Luego de que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) suspendió la última actualización del Plan Maestro de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM), expertos consideran que la medida adoptada es una oportunidad para resguardar la zona contra las amenazas que la acechan. 

Mercedes Barrios, profesional en Biología, se refirió a los peligros latentes en el lugar, los cuales pueden abordarse en una nueva propuesta. Señaló riesgos como la cacería y el uso de las variedades exóticas con fines empresariales. 

“Habrá personas interesadas en sembrar otros tipos de especies que son de alto valor comercial, aunque no sean las adecuadas para estos ecosistemas”, expresó la experta.

Barrios se refirió a las plantas no nativas, como la palma africana o el palo de hule, que se intentarían cultivar en las zonas de áreas múltiples y amortiguamiento, algo que ella consideró como “contraproducente” para el medioambiente.

La experta enfatizó en el objetivo del Plan Maestro, el cual es “brindar información a las autoridades y comunidades para que sepan de las limitaciones sobre lo que es y no permitido dentro de la reserva”, y recalcó en la importancia de la biosfera.

Actualmente, las zonas núcleo de la RBM están conformadas por cinco parques nacionales: Tikal, Sierra del Lacandón, Mirador-Río Azul, Yaxhá Nacum-Naranjo y Laguna del Tigre; cuatro biotopos protegidos: Laguna del Tigre, Naachtun-Dos Lagunas, San Miguel La Palotada-El Zotz y Cerro Cahui. 

Suspensión de la actualización

En abril pasado, la ministra de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Patricia Orantes, reveló que el Conap suspendió la actualización del plan estratégico, debido a modificaciones que alteraban la conservación de la mencionada reserva, como el otorgamiento de permisos para explotación petrolera en las zonas núcleo, así como el aprovechamiento de madera en propiedad privada dentro del área protegida y otras acciones que atentan contra el patrimonio nacional.

Rubelsy Pimentel

En medio de denuncias y acusaciones, el Ministerio Público (MP) es señalado de perseguir en forma selectiva a exfiscales, abogados y periodistas que han investigado y expuesto casos de envilecimiento, mientras que algunos exfuncionarios públicos involucrados en actos ilícitos han recibido beneficios judiciales cuestionables.

Eduardo Pantaleón, exfiscal auxiliar del MP, quien recientemente fue absuelto de cargos, destacó la instrumentalización del ente investigador para acosar a quienes luchan contra la corrupción por medio de un “trabajo parcializado que responde a determinados intereses”.

Según el afectado, la institución ha direccionado sus esfuerzos contra personas que han desafiado las redes criminales en los últimos gobiernos; entre ellos, periodistas, defensores de derechos humanos y críticos de administraciones gubernamentales anteriores.

Asimismo, Claudia González, exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y quien también enfrenta un proceso por supuesto abuso de autoridad, coincidió en calificar como sesgado el quehacer del MP.

Según González, existe una posible connivencia entre el ente investigador y ciertos juzgadores, por lo que destacó necesaria la renovación del cuerpo de justicia para restaurar la confianza en la equidad del alto organismo. “Es necesario que se nombren nuevos jueces, porque ya vimos que están haciendo una selección específica de casos y han utilizado el sistema penal como una herramienta de castigo”, explicó.

Mientras tanto, Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento Pro-Justicia, indicó que desde 2021 la institución pesquisidora ha beneficiado a personas implicadas en la corruptela, mientras acciona en contra de aquellos que han desenmascarado actos ilícitos.

“Lo que estamos viendo no es nada nuevo. Esta es una estrategia que la Fiscal General implementó hace tres años, no solo promoviendo la impunidad, sino reprimiendo a fiscales y jueces, criminalizándolos y llevando investigaciones espurias en su contra”, resaltó.

Luis Carrillo

En sus primeros meses de funcionamiento, la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) desplegó acciones para promover la transparencia dentro del Organismo Ejecutivo. En el informe inicial de la gestión, destacó el trabajo realizado en la lucha contra la corrupción y la promoción de la probidad.

Uno de los hitos fue la creación del Código de Ética que regirá el Organismo Ejecutivo, un instrumento que establece principios y orienta la conducta de los servidores públicos, con el fin de establecer estándares de comportamiento e integridad en el ejercicio de las funciones en los entes
gubernamentales.

Además, la CNC resalta la implementación de la Instancia de Consejeros Delegados, un espacio de participación ciudadana que contribuye a alcanzar los objetivos programados, brindando apoyo y asesoría en la formulación de estrategias y rendición de cuentas.

Otro aspecto destacado fue el impulso de propuestas legislativas como la Ley de Protección de Denunciantes de Actos de Corrupción, que generará estándares de amparo para quienes denuncien  actos de corrupción en cualquier ámbito estatal, mediante la creación de garantías de seguridad y confidencialidad.

También, brindó acompañamiento a diversos ministerios para fortalecer los mecanismos de detección y denuncia de actos ilícitos. Asimismo, se propuso una estructura organizacional alineada a los ejes estratégicos de trabajo, con el fin de optimizar la labor de la CNC.

Lizandro Acuña, investigador del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), destacó la importancia de estas acciones para fortalecer la rendición de cuentas y la lucha contra la corruptela en el Gobierno.

Acuña enfatizó la necesidad de coordinar con el Ministerio Público, a fin de garantizar la denuncia y el seguimiento de los casos, así como el aprovechamiento del Código de Ética para mejorar los procedimientos administrativos y evitar la judicialización
innecesaria.

Luis Carrillo