El presidente estadounidense Barack Obama presentó hoy su esperado plan para clausurar el centro de detención de Guantánamo, en Cuba, pocas semanas antes de su histórica visita a La Habana.

«Se trata de cerrar un capítulo en nuestra historia», dijo Obama en la Casa Blanca, al evocar esta prisión que encarna, alrededor del mundo, los excesos de la lucha antiterrorista de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

«Por muchos años ha sido claro que el centro de detención de Guantánamo no mejora nuestra seguridad nacional. La socava», apuntó el mandatario.

A menos de un año de dejar el cargo, Obama presentó un plan que apunta a seguir enviando detenidos de Guantánamo a otros países y estima un ahorro de millones de dólares mediante la creación de 13 instalaciones alternativas en suelo estadounidense.

Unos 91 sospechosos de terrorismo permanecen detenidos en esta prisión ubicada en una base militar estadounidense en el sureste de Cuba, que en su pico albergó a 700 reos.

El presidente estadounidense ha impulsado el cierre de Guantánamo desde que llegó al poder en 2009, pero sus ideas han sido rechazadas por los legisladores del opositor partido Republicano, el Departamento de Defensa y algunos en su partido Demócrata.

«Este plan merece una revisión justa, incluso en un año electoral», dijo.

El nuevo empuje ocurre justo antes de la histórica visita de Obama a Cuba el 21 y 22 de marzo, un gesto que corona la reaproximación iniciada en diciembre de 2014 entre los dos antiguos enemigos de la Guerra Fría.

El futuro de la base naval que alberga la prisión, que Estados Unidos mantiene en un trozo de la costa sureste de Cuba desde 1903, será, entre otros temas, parte de la agenda de discusiones de Obama con su par cubano Raúl Castro.

Según el plan, unos 35 prisioneros han sido autorizados para ser enviados a otros países en los próximos meses, un proceso por el cual 147 detenidos ya han sido reubicados por el gobierno de Obama, seis de ellos a Uruguay.

«Guantánamo del Norte»

El resto, considerados demasiado peligrosos para liberar, enfrentarían detención indefinida en las instalaciones en suelo estadounidense, bajo custodia del Departamento de Defensa.

Los esfuerzos por transferir prisioneros al exterior han sido suspendidos por la violencia en Yemen -destino de varios detenidos- y por los casos de liberados que regresaban a las filas terroristas.

Sin embargo, el secretario de Defensa, Ashton Carter, ha agilizado los traspasos, y el mes pasado, la población de la prisión cayó por primera vez debajo del centenar.

El Congreso, donde el partido Republicano que controla las dos cámaras, ha prohibido los traslados de esos detenidos a Estados Unidos, lo que complica la legalidad del plan de Obama.

Asociaciones de derechos humanos temen que el plan solo prolongará las detenciones sin juicio previo y crearán un «Guantánamo del Norte».

«La posibilidad de un nuevo sistema paralelo de detenciones indefinidas sin acusaciones dentro de Estados Unidos sentaría un peligroso precedente», indicó Amnistía Internacional en un comunicado.

«Si se instala exitosamente, sería una golpe devastador a los principios básicos de la justicia criminal», añadió.

Obama reconoció los temores de algunos estadounidenses, pero les aseguró que el plan permitirá «garantizar nuestra seguridad, mantener nuestros valores en el mundo y ahorrar mucho dinero en el proceso».

El plan de cierre de Guantánamo, que tardó meses en elaborarse, ofrece pocos detalles sobre la ubicación de las instalaciones, pero funcionarios militares han señalado con anterioridad a Fort Leavenworth, en el estado de Kansas (centro) o la base naval de Charleston, en Carolina del Sur (sureste), como posibles destinos para los reos.

El costo estimado para la transición a las instalaciones en Estados Unidos oscila entre 290 millones y 475 millones de dólares, según la iniciativa.

Pero la Casa Blanca estima que el plan ahorraría dinero a largo plazo. La administración de Guantánamo cuesta 455 millones de dólares anualmente y las instalaciones estadounidenses reducirían ese monto en 180 millones.

«Si como país no asumimos esto ahora, ¿cuándo lo haremos? ¿Dejaremos que persista por otros 15, 20 ó 30 años?», se preguntó el mandatario sobre la prisión militar abierta en 2002 por su predecesor George W. Bush para albergar a prisioneros considerados «combatientes enemigos» tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.