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EDITORIALES

Remozar el sistema educativo dejó de ser un sueño

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La siguiente comparación permite dimensionar la diferencia entre las actuales autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc) y las anteriores: de 2020 a 2023 se remozaron 9 mil 308 establecimientos (fuente: Sistema de Asignación y Dotación de Recursos), mientras que en los primeros cinco meses de 2024 ya se mejoraron 4 mil (42 por ciento) y se proyecta que en el transcurso del año se alcancen otras 6 mil para sumar 10 mil; es decir, más que en los cuatros años de la administración anterior.

Conviene decir que renovar los centros, un paso importante en la dignificación de maestros y alumnos, es apenas una parte de la estrategia del Organismo Ejecutivo que concibe la enseñanza como el camino para formar ciudadanos conscientes y capaces, como se consigna en el Plan de Gobierno.

De esa cuenta, el cambio impone construir un Pacto Nacional por la Educación, que involucre a todos los sectores, privados y estatales, que convierta al Mineduc en el órgano responsable de trazar un proyecto académico inclusivo, que venza las deficiencias de cobertura, en especial en primera infancia y nivel medio, así como que optimice la calidad de los conocimientos que se imparten.

Además, se avanza en recuperar la institucionalidad de la cartera, lo que implica autonomía absoluta en los asuntos administrativos y financieros y, sobre todo, en la construcción de procesos que prioricen la meritocracia, la transparencia y la rendición de cuentas. Un despacho abierto y sensible, pero fuerte en la toma de decisiones de beneficio colectivo y renuente a complacer intereses particulares o de grupos que se creen dueños y señores de esta dependencia.

Reconstruir el sistema llevará tiempo y requerirá constancia. Lo primero se solventa con planificación certera y ambiciosa, con metas y objetivos claros. Persistir es una característica que comparten el presidente Bernardo Arévalo, la vicemandataria Karin Herrera, ministros y secretarios, quienes empeñaron su palabra en heredar un país que haga de la enseñanza el camino hacia la prosperidad individual y colectiva.

Editor DCA
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EDITORIALES

Los corruptos muestran la cara para bloquear la gestión del Gobierno

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«Vimos al monstruo de cerca y de frente”. Con esas palabras resumió Félix Alvarado, encargado del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), la más reciente mafia descubierta por el actual Gobierno, la cual intentó hacerse de otro millonario negocio a costa del erario.

La intentona corrupta denunciada por el presidente Bernardo Arévalo y el funcionario citado precedió a la decisión de 95 diputados, quienes bloquearon el Estado de Calamidad propuesto por el Ejecutivo, con el cual se agilizarían los trabajos para reparar o reconstruir carreteras y puentes afectados por las intensas lluvias y por las deficiencias en las obras pactadas por el Gabinete de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez.

La nueva estructura criminal identificada en el CIV, denunciada ayer por Arévalo y Alvarado, evitó que el Gobierno adjudicara, de manera transparente y a precios de mercado, los trabajos para reparar el socavón ocurrido en el kilómetro 44, ruta Palín, Escuintla. Las acciones ilegales y descaradas de esta mafia, que vieron imposible continuar el saqueo del presupuesto, llegaron al colmo de persuadir a uno de los tres integrantes de la Junta Calificadora de ofertas, a fin de que no autorizara las labores para rehabilitar el tramo vial mencionado.

Es evidente que los criminales de cuello blanco y conciencia negra, cual murciélagos, se sacuden al ver que la transparencia y la probidad que alumbran las compras del Estado y hacen lo imposible para evitar que se consolide la nueva primavera, una época que va en contra de sus insanos intereses y sus convicciones de vida.

Ayer, 95 congresistas le dieron la espalda a sus electores, porque, como lo afirmó el mandatario, prefieren la ruina del país a perder sus privilegios y ventajas, las mismas que, consideramos, les permiten lucir relojes, pulseras, cadenas y trajes imposibles de comprar con el salario decente de un trabajador del Estado.

Guatemala seguirá avanzando, pese a la oposición desvergonzada de los hampones, quienes aunque hacen todo por marchitar prematuramente la nueva primavera, no podrán evitar que
esta nación florezca y prospere como lo merecen sus pobladores.

