Caracas, Venezuela | Alexander Martínez y Valentina Oropeza, AFP

La oposición venezolana se moviliza este sábado en Caracas para presionar por un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, quien decretó el estado de excepción por 3 meses denunciando maniobras desde Estados Unidos para intentar un golpe de Estado en su contra.

Los manifestantes se concentrarán en una avenida del oeste de la capital, donde dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunciarán acciones para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) cumpla los plazos legales y realice la consulta este año.

Por su parte, el oficialismo marchará hasta la Plaza Diego Ibarra (centro de Caracas), donde Maduro prevé anunciar nuevas medidas para enfrentar la severa crisis económica, reflejada en una inflación voraz (180.9 por ciento en 2015) y severa escasez de bienes básicos.

Las movilizaciones se producen luego de que el viernes Maduro, en una cadena televisiva, firmó un decreto de «estado de excepción y de emergencia económica» contra la «agresión externa» que, aseguró, se cierne sobre su país.

A su juicio, Estados Unidos urde esas maniobras para «acabar con las corrientes progresistas en América Latina». Maduro amplió de este modo los alcances de un decreto de emergencia económica vigente desde enero y cuya prórroga de dos meses expiraba este sábado.

Este nuevo decreto es «más completo, más integral, de protección de nuestro pueblo, de garantía de paz, de garantía de estabilidad, que nos permita durante este mes de mayo, junio, julio, y toda la extensión que vamos a hacer constitucionalmente durante el año 2016 y seguramente durante el año 2017, recuperar la capacidad productiva», añadió.

Maduro -enfrentado a una severa crisis económica y cuya gestión reprueba un 68 por ciento de los venezolanos, según la firma Venebarómetro- no detalló si la medida implicará restringir derechos civiles.

Según el periódico The Washington Post, funcionarios del servicio de inteligencia estadounidense estiman que el gobierno de Venezuela podría ser derrocado este año por una insurrección popular.

«Se puede oír el crujido del hielo. Se sabe que llega una crisis», comentó un funcionario de inteligencia citado este viernes por el diario.

Estados Unidos estima tener poca influencia en lo que sucede en Venezuela y sobre todo teme que el país colapse, según The Washington Post.

Al dictar el decreto, Maduró criticó un encuentro que sostuvieron el viernes dirigentes opositores con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, durante un foro en Miami.

Allí, Almagro dijo que el referendo revocatorio debe realizarse antes de diciembre, y planteó la posibilidad de invocar la Carta Democrática Interamericana para debatir el estado de la democracia venezolana en la OEA.

No realizar la consulta este año constituiría el «peor acto de corrupción política», advirtió el secretario.

– ¿Restringir garantías? -El diputado opositor Tomás Guanipa denunció que el estado de excepción busca «desestabilizar el país e impedir el revocatorio».

Mientras, el constitucionalista José Ignacio Hernández señaló que, si bien la emergencia económica es una de las formas del estado de excepción, con el nuevo decreto «parece que se restringirán otras garantías constitucionales».

El pasado 2 de mayo, la MUD entregó al CNE 1.8 millones de firmas para pedir la activación de un revocatorio contra Maduro, nueve veces más el número de rúbricas exigido como requisito.

La auditoría de esas firmas concluirá el 2 de junio, y si ajusta a la norma, el CNE convocará a 200 mil interesados a validar su rúbrica con la huella dactilar. Luego, la MUD debería recaudar 4 millones de firmas para que se convoque el referendo.

La oposición espera realizar la consulta a más tardar a finales de este año, pero el oficialismo sostiene que los plazos legales no lo permitirán.

Este aspecto es crucial, pues si el referendo se realiza después del 10 de enero de 2017 -cuando se cumplen cuatro años del período presidencial- y Maduro pierde, los dos años restantes los completaría el vicepresidente, designado por el jefe de Estado.

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