EDITORIALES
Oportuno y solidario apoyo para las familias más necesitadas
El tercer aporte económico que ofrece el Gobierno para apoyar a las familias más afectadas por el incremento de precios de productos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) muestra el sentido social y solidario de la administración que lideran Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
El auxilio también refleja la responsabilidad y oportuna respuesta que se debe tener ante las necesidades de los guatemaltecos con menores recursos económicos, quienes solo perciben los golpes de situaciones internacionales, como el incremento en los precios del petróleo, y los problemas en la producción de verduras y granos básicos causados por la extensa sequía que se registró semanas atrás.
Lo cierto es que los connacionales, más que explicaciones, demandan ayudas que les permitan llevar alimentos a la mesa o subsidios que financien sus apremiantes necesidades. El primer apoyo llegó el 24 de abril pasado, cuando el Organismo Ejecutivo autorizó el ingreso con cero arancel de 15 mil toneladas métricas (TM) de frijol y 55 mil TM de maíz blanco, con el fin de evitar eventuales desabastecimientos. Esta medida cobró vigencia el 1 de mayo y concluye el 31 de diciembre próximo.
A finales de mayo, se comunicó la ampliación de beneficiarios de la Tarifa Social (apoyo financiero para el pago de la luz), el cual se extendió a consumos de entre 89 kilovatios/hora mes a 99, lo que conlleva beneficiar a otras 300 mil familias cada 30 días. Ayer, el jefe de Estado detalló otros dos programas asistenciales que cobrarán vigencia inmediata; uno de ellos se extenderá al 31 de diciembre de 2024.
El primero estará dirigido a 50 mil hogares del departamento de Guatemala, que consiste en transferencias monetarias de 250 quetzales por seis meses y la segunda es un único estipendio de un mil quetzales para 100 mil hogares rurales, que viven en condiciones de pobreza, carecen de energía eléctrica y son dirigidos por mujeres.
El éxito de las autoridades no solo se mide por sus altos porcentajes de ejecución de los programas sociales y el nivel de prosperidad que lleva a las comunidades. La verdadera valía de los gobiernos la determina la fraternidad con que mira a sus hermanos.
La descripción que hace el presidente Bernardo Arévalo sobre los lujos que tenían los reos en el Centro de Alta Seguridad Canadá, El Infiernito, no termina de asombrar, pese a historias similares que la prensa ha contado en los últimos 20 años sobre los beneficios que se han recetado los convictos, quienes, se supone, han contado con la complicidad de funcionarios y agentes.
De acuerdo con el mandatario, en El Infiernito los detenidos, en su mayoría integrantes del Barrio 18, instalaron un sistema de fibra óptica que les facilitaba acceso a internet y a transmisiones televisivas. Además, disponían de piscina y habían ordenado construir y reconstruir espacios que habitaban. En ese mismo punto, cuando el gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera tomó el control, el 2 de junio pasado, se descubrieron jaulas con diversa clase de animales exóticos, además de escondites donde guardaban dinero y armas.
Hoy, esta administración tiene la responsabilidad de retomar el dominio del Sistema Penitenciario (SP), compromiso que por ineptitud, temor o corruptela las anteriores autoridades evadieron. El pueblo demanda que los penales dejen de ser hoteles cinco estrellas o centros que permiten planificar extorsiones, secuestros o asesinatos.
La tarea es compleja y llevará tiempo, pero lo importante es que ya se inició y no tiene marcha atrás. De hecho, el jefe de Estado estima que en algunas semanas la nueva prisión reciba a delincuentes altamente peligrosos, quienes tendrán los controles pertinentes a la calidad de sus crímenes y que priorice la protección de los custodios y sus familias.
Por lo menos desde 2001, la prensa registra noticias que dimensionan el fracaso en la construcción de un SP que permita reincorporar socialmente a los condenados. Fugas masivas peliculescas, jolgorios y vidas a cuerpo de rey caracterizan un sistema que está en deuda con los electores, del cual depende buena parte de la tranquilidad de los ciudadanos decentes y trabajadores, que conforman la inmensa mayoría de guatemaltecos.
De esa cuenta, cerrar las cárceles convertidas en hoteles cinco estrellas es el comienzo de un proceso llamado a terminar con los privilegios y la impunidad reinantes.
