KARIN LARISSA
HERRERA AGUILAR
Vicepresidenta de la República de Guatemala
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Recientemente, en Roma, Italia, participé junto al Programa Mundial de Alimentos (PMA) en la aprobación del Plan Estratégico de País 2026–2030, que elaboraron para Guatemala. Este paso marcó una ruta para continuar impulsando acciones para proteger a la población más vulnerable y fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional. Más que una formalidad, fue un espacio donde se definieron metas concretas y resultados medibles. Representó el compromiso compartido de avanzar con responsabilidad y visión de largo plazo.
Desde 2021, esta alianza con el PMA ha apoyado a más de medio millón de personas en el país. La asistencia alimentaria y las transferencias monetarias condicionadas brindaron respaldo oportuno a miles de hogares que atravesaban momentos difíciles. Estas medidas redujeron riesgos en situaciones críticas y aportaron estabilidad a comunidades afectadas por la pobreza y la crisis climática. Detrás de cada cifra hubo familias que encontraron apoyo cuando más lo necesitaban.
Combatir la desnutrición es una decisión de Estado y una responsabilidad
ética compartida."
El contexto nacional exigió decisiones firmes y sostenidas en el tiempo. Las altas tasas de desnutrición infantil y los niveles de pobreza evidenciaron la magnitud del desafío que enfrentábamos. La vulnerabilidad de las comunidades rurales e indígenas nos llevó a reforzar un enfoque de inclusión, género y pertinencia cultural. Como presidenta del Conasán, he priorizado la lucha contra la desnutrición desde la Vicepresidencia de la República. Durante dos años de gestión hemos
aprobado e iniciado la implementación de tres protocolos estratégicos en municipios priorizados. También impulsamos el Plan de la Lucha Contra la Malnutrición 2025–2028 como instrumento de articulación interinstitucional.
Además, hemos asignado Q14 mil millones al Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Poasán), equivalentes al 1.6 % del PIB y al 9.5 % del presupuesto nacional. Esta inversión sostiene programas de alimentación escolar, atención primaria en salud, protección social y apoyo agrícola. La prioridad siempre es proteger a la Primera Infancia y consolidar capacidades nacionales de manera sostenible. La seguridad alimentaria y nutricional debe asumirse como una política pública estratégica y permanente.
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