Los derechos humanos como prioridad

Alejandro Balsells Conde

“Se declara de interés nacional la educación, la instrucción, formación social y la enseñanza sistemática de la Constitución de la República y de los derechos humanos”, señala el segundo párrafo del artículo 72 constitucional. La omisión en el cumplimiento de la Constitución es también una violación a ella, y es fácil advertir cómo el desconocimiento constitucional, pero sobre todo la ausencia de conceptos claros sobre derechos humanos, es una realidad en nuestra sociedad. En este contexto, la política pública de Protección de Defensores de Derechos Humanos, entregada y oficializada la semana pasada abre un parteaguas importante, toda vez que constituye un esfuerzo más por establecer parámetros medibles, pero, sobre todo, cuantificables para evidenciar nuestro avance en la protección de la defensa de los derechos humanos.

La política pública de Protección de Defensores de Derechos Humanos abre un parteaguas importante.

Defensores de los Derechos Humanos debemos ser todos, pero hemos visto cómo la institucionalidad constitucional, como lo es el Procurador de los Derechos Humanos, o la institucionalidad convencional, como lo son los Relatores de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, o bien, han sido anulados por completo y cooptados, en algunos casos, por victimarios o cómplices de las violaciones a los derechos humanos. La persecución penal contra estudiantes, profesionales y docentes de la Universidad de San Carlos y la criminalización de activistas como el reciente caso de Ramón Cadena traza bien la perversa dinámica de las autoridades de la fiscalía, ciertos jueces y autoridades universitarias ilegítimas. A lo largo de nuestra historia han sido los organismos Legislativo y Ejecutivo quienes han encarnado las políticas de violaciones a los derechos humanos; sin duda la historia es paradójica porque ahora lo encontramos en el sistema judicial, con excepciones pero en su conjunto, y en la universidad estatal que supo en los años más crueles ser bastión de ideales democráticos y consecuentes.