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Congreso retomasesiones con elección de representantes ante JM

Mynor Moto no logra un puesto ante Comisión contra la Tortura, cuyos relatores también fueron designados por el pleno.

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Luego de una semana sin sesiones, el Congreso retomó ayer las plenarias y durante casi cinco horas de debate eligió a sus representantes titular y suplente ante la Junta Monetaria (JM) y designó a los relatores de la Comisión contra la Tortura.

Momentos antes de la sesión, el legislador Samuel Pérez declinó a su candidatura a la JM. En conferencia de prensa dijo que su dimisión es una muestra de que los integrantes de su partido no tienen interés de figurar como individuos, sino priorizar la alianza que se ha formado con otras agrupaciones.

Agregó que hay temas más importantes como el consenso en el caso de leyes como la de Competencia, que entra a primer debate mañana y que representa un cambio estructural importante.

Después de este anuncio comenzó la sesión del Pleno, donde con 129 sufragios a favor, el parlamentario Luis Javier López Bolaños, de la bancada UNE, fue electo titular, y con 141, Manuel de Jesús Archila, de Cabal, suplente.

Las atribuciones y funciones

El artículo 26 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, Decreto Número 16-2002 del Congreso de la República, señala que la JM tiene atribuciones como determinar y evaluar la política monetaria, cambiaria y crediticia del país, velar por la liquidez y solvencia del sistema financiero, reglamentar los aspectos relativos al encaje bancario y al depósito legal, de conformidad con la presente Ley; aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Banco de Guatemala (Banguat) y el de la Superintendencia de Bancos (Sib).

Además, nombrar y remover al gerente general y demás autoridades y funcionarios superiores del Banguat; aprobar anualmente los estados financieros de esta entidad; así como las disposiciones, normas o instrumentos legales que someta a su consideración la Sib o, en su caso, el Banco de Guatemala, y ejercer las demás atribuciones y facultades que le correspondan, de acuerdo con esta normativa, la Ley Monetaria y otras disposiciones legales aplicables, entre otras funciones.

Más tarde, el Congreso eligió relatores de prevención de la tortura. Jonathan Mayorga será el titular, y Evelyn Morales Vidal, suplente. Además, Frank Ríos, titular y Evelyn Morales Chávez, suplente.

En este proceso participaba el juez Mynor Moto, cuestionado por decisiones que criminalizan a operadores de justicia y defensores de derechos humanos, pero quedó fuera.

La Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, establecida por el Decreto Número 40-2010 en Guatemala, tiene como objetivo fundar un órgano independiente encargado de prevenir el flagelo y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Los legisladores también aprobaron el proyecto de acuerdo que convoca al Consejo del Instituto de la Defensa Pública Penal para que integre la Comisión de Postulación que deberá proponer al Congreso una terna de postulantes para el cargo de director del ente.

Giovanni Pérez Fotógrafo: Mario León
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Presidente resalta importancia de recuperar sistema de justicia

Enade 2024 destaca la certeza jurídica y la digitalización como ejes para el desarrollo de la nación

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Más allá de la construcción de mecanismos y sistemas tecnológicos de facilitación y transparencia, se necesita limpiar el aparato de justicia y recuperarlo para lograr las condiciones de una verdadera certeza jurídica, afirmó el presidente Bernardo Arévalo durante su participación en el Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (Enade) 2024.

El mandatario advirtió que la nación necesita recobrar las instituciones judiciales “que hoy continúan cooptadas por redes político-criminales que las han puesto al servicio de la corrupción y la impunidad”.

Subrayó la existencia de informes internacionales sobre actores proscritos en virtud de su vinculación con redes antidemocráticas. Por tanto, urgió actuar para sanear el sistema.

“Lo que necesitamos es un verdadero compromiso por parte de todos los sectores, para limpiar nuestro aparato de justicia y recuperarlo para lograr las condiciones de un verdadero Estado de derecho”, reiteró el gobernante.

