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La Fiscalía solicita 36 meses de prisión preventiva para exdirector de Odebrecht en Perú
EFE
La Fiscalía de Perú pidió este miércoles 36 meses de prisión preventiva para Jorge Barata, exdirector de la empresa brasileña Odebrecht en el país andino, al incluirlo en la investigación del caso Gasoducto Sur Peruano, un proyecto que el Estado adjudicó a dicha compañía.
«El Segundo Despacho del Equipo Especial Lava Jato, a cargo de la fiscal provincial Norma Geovana Mori Gómez, dispuso incluir a Jorge Henrique Simoes Barata en la investigación preparatoria del caso denominado Gasoducto Sur Peruano, cuyo plazo vence en septiembre próximo. Además, requirió prisión preventiva por 36 meses en contra del referido imputado, estimando la conducta procesal y revocatoria del acuerdo de colaboración eficaz», informó el Ministerio Público en su página web.
Añadió que el lunes, el despacho fiscal emitió un pronunciamiento respecto a la situación jurídica de Barata, «en su condición de cómplice del delito de colusión agravada en agravio del Estado», al haber favorecido presuntamente a la empresa Odebrecht en la adjudicación del proyecto Gasoducto Sur Peruano.
«Es preciso indicar que Jorge Barata, en su declaración vía cooperación judicial, no reconoce los hechos fácticos materia de la investigación, apartándose de aspectos relatados en el marco de la colaboración eficaz que se encuentra en fase de ejecución», argumentó el equipo especial Lava Jato.
El Ministerio Público finalizó el comunicado al añadir que el 24 de mayo se concluyó con la actuación de prueba anticipada del testigo José Alejandro Graña Miro Quesada, quien incriminó a Barata en los proyectos mencionados.
El exdirectivo reside en Brasil desde 2016, por lo que para hacer efectivo el pedido de presión preventiva, se tendría que pedir su extradición.
Barata fue director ejecutivo de Odebrecht en Perú desde 2011 hasta 2016 y se acogió a la figura de «colaboración eficaz» en casos que involucran a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), puesto que la trama corrupta de la empresa brasileña atravesó diversas obras de infraestructrura durante dichos Gobiernos.
Odebrecht ganó en 2014 la licitación para el desarrollo del Gasoducto Sur Peruano junto a Enagás y la peruana Graña y Montero al ofrecer más de 7.000 millones de dólares para la implementación de 1.000 kilómetros de tuberías desde el yacimiento de gas de Camisea en Cuzco hasta la costa de la región Arequipa.
Sin embargo, las denuncias contra Odebrecht revelaron que la compañía coordinó con funcionarios a cargo del proceso y con la misma ex primera dama Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala, para obtener la concesión, a cambio de entregar comisiones ilegales de dinero.
EFE
Tras un fuerte operativo en el norteño estado mexicano de Sinaloa, elementos de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional detuvieron este jueves a Mario Alexander Gámez Cuevas, conocido como ‘El Piyi’, presunto líder de sicarios relacionados con la fracción del Cartel Sinaloa, Los Chapitos.
Su ficha en el Registro Nacional de Detenciones indicaba que ya se encontraba en traslado, mientras que registros aéreos confirman su llegada por la tarde a la Ciudad de México desde Aeropuerto Internacional de Culiacán.
“Hombre de tez blanca de aproximadamente 1.75 centímetros de estatura, el cual viste playera negra y pantalón café de complexión delgada”, indica la ficha tras su captura.
El operativo por tierra y aire se concentró en el sector Jardines de Santa Fe, en el municipio de Culiacán, en Sinaloa, donde las Fuerzas Armadas mexicanas capturaron a un total de siete personas, entre ellos ‘El Piyi’.
Se presume que esta persona es cercano a Archivaldo Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, y quien ahora es el presunto líder de la fracción Los Chapitos, dentro del Cartel de Sinaloa.
También se le ha identificado como supuesto líder de sicarios y sucesor de Néstor Isidro Pérez Salas, ‘El Nini’, capturado en noviembre de 2023 y extraditado a Estados Unidos en mayo pasado, en el principal brazo armado de Los Chapitos.
Su apodo ha trascendido a narcocorridos de cantantes y grupos como Los Caimanes de Sinaloa, Larry Hernández, Peso Pluma, Tito Doble P y Luis R. Conríquez.
Además, su detención se da en medio de una ola de violencia en Sinaloa, estado del noroeste del país que suma más de 40 asesinatos en dos semanas, tras la captura del capo Ismael ‘el Mayo’ Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa y de uno de los hijos del Chapo, Joaquín Guzmán López y que ocasionaría una rivalidad por la operación del territorio.
El jueves por la mañana, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador atribuyó la pugna interna del Cártel de Sinaloa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos al acuerdo de Guzmán López para entregar a Zambada en Estados Unidos el 25 de julio en un avión que aterrizó cerca de El Paso, Texas.
