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EDITORIALES

Otro plan para frenar la migración

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Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos otorgaron ayuda para los países europeos que fueron devastados por los efectos del enfrentamiento. A partir de 1948 a 1951, se estableció el llamado European Recovery Program (ERP), conocido como el Plan Marshall, en honor al secretario de Estado George Marshall, quien lo ideó y que por ello recibió el Premio Nobel de la Paz en 1953.

No menos de 13 mil millones de dólares fueron distribuidos entre 18 países afectados, dándole mayores porcentajes a los países aliados en aquella guerra, los neutrales y los opositores con menos, incluso se propuso dar ayuda a la Unión Soviética, pero esta la rechazó e hizo que Alemania Oriental y Polonia tampoco aceptaran tal ayuda.

Luego de observar las caravanas de centroamericanos con rumbo a Estados Unidos, y su paso por México, el presidente electo de dicho país, Manuel Andrés López Obrador, junto a su equipo de gobierno ve que es necesario crear un plan al estilo Marshall, para revitalizar las economías del Triángulo Norte de Centroamérica y fortalecer la inversión norteamericana en el Sur mexicano, para contener la migración ilegal hacia el norte.

La futura administración del vecino país del norte busca llegar a un acuerdo con Estados Unidos, según la información que ha corrido por diferentes medios de comunicación de México, pero no se saben detalles de las pláticas diplomáticas y el nivel de participacion de los gobiernos centroamericanos, aunque se habla de una ayuda de más de 15 mil millones de dólares, en 6 años.

Se trata de invertir y dar ayuda, todo para crear condiciones de vida y de trabajo para que los pobladores más pobres de Guatemala, El Salvador y Honduras encuentren razones para quedarse en sus países y trabajar por sus familias.

Mientras tanto, el grupo Tricamex, conformado por México y los tres países del norte del istmo, elaboran un  plan para detener la migración masiva hacia el norte. Seguramente, en el encuentro entre los cancilleres involucrados, con ocasión de la toma de posesión del nuevo mandatario mexicano, se conocerán más detalles de la nueva propuesta, como de los adelantos del proyecto.

Por ahora, miles de centroamericanos están en suelo mexicano en espera de que les otorguen asilo en Estados Unidos, los contraten como trabajadores temporales en México, o tendrán que volver por donde llegaron.

Redacción DCA
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EDITORIALES

La elección de cortes debe ser limpia y sin presiones de las mafias

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Revisar nuestro pasado reciente bastaría para coincidir con la opinión del presidente Bernardo Arévalo, cuando afirma que con la elección de jueces y magistrados se pone en juego la democracia guatemalteca.

La impunidad y corrupción desmedidas, que se cometieron durante el gobierno de Alejandro Giammattei, ponen en evidencia un sistema creado para saquear el erario, el cual contó y cuenta con el apoyo de algunos fiscales, jueces y contratistas que facilitaron el actuar de las mafias de cuello blanco y conciencia negra.

Así las cosas, es cierto que la próxima selección de candidatos a dirigir la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones es un proceso fundamental, que debe ser observado por los diferentes liderazgos sociales, a los que les tocará exigir procedimientos que garanticen la independencia y probidad de los llamados a impartir justicia.

Un eventual fracaso en estas nominaciones representaría que sigamos en manos de los criminales, quienes han hundido en la pobreza y el subdesarrollo a una nación que merece otro destino. Por eso no extraña que el comisionado contra la Corrupción, Santiago Palomo, anunciara ayer que “se vienen grandes casos” de corruptela, los cuales serían denunciados desde los ministerios de Desarrollo Social y Educación.

Estas y otras querellas que se analizan en las carteras de Comunicaciones, Cultura y Agricultura, se sumarían las presentadas por la compra anómala de vacunas Sputnik, las escuelas Bicentenario o las múltiples obras de infraestructura que se pagaron casi en su totalidad, aunque los avances físicos no superan el 40 por ciento.

Insistir, promover y exigir la asunción de magistrados honestos y comprometidos con la justicia es lo mínimo que nos merecemos como sociedad y es la única garantía que tendremos para evitar los asaltos a las finanzas públicas, vía indemnizaciones cuestionadas y otras formas truculentas.