En sintonía

En relación con el lema de Enade 2024: Certeza jurídica, un estado digital y transparente para un país más eficiente, Arévalo señaló que su gobierno ha puesto a disposición, de manera digital, 846 trámites en las dependencias del Ejecutivo, que se suman a los 148 de 2023, lo que hace que se cuente con casi 1 mil gestiones en línea.

“Hemos llegado a un 80 por ciento de la digitalización de todos los trámites administrativos. Esperamos alcanzar el 100 por ciento a fin de año”, aseguró. El dignatario añadió que este avance coloca al país en una excelente posición en comparación con otros de la región.

“Las gestiones en los ministerios de Agricultura, de Trabajo y de Comunicaciones están hoy más simples: son digitales. No solo más rápidos y eficientes, sino que estamos cerrando el espacio para el abuso, la discrecionalidad y la corrupción”, manifestó.

Sin embargo, dijo que esto abre nuevos desafíos y los confronta con la realidad de la exclusión y desigualdad en el territorio, donde más del 10 por ciento de los hogares no tiene energía eléctrica y las familias necesitan acceso a internet, por lo que su administración se propuso reducir esas brechas.

En este sentido, apuntó a la Mesa de Transformación Digital, para proponer leyes de ciberseguridad y de protección de datos. Además, expuso sobre acercamientos con Estonia y República Dominicana, a fin de compartir experiencias sobre el particular.

Arévalo exhortó a los participantes a sumarse al esfuerzo nacional, con acciones encaminadas a crear una verdadera certeza jurídica y a la transformación digital y tecnológica.

Entorno propicio

Por su parte, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quien asistió al evento, dijo: “Desde la perspectiva de esta cartera estamos empeñados en la transformación digital porque esto nos permitirá evitar la vulnerabilidad para el tema de la corrupción y hacer más efectivos los procesos”.

Una incoherencia

Después de su participación en el Enade 2024, el presidente Bernardo Arévalo calificó como algo incoherente que la fiscal general Consuelo Porras asistiera a ese encuentro, donde se trató acerca del tema de certeza jurídica, en alusión a que la jefa del Ministerio Público está señalada de obstaculizar la justicia en el país.

Josselinne Santizo Fotógrafo: Sandra Sebastián
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Denuncian fraude por 11.8 millones de quetzales

Accionan contra siete exfuncionarios y empleados del Hospital General San Juan de Dios por caso de corrupción

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Con interrogantes como ¿dónde estaban las auditorías y la Contraloría?, el Gobierno reveló ayer un acto de corrupción en el Hospital General San Juan de Dios (Hospigen), por 11 millones 834 mil 850 quetzales, en 2022 y 2023, durante la gestión de Alejandro Giammattei.

Por este caso, el Ejecutivo denunció a las empresas Grupo Propela, S. A. y Carreteras y Casas, S. A., así como a siete exfuncionarios y exempleados por irregularidades en servicios de remozamiento que no se realizaron y adjudicaciones innecesarias o falsas.

Estos trabajos ficticios habrían sido sobrevalorados y adjudicados en áreas inexistentes. La primera compañía citada está en la lista del caso B410, revelado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), según las autoridades.

El hecho ilegal fue dado a conocer por el secretario de Comunicación Social de la Presidencia (SCSPR), Santiago Palomo; el titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Joaquín Barnoya, y el jefe de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), Julio Flores.

Según Palomo, se detectó un patrón criminal de compras fraudulentas que involucraban comisiones y fraccionamientos sobre costos, de tal manera que los integrantes de la estructura pudieran “enriquecerse indebidamente a costa de quitarle el derecho a la salud a los guatemaltecos”. 

“La crisis arrastrada, y deliberadamente mantenida por gobiernos anteriores, está llegando a su fin. Nuestra gestión está dispuesta a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que los responsables paguen las consecuencias”, aseguró.