Trabajo interinstitucional e interagencial. Así define el viceministro Antinarcóticos y Seguridad Fronteriza, Werner Ovalle, las claves que le permiten al país mostrar resultados tangibles y claros en la guerra contra los cárteles internacionales de la droga. Lo que conviene agregar es que esa unidad de esfuerzos no viene del cielo y, por el contrario, se gana a pulso y con coraje.
Lo cierto es que, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, Guatemala registra grandes avances en la materia, producto de una buena coordinación entre los ministerios de Gobernación (Mingob) y de la Defensa Nacional (Mindef), junto a fiscales del Ministerio Público (MP).
Además de esa alianza interinstitucional, la batalla contra las mafias ha requerido la unidad e intercambio de información con naciones como Estados Unidos, México, Colombia y las del Triángulo Norte, algo que muchos gobiernos guatemaltecos tuvieron a la mano, pero no alcanzaron por decisión de sus autoridades.
Hoy, el mundo observa un Organismo Ejecutivo cuyos dirigentes son distintos, confiables, alejados de las mafias. Ahora, los encargados de las entidades que combaten este flagelo hablan con sinceridad y sin temor, porque saben que las estrategias acordadas no solo no se filtrarán, sino que van a contribuir al objetivo común: evitar el trasiego y consumo de narcóticos.
Del 1 de enero al 23 de junio de 2024, el Mingob incautó un 153.6 por ciento más de cocaína que la decomisada en el mismo período del año pasado. La comparación deja también saldos a favor en despojo de marihuana, crack y captura de sospechosos de integrar estos grupos de maleantes.
Sin embargo, hay datos más trascendentes, como la estrategia que busca prevenir el consumo y alertar sobre las consecuencias de estas adicciones, tarea en la que participan las carteras de Salud y Educación.
La misma relevancia tiene la conciencia que se hace entre los campesinos que siembran estos cultivos, a quienes se les apoya en la búsqueda de otras plantaciones que les permitan ganarse la vida con tranquilidad. Como lo expresó el viceministro Ovalle, observamos el producto de una función interinstitucional e interagencial que tiene como centro de atención a los ciudadanos.
Más allá de la seriedad poca técnica y financiera con que el anterior gobierno y la legislatura pasada aprobaron el decreto 51-2022, Ley Temporal de Desarrollo Integral, hoy conviene centrarse en el compromiso que asumió el Estado y la necesidad de que sus organismos, en particular el Congreso y el Ejecutivo, honren una ley vigente que no tiene presupuesto, pero sí miles de beneficiados, quienes, por derecho, esperan recibir los desembolsos que se negociaron.
Insistimos, un análisis cronológico del proceso de aprobación permite hacer algunas lecturas que podrían cuestionar el verdadero fondo del proyecto. En primer lugar, la iniciativa la presentó Alejandro Giammattei el 5 de mayo de 2022 (año preelectoral); el 10 de mayo la conoció el Pleno del Legislativo (dominado por la bancada oficial y sus aliados); el 13 de junio tuvo dictamen favorable y el 12 de octubre se aprobó. Más o menos cinco meses tardó el procedimiento parlamentario.
En la Ley, los diputados dejaron en manos del Ministerio de Finanzas conseguir los recursos (por medio de ampliaciones, saldos de caja o financiamientos disponibles) para resarcir a los más de 44 mil veteranos registrados, que apoyaron al Ejército durante el conflicto armado interno (1960 a 1996), beneficio que consiste en 36 pagos de 1 mil quetzales mensuales.
Luego de publicarse el reglamento respectivo, el 21 de marzo de 2023, en pleno período electoral, que por cierto perdió el candidato de Giammattei, se hizo el primer abono, los que continúan gracias a pericias que ha hecho la cartera del Tesoro, dado que no existe una partida para el efecto.
En estos momentos, mantener la palabra ofrecida tiene una salida práctica y sencilla: que el Pleno del Congreso, donde el anterior partido oficial y sus allegados mantienen un alto número de votos, apruebe la propuesta del Ejecutivo de aumentar en 14 mil 451 millones de quetzales la inversión social definida en el presupuesto 2024, cifra que, valga decir, se subvencionará con una mayor recaudación. En fin, los compromisos de Estado implican acuerdos de honor que nadie debería evadir.
