EDITORIALES
Lanzan el cuarto Gobierno Abierto
En julio de 2011, Guatemala quedó adherida a la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership –OGP-, en inglés), la cual se ratificó un año después, instancia internacional que cuenta actualmente con 75 países que trabajan en planes bianuales, como actualmente lo hace nuestro país.
Este modelo apareció en la década de los 70 del siglo pasado, en Inglaterra, donde se buscaba la apertura del Gobierno para que se permitiera la participación ciudadana, y con los años se fue convirtiendo en una práctica internacional en la que importa la mejora de los servicios que da el Estado, robustecer la transparencia y la rendición de cuentas, además de innvovar con nuevas tecnologías que ayuden a informar y fiscalizar procesos.
El Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2016-2018 fue creado bajo la idea fundamental de sumar voluntades y unificar esfuerzos de todas las entidades estatales y organizaciones de la sociedad civil que conformaron la Mesa Técnica de Gobierno Abierto.
En Guatemala, el mencionado plan se sustenta en cinco ejes: acceso a la información pública, innovación tecnológica, participación ciudadana, rendición de cuentas, transparencia fiscal, y se organiza en una mesa de trabajo que es un foro multisectorial en el que se confluye a los tres organismos de Estado, entidades públicas y autónomas, organizaciones de la sociedad civil y observadores.
Para continuar con esta práctica, ayer, el presidente Jimmy Morales lideró el lanzamiento del Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020. El mandatario hizo acento en que este mecanismo debe seguir dando pasos firmes para una administración pública más eficaz, eficiente y transparente.
Como ejemplo de transparencia, Morales se refirió a la eficiente labor que realizan las Organizaciones de Padres de Familia, que se encargan de administrar los fondos para los alimentos de sus hijos, esfuerzo que ha proveído de refacciones escolares a los estudiantes de preprimaria y primaria en todo el país, y que es ejemplo, a tal punto que varios países latinoamericanos han solicitado transferirles tal experiencia.
En la elaboración de este Plan de Gobierno Abierto 2018-2020 participaron mas de 25 organizaciones de la sociedad civil y 47 entidades estatales, y se consideró el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que constituyen la meta mundial, y el Katún 2032, que es el gran plan nacional.
La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, y los magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC) se hicieron fama, nada prestigiosa por cierto, pero lejos de dormirse se mantienen despiertos para perseguir todo aquel movimiento que vaya contra sus
intereses o los de sus protegidos.
La reputación que tienen Porras y sus operadores cercanos, cierta o no, es reprobable, porque pareciera que van contra un pueblo que confió en nuevas figuras políticas para dirigir el país.
La insistencia del MP de revertir los resultados electorales es tan inexplicable como ridícula, tan solo comparable con los procesos abiertos contra cuatro integrantes de las comisiones que van a definir a los candidatos para el Organismo Judicial (OJ) y las Cortes de Apelaciones porque participaron en un encuentro de expertos.
La CC también continúa en su papel de defender lo indefendible, aunque ello atente contra las dependencias públicas y el bienestar de los guatemaltecos. Qué les importa, ellos tienen
claro a quiénes deben rendirle cuentas o pagarle facturas.
Lo cierto es que estas instituciones perdieron el recato, lo que colmó la paciencia de buena parte de la sociedad civil organizada y la comunidad internacional que ayer expresaron mensajes contundentes contra el proceder de fiscales, jueces y magistrados.
El manifiesto público lo suscriben 16 entidades extranjeras, que resume las preocupaciones que le plantearon a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que visitan Guatemala después de siete años de no haber sido invitados por el Gobierno.
En el comunicado, las organizaciones internacionales expresaron su profunda preocupación por el debilitamiento de la democracia y la situación crítica del sistema de justicia, en especial, por los abusos del MP y la reiterada protección que Porras le procura a las mafias y mafiosos.
Además, alertan a la CIDH para que inste a la CC a que se abstenga de boicotear el trabajo de las postuladoras. La reflexión final es que así como grupos internos y externos condenan las maniobras descritas, los compatriotas que se juegan su futuro y el de sus hijos están obligados a tener los ojos abiertos contra los despropósitos.