Editor DCA
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EDITORIALES

Los diputados tienen en sus manos remediar las tragedias del pueblo

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Los congresistas tienen hoy otra cita con la historia y con el país. En sus manos está la aprobación del Estado de Calamidad, decretado por el Organismo Ejecutivo, el cual busca enfrentar los daños que las intensas lluvias han provocado en carreteras y puentes de todo el país.

Muchos de los parlamentarios, que hoy votarán a favor o en contra de la medida, vivieron experiencias similares durante la administración de Alejandro Giammattei, las que respaldaron y decidieron prorrogar como apoyo al Gobierno de turno, que necesitaba recursos monetarios para reparar o reconstruir infraestructura.

De hecho, durante las presidencias legislativas de Allan Rodríguez y Shirley Rivera, del partido Vamos, pasaron cuatro Estados de Emergencia, lo que permitió a Giammattei y su Gabinete desembolsar 3 mil millones de quetzales, el 90.2 por ciento de estos recursos erogados por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), según datos de Guatecompras.

Con dicho monto, la referida cartera atendió la red vial, supervisó proyectos, volvió a levantar puentes, rehabilitó caminos y remozó escuelas, víctimas del desborde de ríos y derrumbes causados por la saturación de los suelos. Al menos eso justificaron, aunque la calidad y precios de mercado de las construcciones están en entredicho.

El Estado de Calamidad que conocerá hoy el Pleno no es un cheque en blanco y tampoco permite hacer fiesta con los recursos. La iniciativa precisa las entidades que pueden realizar las erogaciones; de hecho, solo son cuatro: los ministerios de Comunicaciones, Salud y Agricultura y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). Además, esas inversiones deben concentrarse en atender destrucciones generadas por los aguaceros e imponen condiciones que ayudan a fiscalizar y a rendir cuentas.

El proyecto mencionado recibió el respaldo del presidente de la Asociación Nadional de Municipalidades (Anam), así como de alcaldes que requieren capital para asumir sus compromisos ante los electores. Finalmente, conviene reiterar que la cita de los congresistas es con la vida y el bienestar de los guatemaltecos, quienes esperan que aquellos que en junio de 2023 pidieron su voto hoy sean recíprocos y consecuentes con sus tristezas.

Editor DCA
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EDITORIALES

Similares desastres, las mismas causas, pero cambian los votos

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Durante la administración de Alejandro Giammattei, la bancada oficial y sus aliados políticos aprobaron cinco Estados de Calamidad, cuatro de ellos relacionados con los problemas que las intensas lluvias causaron en hogares e infraestructura. Dichas medidas habían sido implementadas por el Ejecutivo.

En una nota de prensa publicada el 28 de julio de 2020, en la página del Congreso de la República, se advertía que la determinación de los parlamentarios permite crear “medidas de emergencia a nivel nacional, garantiza acciones inmediatas para resguardar a la población, facilita el uso de los recursos bajo parámetros de transparencia, viabiliza e impulsa programas y proyectos de recuperación vial ante los desastres que han causado las lluvias en los últimos días”.

Hoy, algunos dignatarios que en aquellos tiempos justificaron y llegaron a convencer a sus colegas rechazan la propuesta planteada por las actuales autoridades, a pesar de que se trata de desastres similares, que han dejado las mismas consecuencias sociales y económicas en puentes y carreteras.

¿Qué los hace cambiar de parecer? ¿Qué motiva su renuencia a avalar un Estado de Calamidad que permitiría amortiguar eventuales consecuencias generadas por los aguaceros? Y, sobre todo, ¿por qué no se quiere resguardar a la población? Sería bueno escuchar, por ejemplo, a quienes cabildearon a favor de las medidas decretadas por Giammattei, con el fin de que “iluminen” a quienes no entienden estos cambios tan radicales y repentinos.

En aquellos momentos, como ocurre en estos tiempos, el país necesitaba la suma de esfuerzos para afrontar las calamidades dejadas por las condiciones climáticas. Obviando el posible trasfondo que cada congresista tuvo para emitir su sufragio, en esas ocasiones el Gabinete y los gobernadores departamentales contaron con los recursos suficientes para reparar los daños.

De esa cuenta, ¿por qué negarle esa oportunidad a la actual gestión? Así como los entonces funcionarios, los actuales deberán responder por la decencia y probidad con que ejecuten los fondos, así como por los controles que garanticen la calidad de la obra pública pagada con los impuestos.

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