Las detenciones de dirigentes indígenas en los últimos meses han generado preocupación entre expertos y defensores de derechos humanos, quienes califican los hechos como actos de represión y criminalización de la protesta social.
En abril fueron aprehendidos los exlíderes de los 48 Cantones, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, lo que provocó indignación en los ámbitos nacional e internacional. En agosto se sumó la captura de Esteban Toc, exvicealcalde de la Municipalidad Indígena de Sololá.
Todos son señalados por su supuesta participación en el paro nacional de 2023, cuando la ciudadanía se opuso a medidas del Ministerio Público (MP) que pretendían desconocer los resultados electorales. Organizaciones como la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag) y la Alianza por las Reformas, así como expertos en derecho rechazan lo que consideran persecución.
Garantías vulneradas
Nery Rodenas, director ejecutivo de la Odhag, afirmó que “es lamentable la situación que están sufriendo estas personas, después de haber realizado una defensa de la transición democrática”, además, señaló que el derecho a manifestar sin armas está protegido por la Constitución y su ejercicio no implica quebrantar la ley.
“Podríamos estar observando una violación a los derechos humanos. Es un mensaje negativo a la sociedad, porque se da a entender que ejercer una garantía se convierte en un delito”, advirtió Rodenas.
Juan Pablo Muñoz, de la Alianza por las Reformas, aseguró que el racismo estructural en el MP impulsa la criminalización de comunidades indígenas. “Considerar terroristas a los pueblos es volver a los 80 y verlos como enemigos del Estado, como en los peores momentos de las dictaduras militares”, sostuvo.
Preocupación
Muñoz también alertó sobre violaciones al debido proceso y recordó que los criminalizados buscan enfrentar la justicia con respeto a las garantías como defensa técnica, imparcialidad judicial y presunción de inocencia.
Kevin López, investigador de Asociación de Investigación y Estudios Sociales, coincidió en que el aparato de justicia se utiliza para doblegar a los dirigentes. “La prisión preventiva vulnera”, manifestó.
Alejandro Rodríguez, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, resaltó que estas acciones violentan la Carta Interamericana de Derechos Humanos.
Subrayó que observadores nacionales e internacionales validaron las elecciones de 2023 como transparentes, mientras condenaron la persecución penal como una práctica sistemática.
El constitucionalista Edgar Ortiz advirtió que las acusaciones de terrorismo contra activistas reflejan una tendencia represiva comparable con Venezuela y Nicaragua. “Esta criminalización genera autocensura y un enfriamiento del discurso, que silencia la disidencia y limita derechos”, señaló.
El Diario de Centro América solicitó postura al MP sobre las acusaciones, pero no obtuvo respuesta.
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