Como parte de un ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia, el Ministerio de Gobernación (Mingob) detalló algunos logros alcanzados durante el primer semestre de 2024, en el primero de los cuatro años para los que fueron electos el presidente Bernardo Arévalo y la vicegobernante Karin Herrera.
Entre los resultados más destacables del Informe de labores, por el impacto que tienen en el bienestar de los ciudadanos, la citada cartera refiere que la incidencia criminal bajó 10 por ciento, cuando se compara con períodos similares de 2022 y 2023. Además, registra una disminución del nueve por ciento en la cantidad de homicidios (la más baja en los últimos cuatro años), lo que se traduce en 111 vidas salvadas.
Adicionalmente, el 7 de febrero pasado no se reportaron muertes violentas en toda la república, mientras que en mayo del año anterior, 190 municipios, de los 340, no tenían homicidios. Además, entre los cómputos oficiales se distingue el combate contra estructuras criminales de alto
poder. Solo en las incautaciones de cocaína, el Ministerio de Gobernación (Mingob) alcanzó la suma de los decomisos de 2022 y 2023. Además, se contabillizan 634 detenidos por supuestos vínculos con el narcotráfico, entre quienes se incluyen nueve extraditables.
Otras estadísticas rescatables tienen que ver con el patrimonio de los guatemaltecos. Por ejemplo, se reporta que los asaltos y robos de vehículos cayeron un 23 por ciento, mientras que el despojo de motocicletas es un 7 por ciento más bajo. Los comercios denunciaron menos atracos y los saqueos en las residencias mantienen las cifras de 2023.
Otro golpe que resalta la cartera tiene que ver con la recuperación del Centro de Alta Seguridad Canadá, Escuintla, conocido como El Infiernito, desde donde se planificaban extorsiones contra individuos y empresas. Es importante señalar que con las mejoras se ha recuperado la institucionalidad e impuesto controles que facilitan una labor decente y proba en el Mingob, así como una efectiva relación con los comunitarios, quienes se han convertido en los principales aliados en esta lucha por la gobernanza. Para muestra, el recién habilitado Centro Anticorrupción de la Policía Nacional Civil (PNC).
En fin, el ministro Francisco Jiménez llega hoy al Pleno del Congreso con registros que muestran la construcción de un país más seguro, que se sobrepone a las confabulaciones que emanan de las mafias y mafiosos que se resisten a vivir bajo el imperio de la ley.
En ningún momento, en el Diario de Centro América (DCA) se demeritará el aporte intelectual que la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) entrega a la sociedad. Este medio tampoco se convertirá en un crítico ocasional, que lanza improperios contra un centro académico que ha formado a las
mentes más brillantes que ha tenido el país.
No, que nadie se equivoque. El DCA es respetuoso y consciente que, como la mayoría de instituciones del Estado, la Usac ha sido parte del botín que los politiqueros pretenden acaparar y someter, aunque no entiendan que no entienden que el conocimiento, el principal activo de la tricentenaria, es libre, democrático e inclusivo, valores de los cuales carecen estos malhechores.
En este marco, sí lamentamos que el compromiso de impulsar el desarrollo científico, social, humanista y ambiental que esta academia describe como parte de su Misión, se vea entorpecido por representantes del mal, incapaces de ganarse el respeto de quienes entregan y reciben el pan del saber.
Que en los últimos cuatro años la San Carlos haya sido incapaz de presentar una iniciativa de ley en el Congreso de la República es tan penoso como ridículo, sobre todo cuando se conocen las capacidades y facultades que esta universidad tiene en, prácticamente, todos los campos científicos, del arte y la cultura.
La participación que esta alma mater tiene en organismos como la Corte de Constitucionalidad, Junta Monetaria, Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Comisión Nacional de Electricidad y los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, entre otros, así como su incidencia al momento de elegir al jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, contralor general de cuentas y magistrados de las Cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones la dotan de visiones incuestionables para entender y, en especial, solventar los problemas más críticos que enfrenta el país.
Abstenerse de retomar el liderazgo que por derecho e historia le pertenece es un error que la Usac no debe permitirse, porque no solo va contra su razón de ser, sino que atenta contra el desarrollo y la prosperidad que demandan y merecen quienes sostienen la tricentenaria.
