Academia Española (RAE) ofrece periódicamente, al terminar cada año, un perfil de lo que ocupa la mente (pero, sobre todo, el cuerpo) de los hablantes de la lengua española.

La inminente celebración del IX Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), en Cádiz del 27 al 30 de este mes de marzo, proporciona una buena ocasión para echar una somera mirada a las innovaciones léxicas que las Academias de la Lengua (RAE y Asociación de Academias de la Lengua Española, Asale) han venido incorporando, a lo largo de los últimos años, al Diccionario de la Lengua Española (DLE), es decir, al Diccionario común u oficial del idioma.

Las innovaciones se refieren, básicamente, a nuevas entradas léxicas y a nuevas definiciones o acepciones de voces ya registradas. Con tales aportes, pertenecientes a todo el mundo hispánico, se podría diseñar un perfil significativo de la vida de los hablantes de español, de sus valores en alza, de sus (pre)ocupaciones e intereses, y también, por omisión, de sus
olvidos y negligencias.

Las innovaciones se refieren, básicamente, a nuevas entradas léxicas y a nuevas definiciones o acepciones de voces ya registradas.

Sin pretensión de exhaustividad, las novedades léxicas o semánticas que se vienen registrando en el DLE se inscriben en unas cuantas áreas de interés, como se verá: las nuevas tecnologías, el entretenimiento (campos ambos ampliamente solapados), la salud, el deporte y la gastronomía (también con importantes zonas en común), y no mucho más. Da la impresión de que solo hasta ahí llega el consenso en esta comunidad hispanohablante de comienzos del siglo XXI.

En el ámbito de las nuevas tecnologías abundan los neologismos que designan instrumentos, técnicas, prácticas y aplicaciones informáticas que se han puesto a nuestra disposición en los últimos años: blog y bloguero, chat y chatear, meme, mensajear, viralizar, multitarea, encriptado, rúter y derivados, clic, macrodatos, tuit y derivados, wifi, dron y flap, led y mediateca…

Se ha visto disparado el número de palabras compuestas con cíber-, si bien no todas registradas aún en la lexicografía académica (prescindo de derivados): ciberacoso, ciberarte, ciberataque, cibercafé, cibercultura, ciberdelincuencia, ciberdelito…

                                Continuará… 

Universidad de Navarra

Gaspar Jenkins

Profesor e investigador del Centro de Justicia Constitucional, Facultad de Derecho

Sin embargo, también ha existido una reflexión sobre los elementos esenciales del principio en sí y, en especial, sobre la forma en que es utilizado el concepto de “poder”. En 1900, por ejemplo, Jellinek recalcaba la indivisibilidad del poder del Estado como elemento central para su consolidación individual (ello, con base en la idea de soberanía que no reconoce dentro del territorio estatal “poderes iguales”), mientras que Heller, un par de décadas más tarde, nos habló de la acción unitaria del Estado, cuyos actos no pueden ser imputados sino solo a él, nunca a un órgano exclusivo o a una autoridad específica, producto de derivar el “poder político” de una relación constante entre gobernantes y “súbditos”.

De esta forma, el “poder” soberano del Estado se caracteriza por no reconocer autoridad alguna por sobre sí, ya que nadie se le puede oponer o superponer dentro de sus fronteras. Por esto, poco a poco, se ha dejado de utilizar académicamente la expresión “separación de poderes” (salvo para fines explicativos y/o figurativos) por considerarse inadecuada técnicamente.

Karl Loewenstein, en su Teoría de la Constitución, propondría dejar atrás la expresión para comenzar a hablar del principio de “distribución de funciones”, puesto que el sentido de esta garantía será reconocer la necesidad de dividir y controlar el ejercicio del poder político del Estado en distintos órganos de su interior.

Jellinek recalcaba la indivisibilidad del poder del Estado como elemento central para su consolidación individual.

De esta manera, el “poder político” sigue siendo indivisible, pero los mecanismos y vías para su ejercicio podrán ser distribuidos entre varios entes públicos, según las diversas funciones establecidas por la Constitución, siendo inclusive posible entregar una misma función (o funciones similares) a órganos distintos, evitando miradas estancas que caracterizaban el entendimiento clásico de la separación de poderes (así, si en un primer momento solo se entendía que el Poder Legislativo era capaz de dictar normas generales y abstractas, ahora es posible entender que esa función puede ser entregada a diversos órganos, como el Congreso, a través de la ley, o el Presidente de la República, mediante reglamento, aunque con ámbitos y alcances distintos).

Lo importante, eso sí, será alcanzar el efectivo “contrapeso” entre estos órganos y sus funciones, cosa que se logra dotándolos para el ejercicio de sus labores específicas de una autonomía real y adecuada que les permita llevar a cabo sus tareas sin la interferencia indebida de las demás entidades públicas, estatuyendo, eso sí, como contracara a dicha autonomía, un régimen de responsabilidades específicas a las que se someterán sus autoridades en caso de que actúen fuera de sus límites jurídicos.

                                                                                 Continuará… 

Universidad del Desarrollo