IA en la administración pública: ¿al servicio de quién?

Edna Abigail Alvarez Och 

Subgerente del INAP

¿Las instituciones públicas que ya utilizan inteligencia artificial (IA) saben realmente para qué la tienen? ¿Ha mejorado la prestación de sus servicios? ¿Está la ciudadanía más satisfecha?

Usar la IA no es sinónimo de modernización ni de eficacia. No debemos confundir el medio con el fin. Como servidores públicos, tenemos la responsabilidad de escuchar “el dolor del ciudadano”: comprender su necesidad y responder no solo con eficiencia, sino también con eficacia. En este sentido, la IA puede ser una herramienta valiosa, siempre que tengamos clara la pregunta central de nuestro quehacer: ¿cuál es el problema público que debemos resolver?

La ciudadanía busca bienestar. Quiere respuestas ágiles, cercanas y pertinentes a su realidad. Es aquí donde la IA nos pone a prueba. Serán nuestros criterios como servidores públicos los que determinarán si esta tecnología se convierte en un medio que fortalezca el diseño e implementación de soluciones o si termina siendo únicamente un adorno tecnológico.

El uso de la IA en la gestión pública implica la capacidad de escuchar a la  ciudadanía.

Un “dolor ciudadano” recurrente —que varía según el territorio— es evidente: drenajes colapsados por la acumulación de basura que convierten cada lluvia en inundación; o, en el área rural, basureros clandestinos que contaminan ríos y bosques. En estos casos, la IA puede utilizarse para identificar puntos críticos mediante datos geográficos, registros de limpieza y reportes ciudadanos. Con ello, es posible diseñar intervenciones preventivas y correctivas que reduzcan riesgos y protejan el bienestar y el patrimonio de las personas.

En consecuencia, el uso de la IA en la gestión pública no se limita a saber formular instrucciones o construir buenos prompts. Implica, sobre todo, la capacidad de escuchar a la ciudadanía y contar con criterios claros sobre lo que significa servir.