Como parte del eje relativo al Estado Responsable, Transparente y Efectivo, de la Política General de Gobierno 2020-2024, el Organismo Ejecutivo presentó ayer los resultados obtenidos en torno a la vigilancia de los fondos públicos y su correcta ejecución.

El informe, a cargo de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, a cargo de Oscar Miguel Dávila, refiere que durante la actual administración se han presentado 89 denuncias por supuestos malos manejos, de las cuales 43 fueron enviadas al Ministerio Público (MP) y 46 a la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Por instrucción del mandatario Alejandro Giammattei, la citada entidad ha tenido la misión de asegurar la correcta gestión de los recursos y de velar porque las instituciones gubernamentales actúen con probidad.

Para evidenciar su compromiso con la integridad, en sus primeros meses de trabajo, el jefe de Estado renovó el Convenio de Cooperación Institucional para la Buena Gobernanza, un instrumento de la Organización de las Naciones Unidas, que contempla 50 metas estratégicas, de las cuales sobresale la consolidación de un Estado responsable, transparente y efectivo.

Desde aquel momento, Giammattei refrendó su deber de garantizar la rectitud personal y de su equipo de trabajo, razón por la cual creó las oficinas de Gobierno Abierto y Contra la Corrupción, que aunaron esfuerzos para reducir los mencionados flagelos en sus áreas de influencia.

Lo cierto es que 3 años y 11 meses después de asumir la dirección del país, se presentan las siguientes acciones penales en las que ha intervenido o impulsado Dávila: 21 órdenes de captura, 1 antejuicio en trámite, 1 concluido y 2 sentencias condenatorias. Además, ante la Contraloría registra 24 fiscalizaciones, 35 hallazgos confirmados y 133 sanciones emitidas, números que ponen en perspectiva la decisión de proteger los aportes de los contribuyentes.

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Conocer que, a lo largo de estos 4 años de administración, más de 51 mil hogares han sido beneficiados con energía eléctrica es algo meritorio, por lo que el acceso a dicho servicio implica en la vida de comunitarios que habían sido olvidados de las políticas de Estado.

Aunque dicho logro es difícil de dimensionar, conviene referir que más de 250 mil compatriotas han salido, literalmente, de las penumbras y empiezan a sentir los beneficios que la modernidad lleva a los pueblos. “Alcanzar el objetivo de atender, de manera directa y efectiva, a los más necesitados”, es el objetivo del eje de Desarrollo Social, que forma parte de la Política General de Gobierno 2020-2024, que ha sido la base del quehacer de la administración del presidente Alejandro Giammattei.

El referido lineamiento persigue que el Organismo Ejecutivo impulse compensadores efectivos y focalizados, de manera que se pueda llegar a quienes han sobrevivido en condiciones más difíciles. En este punto conviene reconocer que estos esfuerzos han permitido superar el 90 por ciento de cobertura nacional que se había propuesto el Gabinete de Gobierno, aunque las labores continuarán para aumentar las conexiones.

En este logro, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) han jugado un papel determinante, al crear estrategias y proyectos focalizados que nacen con la única intención de dignificar a los pobladores. También, es importante valorar la participación del sector privado, que ha confiado en las políticas públicas e invertido en obras que trascienden lo comercial.

Saber y comprobar que 250 mil connacionales cuentan hoy con mayores posibilidades de crecimiento personal y familiar es gratificante, sobre todo si se toma en cuenta que otros miles de ciudadanos han superado flagelos como la desnutrición y la pobreza gracias a que se ha podido cumplir con el propósito de “atender, de manera directa y efectiva, a los más necesitados”.

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Como lo afirman las autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob), la implementación de la Estrategia de Transformación Policial (ETP) ha sido la base de los principales cambios que se han generado en la Policía Nacional Civil (PNC) de 2022 a la fecha, los cuales han impactado, positivamente, en la seguridad ciudadana y en la mejora de la relación entre uniformados y comunitarios.

Con dicha iniciativa, el Gobierno diseñó un plan que tenía como objetivo “alcanzar niveles superiores de efectividad, legitimidad y reconocimiento mediante el fortalecimiento de procesos orientados a cambiar una institución llamada a prevenir e intervenir los factores de la tranquilidad pública”.

De esa cuenta, la administración del presidente Alejandro Giammattei, por medio del Mingob, definió seis ejes estratégicos: Tecnología e Innovación; Educación; Institucionalidad y Organización; Controles Internos; Dignificación e Infraestructura y Movilidad, procesos que, uno a uno, avanzan y permiten consolidar las capacidades de la PNC.

El más reciente progreso en materia de Educación, de la ETP, lo constituye la culminación del Curso Básico de Formación Policial logrado por 182 agentes, el cual incluyó conocimientos en fenomenología criminal, técnicas de armamento y tiro, cibercrimen, idioma inglés, derechos humanos, policía comunitaria y formación docente, entre otros.

Valga decir que la enseñanza de 10 meses fue avalada por la Universidad de Occidente, lo que garantiza el incremento de las competencias en materia de prevención y combate de la delincuencia común y organizada.

La importancia que tiene para los guatemaltecos el cierre de este ciclo académico lo advirtió el titular de la cartera del Interior, Byron Bor Illescas, cuando afirmó que los recién graduados tendrán la responsabilidad de desarrollar planes tácticos que reducirán la incidencia criminal y combatir las extorsiones, homicidios y violencia de género, flagelos que en la actual administración han disminuido gracias a los nuevos cimientos que tiene la PNC.

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