Editor DCA
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Giammattei y su gabinete deben rendir cuentas

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Poco a poco, las máscaras de la supuesta decencia empiezan a caer y la verdad comienza a evidenciar el desgobierno de la administración anterior.

Es difícil recordar un día, en los 93 transcurridos en esta nueva gestión, que no se hayan denunciado supuestos asaltos al erario, perpetrados por el equipo que lideraban el exmandatario Alejandro Giammattei y Miguel Martínez.

Las evidencias constatadas en los innumerables casos presentados dejan pocas dudas en cuanto a la corruptela que imperó del 14 de enero de 2020 al 14 de enero de 2024, por lo menos entre una buena parte de la ciudadanía que demanda justicia y castigo.

Lastimosamente, los procesos chocan contra las instituciones llamadas a investigar las querellas, por lo que los responsables de los presuntos malos manejos se mantienen impunes.

En este juego de ideas, ayer el ministro de Salud, Oscar Cordón, afirmó que la acusación que el Organismo Ejecutivo hizo contra Amelia Flores, su antecesora en el cargo, se ampliará a otros integrantes del gabinete de Giammattei, algo que los connacionales reclaman, dadas las sospechas de que los autores intelectuales del fraude cometido en la compra de las vacunas Sputnik
tenían jerarquías superiores a los exencargados de las carteras y secretarías de Estado.

De momento, todo apunta a que la denuncia incluirá a Pedro Brolo, que en su carácter de ministro de Relaciones Exteriores de Giammattei lideró las conversaciones con la empresa rusa
que vendió las Sputnik o contra quien facilitó los recursos para la transacción.

Adicionalmente, en una entrevista con la agencia EFE, el comisionado contra la Corrupción, Santiago Palomo, comunicó que los desfalcos que se cometieron durante el gobierno recién pasado se estiman entre 2 mil millones y 3 mil millones de dólares, dinero que le permitió a los ahora exfuncionarios obtener voluntades en diferentes organismos del Estado y asegurar una vida dispendiosa, aunque ello haya implicado ofensivos retrocesos en materia de desarrollo humano.

Editor DCA
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Empieza con desventaja la recuperación de instituciones públicas

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Hay que aceptarlo: las mafias llevan las de ganar. En esta lucha por transformar las instituciones del Estado, los malos parten con ventaja, sobre todo si se toma en cuenta que serán los diputados quienes, finalmente, decidirán la integración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las Cortes de Apelaciones.

Sin embargo, hay esperanzas de que la decencia se imponga y se termine escogiendo letrados probos, comprometidos con el país y respetuosos del Estado de derecho.

En este punto, existen por lo menos dos circunstancias que permiten mantener la fe. La primera tiene que ver con el papel activo que asuman los liderazgos sociales, los que han estado comprometidos con la defensa de la democracia.

A los jóvenes, pueblos indígenas y representantes sectoriales, hartos de la impunidad reinante, les tocará vigilar el proceso y levantar la voz ante posibles arbitrariedades.

De igual manera, la observancia de la comunidad internacional será determinante, así como lo fue al momento de proteger los resultados electorales y sancionar a quienes intentaron desoír la voluntad popular, con el claro objetivo de que el Organismo Ejecutivo continuara copado y al servicio de las mafias.

Aún así, las condiciones son desfavorables. De hecho, ya se conocen los movimientos que los impresentables realizan para copar a quienes integrarán las comisiones de postulación, con el fin de que incluyan a sus allegados en los listados que se elevarán al Legislativo para la selección de los magistrados.

También, existe la posibilidad de que los actuales encargados de la CSJ y de las salas de Apelaciones se nieguen a abandonar sus cargos y recurran a trucos legales a sabiendas de que tienen el apoyo de una buena parte de quienes componen el Organismo Judicial, la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Parlamento.

En fin, la convocatoria para la integración de las postuladoras, que tiene previsto efectuar hoy el Congreso, será un nuevo enfrentamiento entre el bien y el mal, batalla en la que, valga decir, aventaja la nueva primavera.

Editor DCA
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