En los últimos días de la semana recién pasada, Guatemala fue sede de un taller internacional, cuyo objetivo era encontrar soluciones integrales y grupales para combatir las extorsiones. El evento, auspiciado por la Unión Europea y su programa
PAcCTO 2.0, dejó en claro un concepto de mucha valía: combatir este crimen es defender el derecho universal a vivir sin miedo.
Concretamente, las autoridades gubernamentales en materia de seguridad, incluidos representantes de sociedad civil de los siete Estados presentes (Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Italia, México y el anfitrión), definieron tres acciones a implementar, como detalló el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.
En primera instancia, los expertos optaron por optimizar los canales para las denuncias. La lógica es contundente: ningún Gobierno puede combatir lo que no escucha. Tal medida va acompañada de controles estrictos, con el fin de no exponer a las víctimas. El tercer paso sugiere legitimar la fuerza operativa mediante el acompañamiento social y de los agredidos.
El taller permitió la autocrítica, entendida por la necesidad de que la investigación criminal y la inteligencia técnica alcancen grados de perfección, los cuales vienen de la revisión y actualidad constante de los planes preventivos, reactivos y de control. El principio hace acopio de la mutación operativa de estas estructuras y al compromiso institucional de seguirles el ritmo.
La lucha por controlar las extorsiones se recrudeció con la llegada del ministro Villeda, quien lidera un movimiento tendiente a recuperar el control de los presidios, como paso previo a fortalecer la seguridad ciudadana.
Requisas constantes y medidas más severas para el ingreso de visitas a los reclusorios, desinstalación de sistemas de videovigilancia controlados por grupos terroristas y recuperar zonas y colonias dominadas por las maras son algunas acciones adoptadas para enfrentar la delincuencia común y organizada.
Además, el Ejecutivo ha acudido a medidas constitucionales como los estados de sitio y prevención, que han contribuido a la baja del 50 % de los homicidios a nivel nacional y del 32 % de extorsiones, sin que los derechos fundamentales de los guatemaltecos hayan sido violentados.
Contrarrestar el despojo de efectivo y bienes conlleva la implicación de los Estados y sus sociedades, pero también contribuyen detalles como recuperar espacios públicos que las maras tenían como pizarras para inducir al delito o banderas de poder que ahora están perdiendo.
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