Además, el secretario enfatizó que las aristas de esta averiguación deben ser investigadas por el Ministerio Público (MP).

Con hecho pensado

Mynor Melgar, oficial de Asuntos de Probidad del MSPAS, detalló que existe un fenómeno de corruptela que responde a un patrón institucionalizado, particularmente entre 2022 y 2023. 

Destacó que estas ilegalidades no solo tienen que ver con el San Juan de Dios, sino con otros centros asistenciales que presentan el mismo esquema de defraudación en su patrimonio.

Melgar explicó que el Hospigen contrató a la entidad Grupo Propela, por 15 compras de baja cuantía, valoradas en 433 mil 700 quetzales y 129 procesos de compra directa por oferta electrónica, que asciende a 11 millones 401 mil 150, lo que totalizan 11 millones 834 mil 850 quetzales.

El comisionado Flores describió el caso como un “grave problema de corrupción”. La pesquisa se centra en estructuras jurídicas que han operado para evadir impuestos y malversar fondos públicos, explicó.

 El análisis de los contratos del Estado, basado en datos abiertos proporcionados por el Ministerio de Finanzas Públicas, ha permitido identificar irregularidades en los procesos de adquisición, expuso el encargado de la CNC. 

Especificó que se hallaron contratos de mantenimiento y compras que no se justifican, así como documentos incompletos y sobrecostos en las ofertas adjudicadas.

El ministro Barnoya enfatizó que “abandonar el sistema de salud es una cosa, pero saquearlo es otra muy diferente. Es importante recuperar y dignificar este hospital”.

Las autoridades anunciaron que se ha comenzado a individualizar a otros responsables del fraude en ese recinto y se prevén acciones legales contra al menos dos exdirectores y otras autoridades que estuvieron involucradas en estas irregularidades.

¿Qué se dejó de atender?

De acuerdo con Erika Pérez, directora ejecutiva del Hospital General San Juan de Dios, con los más de 11.8 millones de quetzales saqueados en el centro asistencial se pudo haber cubierto, en un año, el salario de más o menos 125 médicos y 200 enfermeros o bien atender a 700 pacientes que necesitan quimioterapias.

Asimismo, la compra de lavamanos, insumos para 12 meses, medicamentos y camas, entre otras necesidades. Por su parte, Lissette Aguilar, subdirectora del hospital, afirmó que en el período del gobierno anterior hubo suficiente dinero para construir nosocomios, pero no se hicieron y los que ya existen no alcanzan, pues ya no hay espacio para los enfermos.

Josselinne Santizo Fotógrafo: Danilo Ramírez
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Presidente, por recibir nómina de candidatos a Directorio de la SAT

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Foto: Minfin

El próximo 21 de octubre se contempla enviar la nómina de seis candidatos al Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) al presidente Bernardo Arévalo, según la Comisión Postuladora.

De momento, se evalúa la idoneidad de los 18 aspirantes que aún siguen en este proceso, cuya lista  fue publicada ayer en el Diario de Centro América.

El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, quien preside la Comisión, indicó a los medios de prensa que fue aprobado el envío de un oficio al Ministerio Público (MP), la cartera de Gobernación (Mingob), Procuraduría General de la Nación (PGN) y Organismo Judicial (OJ) para que confirmen que los postulantes no tengan elementos que invaliden su idoneidad para estar en el proceso de elección.

Lo que se pretende es tener certeza de que carecen de acusaciones, sanciones u otro tipo de asuntos que les impidan asumir el cargo, “ya que este despacho toma decisiones sobre la fiscalización para la recaudación de impuestos, arbitrios y más”, afirmó. 

Las autoridades indicaron que del 11 al 14 de octubre se recibirán señalamientos o impedimentos en contra de los 18 aspirantes.

Las inconformidades pueden presentarse en las oficinas de la cartera del Tesoro, en la 8a. avenida 20-59, zona 1 capitalina, de 8:00 a 14:00 horas.

Redacción DCA
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