El Cartel de Sinaloa, según EE.UU., es la organización narcotraficante «más poderosa del mundo» y responsable en gran parte de la producción y manufactura de fentanilo para su distribución en Estados Unidos, donde esa droga, considerada 50 veces más potente que la heroína, es «la principal» causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 49 años.
EFE
El Tribunal de lo Criminal de Vaucluse decidió este viernes que la prensa tendrá que ausentarse cada vez que se proyecten los vídeos de las violaciones a Gisèle Pelicot, en contra del parecer de la víctima, que quiere que el proceso sirva «para que la vergüenza cambie de bando».
El presidente del tribunal, Roger Arata, anunció su decisión por los poderes que tiene sobre la gestión de las audiencias y lo justificó señalando que «esas imágenes son indecentes y chocantes para el público».
«Estamos protegiendo la indignidad», se quejó Stéphane Babonneau, uno de los abogados de Gisèle Pelicot, que insistió en que «no debemos tener miedo a mostrar las violaciones».
Babonneau recordó, precisamente, que fue su clienta la que había pedido que el juicio no se celebre a puerta cerrada, como podría haberlo solicitado para proteger su intimidad.
«Cuando escuchamos que hay que proteger la dignidad de la señora Pelicot y la dignidad de los acusados cerrando finalmente las puertas de la sala cuando se emitan esos vídeos, en realidad es difícil no sentir que estamos protegiendo la indignidad».
Antoine Camus, otro de sus abogados, añadió que Gisèle Pelicot ha querido que las audiencias fueran públicas «porque a nivel personal no espera nada de este juicio. Su vida está destruida y su ambición ahora es intentar cambiar la sociedad, en particular por el bien de sus nietos».
Fue en la audiencia del jueves cuando los vídeos de las violaciones se proyectaron por primera vez, cuando prestaron declaración dos de los acusados de haberla violado en estado inconsciente bajo los efectos de los ansiolíticos que le administraba su marido, Dominique Pelicot, que durante 10 años la dio a decenas de hombres para que abusaran sexualmente de ella.
De entrada ya se había excluido al público en la sala del tribunal en el momento en que se emitían esas grabaciones, que son la base de la acusación, y que se encontraron en un disco duro que guardaba en su casa con miles de vídeos y fotografías de las sesiones de sexo que había organizado con su mujer bajo sumisión química.
Los periodistas, sin embargo, podían estar presentes y contar las escenas, aunque no grabarlas, ya que en Francia está prohibido tomar imágenes o sonido en una sala de audiencias durante el juicio.
El fiscal propuso esta mañana que se proyectaran sistemáticamente los vídeos antes de cada declaración de los acusados, para que se pudieran ver las que son las principales pruebas de la acusación.
Los abogados de la defensa no querían que esas proyecciones fueran sistemáticas. La única excepción fue Béatrice Zavarro, la letrada de Dominique Pelicot, que tras su detención en septiembre de 2020 ha reconocido su responsabilidad, y desde el comienzo del proceso se esfuerza por señalar a los otros 50 hombres que se sientan con él en el banquillo.
La sesión de la mañana, en la que no se proyectó ningún vídeo, estuvo dedicada al caso de uno de ellos, Cyrille D., de 54 años, encausado por haber violado a Gisèle Pelicot en la noche del 2 al 3 de septiembre de 2019.
Este hombre reconoció que no había dudas de que la víctima estaba dormida, pero precisó que lo que sabía es que había tomado medicamentos «para estar relajada».
EFE
Suni Williams y Butch Wilmore, los dos astronautas que viajaron a la Estación Espacial Internacional (EEI) el pasado junio y, por problemas técnicos con el Boeing Starliner, no volverán hasta febrero de 2025, tienen asegurado su derecho al voto en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del próximo 5 de noviembre.
Así lo confirmaron esta semana en una conferencia para después, en un vídeo publicado por la NASA, animar a la participación en los comicios que consideraron «un deber importante que tenemos todos los ciudadanos».
Ambos han solicitado el denominado «voto por correo espacial», un derecho de los astronautas estadounidenses que fue autorizado por una ley promulgada en el estado de Texas en 1997, que ya se ha ejercido en varias ocasiones.
Los votos emitidos desde el espacio se envía a la Tierra a través de la Red de Espacio Cercano de la NASA, un servicio de comunicación de uso habitual en la EEI que permite a las naves espaciales intercambiar datos críticos con los operadores de la misión en suelo terrestre.
Los astronautas emitirán sus respectivos votos, los cuales serán entregados mediante un enlace electrónico seguro a la oficina del condado de Clerk, en Texas (EE.UU.), donde se encuentra el Centro Johnson de Vuelos Espaciales de la NASA.
Según la NASA, los astronautas reciben un formulario electrónico encriptado, completan el formulario y se envía a la Tierra.
