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EDITORIALES

La realización de la mujer es una prioridad

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«Reitero el compromiso de mi gobierno de seguir promoviendo el bienestar, la igualdad y la participación plena de la mujer guatemalteca en espacios para su desarrollo”, fue el compromiso asumido por el jefe de Estado, Alejandro Giammattei, al inicio de su administración.

Tres años y medio después, el empeño no solo sigue vigente sino que expone resultados concretos. Una de las áreas en las que más se evidencian esos avances es en la formación y protección de las féminas, quienes se han logrado desempeñar en diferentes terrenos, tanto privados como colectivos.

Las oportunidades ofrecidas superan los cargos en la administración pública y en la gestión política. Los ámbitos incluyen niñas y jovencitas, así como madres solteras y ancianas. Las secretarías que forman parte de la Presidencia y los ministerios de Trabajo y Economía, por citar algunos casos, han creado planes y proyectos dirigidos a las damas.

Ejemplo de estas estrategias lo tiene la Dirección de Mejoramiento de las Condiciones Socioeconómicas de la Mujer, de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep), que impulsa un programa de formación, en el que se enseñan oficios que permiten los emprendimientos laborales.

Producto de esta iniciativa, solo en 2023 la citada institución, que cuenta con el apoyo del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), registra 16 813 féminas capacitadas, quienes adquirieron conocimientos y capacidades en panadería, repostería, artesanías, bordados, productos de limpieza y de cuidado personal, entre otros.

Como lo advirtió el gobernante en su momento, la instrucción adquirida les ha abierto puertas, las cuales han llenado muchos espacios de sus vidas como el laboral y el profesional, aunque el mayor de ellos tiene que ver con el hecho de haber cristalizado sus sueños y alcanzar sus metas.

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EDITORIALES

Estado respalda a familias más pobres

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El gobierno del presidente Bernardo Arévalo y Karin Herrera se comprometió, desde su campaña electoral, a focalizar recursos hacia familias que sobreviven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, producto del abandono al que han sido sometidas durante décadas.

Hoy, el Gobierno, por medio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), a cargo de Abelardo Pinto, tiene claridad en la implementación de programas sociales. Uno de estos es el subsidio económico (Bolsa Social), que comenzará a entregarse en los próximos meses. La ayuda no será al azar; se utilizarán investigaciones técnicas para llegar a los núcleos familiares que verdaderamente necesitan un subsidio para sobrevivir.

También, el número de beneficiarios se duplicará de 25 mil a 50 mil, incluyendo a jefes de familia de las áreas urbana y rural. Se cuenta con 150 millones de quetzales, según las autoridades, recursos ya incluidos dentro del presupuesto vigente del Estado.

Lo importante, según lo describe el titular del Mides, es que se priorizará a familias con niños menores de 5 años. El Gobierno se respaldará en el Registro Social de Hogares y, a la vez, para hacerlo transparente, se abrirá el Registro Único de Beneficiarios. Por medio de este portal, cualquier ciudadano podrá verificar quiénes recibirán la ayuda.

De acuerdo con el diseño del programa, se han identificado 114 municipios donde residen las personas adultas y niños con los más altos niveles de pobreza y pobreza extrema.

Pero la política social de la actual administración no se limita a la entrega de un alivio económico. También tiene en agenda otro tipo de mecanismos como la reparación de miles de viviendas que no reúnen las condiciones mínimas para habitarlas.

Se les reemplazarán los pisos de tierra por cemento. Esta iniciativa es parte de la estrategia Mano a Mano, la cual se compone de nueve dimensiones o programas. Adicionalmente, se entregará a estas familias filtros de agua (Ecofiltros) y estufas mejoradas o ahorradoras de leña. Para la subvención, se estudian las vías adecuadas y seguras.

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La propuesta de modernizar el AILA tiene sus explicaciones

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La decisión del Gobierno de impulsar una alianza público-privada para rescatar el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) generó aplausos entre empresarios y prestadores de servicios, aunque también ha provocado confusiones y malinterpretaciones que es preciso aclarar, para poner las cosas en su sitio.

Lo más importante es que modernizar la terminal aérea implica un proceso serio y amplio que requerirá de tres fases, las cuales dio a conocer el Organismo Ejecutivo. La primera, a cargo del Ministerio de Comunicacione, Infraestructura y Vivienda (Micivi) tiene que ver con la atención, de manera inmediata, de reparaciones en la estructura física y la compra de equipo.

El segundo paso, cuya fecha de comienzo es difícil definir, es convocar a una “licitación pública, transparente y sin corrupción”, con el fin de otorgar las operaciones del AILA a una empresa internacional experta en la materia.

Para concluir, se ampliará y se va a aumentar la capacidad del servicio, con el objetivo de construir un aeropuerto que responda a las demandas actuales y futuras. Es en este punto cuando se acudirá a la alianza público-privada, cuyo modelo aún no está definido; sin embargo, el presidente Bernardo Arévalo ha expresado que puede ser mediante capital mixto que, además, permita la posibilidad de que los ciudadanos compren algunas acciones.

Adicionalmente, conviene hacer las siguientes anotaciones. Uno, la aprobación de la unión entre el Estado y empresarios requerirá el aval del Congreso de la República. Dos, el desarrollo de la idea puede llevar hasta cinco años. Tres, el Gobierno no piensa privatizar el AILA, como se ha dicho de manera errónea o malintencionada.

En fin, está claro que Guatemala afronta un reto que, bien ejecutado, contribuirá en su despegue económico y social, fuera de reafirmarle al mundo que el Estado es capaz de llevar a cabo megaproyectos que anteponen el interés general y la decencia, que también generen empleo y bienestar colectivo.

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El país requiere un Estado más humano, sensato y solidario

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El llamado es oportuno y sensato. Aunque pareciera innecesario, siempre es bueno recordarle a las autoridades de los distintos organismos del Estado que el país ha suscrito tratados internacionales en los que ha asumido el compromiso de posponer los desalojos, en caso existan condiciones humanitarias que deben priorizarse, como ocurre en estos días, cuando la nación vive momentos difíciles ante las inclemencias del tiempo.

La batalla por la tenencia de la tierra ha sido una problemática complicada, porque implica el respeto de los derechos fundamentales de obligada aplicación. Sin embargo, las civilizaciones con democracias avanzadas han encontrado en el Estado de derecho el mecanismo ideal para solventar las diferencias.
Lamentablemente, en Guatemala se perdió la independencia judicial y tenemos un sistema cooptado por las mafias, que dejó de ser imparcial y se convirtió en un instrumento de politiqueros que buscan generar enfrentamientos e ingobernabilidad.

Desde esa óptica conviene analizar la denuncia planteada por Daniel Pascual, líder del Comité de Unidad Campesina (CUC), una organización cuya base la integran agricultores, indígenas y dirigentes del sector popular. Según Pascual, en 2024 se han realizado 15 desalojos y existen otras dos órdenes emitidas por tribunales que tienen competencia.

Dados los antecedentes en el trabajo de algunos jueces y magistrados, que han liberado a exfuncionarios que saquearon el erario, y a la postura asumida por el Ministerio Público (MP), que cierra los ojos ante las denuncias de corruptela, no es impropio pensar que estos mismos togados y fiscales cierren filas en procura de crear enfrentamientos entre agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y las familias afectadas.

De esa cuenta, conviene exhortar a la prudencia y a recordar que somos un pueblo más maduro, que a fuerza de golpes ha conocido su historia, que sabe identificar a quienes quieren dañar y a los que buscan el desarrollo integral e inclusivo.

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