EDITORIALES
La corrupción no conoció límites
A nadie asombran, pero los pagos del Gobierno anterior por obras inconclusas, de mala calidad o sobrevaloradas siguen apareciendo. Escuelas, hospitales, centros de salud y ahora hasta museos, son obras que revelan los negocios multimillonarios de los exgobernantes para vaciar las arcas del Estado y llenar los bolsillos de sus funcionarios.
Para quienes hemos sido testigos de la voraz corrupción de los gobiernos posfirma de los Acuerdos de Paz en 1996, ya nada nos sorprende.
A diario, con solo revisar los listados de obras adjudicadas y salir al campo a comprobar su ejecución, brotan indicios descarados de engaño o corrupción.
Hoy, este medio devela una de tantas de esas maniobras que han conducido al desprecio por el erario público y la burla hacia los guatemaltecos. Se trata de la construcción del Museo Caracol del Tiempo, que deja sin palabras a propios y extraños.
Esta obra, construida en El Asintal, Retalhuleu, demoró años en concretarse, pero finalmente fue inaugurada el 21 de diciembre de 2023, en el período de Alejandro Giammattei.
Se abrió al público para apreciar la diversidad de piezas arqueológicas que guardan tanta riqueza del sitio Tak´alik Ab´aj, declarado, incluso, Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
Al parecer, todo transcurría bien, pero apenas comenzó la temporada de lluvias en la región, el museo debió cerrarse al público, debido a filtraciones de agua que pusieron en riesgo las piezas. También fue retirada la mayor parte de los atractivos arqueológicos.
Para sorpresa de todos, las medidas fueron tomadas porque comenzó a filtrarse el agua de las lluvias por la losa del techo y poner en riesgo el museo.
La obra adjudicada durante la gestión de Felipe Aguilar, como ministro de de Cultura y Deportes a la empresa J.P., Sociedad Anónima, costó 18.1 millones de quetzales. Según el portal Guatecompras, desde 2005, la constructora ha recibido contratos por 445.7 millones.
Hoy, J.P., Sociedad Anónima, aduce que el problema es del cemento utilizado por una tercera compañía. Cierto o no, el caso es que es evidente que las instalaciones fueron mal construidas y quién sabe cuánto se movió bajo la mesa. El país no puede seguir con esas prácticas que han enriquecido, de manera ilegal, a una minoría y empobrecido a la mayoría de guatemaltecos.
Trabajo interinstitucional e interagencial. Así define el viceministro Antinarcóticos y Seguridad Fronteriza, Werner Ovalle, las claves que le permiten al país mostrar resultados tangibles y claros en la guerra contra los cárteles internacionales de la droga. Lo que conviene agregar es que esa unidad de esfuerzos no viene del cielo y, por el contrario, se gana a pulso y con coraje.
Lo cierto es que, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, Guatemala registra grandes avances en la materia, producto de una buena coordinación entre los ministerios de Gobernación (Mingob) y de la Defensa Nacional (Mindef), junto a fiscales del Ministerio Público (MP).
Además de esa alianza interinstitucional, la batalla contra las mafias ha requerido la unidad e intercambio de información con naciones como Estados Unidos, México, Colombia y las del Triángulo Norte, algo que muchos gobiernos guatemaltecos tuvieron a la mano, pero no alcanzaron por decisión de sus autoridades.
Hoy, el mundo observa un Organismo Ejecutivo cuyos dirigentes son distintos, confiables, alejados de las mafias. Ahora, los encargados de las entidades que combaten este flagelo hablan con sinceridad y sin temor, porque saben que las estrategias acordadas no solo no se filtrarán, sino que van a contribuir al objetivo común: evitar el trasiego y consumo de narcóticos.
Del 1 de enero al 23 de junio de 2024, el Mingob incautó un 153.6 por ciento más de cocaína que la decomisada en el mismo período del año pasado. La comparación deja también saldos a favor en despojo de marihuana, crack y captura de sospechosos de integrar estos grupos de maleantes.
Sin embargo, hay datos más trascendentes, como la estrategia que busca prevenir el consumo y alertar sobre las consecuencias de estas adicciones, tarea en la que participan las carteras de Salud y Educación.
La misma relevancia tiene la conciencia que se hace entre los campesinos que siembran estos cultivos, a quienes se les apoya en la búsqueda de otras plantaciones que les permitan ganarse la vida con tranquilidad. Como lo expresó el viceministro Ovalle, observamos el producto de una función interinstitucional e interagencial que tiene como centro de atención a los ciudadanos.
Más allá de la seriedad poca técnica y financiera con que el anterior gobierno y la legislatura pasada aprobaron el decreto 51-2022, Ley Temporal de Desarrollo Integral, hoy conviene centrarse en el compromiso que asumió el Estado y la necesidad de que sus organismos, en particular el Congreso y el Ejecutivo, honren una ley vigente que no tiene presupuesto, pero sí miles de beneficiados, quienes, por derecho, esperan recibir los desembolsos que se negociaron.
Insistimos, un análisis cronológico del proceso de aprobación permite hacer algunas lecturas que podrían cuestionar el verdadero fondo del proyecto. En primer lugar, la iniciativa la presentó Alejandro Giammattei el 5 de mayo de 2022 (año preelectoral); el 10 de mayo la conoció el Pleno del Legislativo (dominado por la bancada oficial y sus aliados); el 13 de junio tuvo dictamen favorable y el 12 de octubre se aprobó. Más o menos cinco meses tardó el procedimiento parlamentario.
En la Ley, los diputados dejaron en manos del Ministerio de Finanzas conseguir los recursos (por medio de ampliaciones, saldos de caja o financiamientos disponibles) para resarcir a los más de 44 mil veteranos registrados, que apoyaron al Ejército durante el conflicto armado interno (1960 a 1996), beneficio que consiste en 36 pagos de 1 mil quetzales mensuales.
Luego de publicarse el reglamento respectivo, el 21 de marzo de 2023, en pleno período electoral, que por cierto perdió el candidato de Giammattei, se hizo el primer abono, los que continúan gracias a pericias que ha hecho la cartera del Tesoro, dado que no existe una partida para el efecto.
En estos momentos, mantener la palabra ofrecida tiene una salida práctica y sencilla: que el Pleno del Congreso, donde el anterior partido oficial y sus allegados mantienen un alto número de votos, apruebe la propuesta del Ejecutivo de aumentar en 14 mil 451 millones de quetzales la inversión social definida en el presupuesto 2024, cifra que, valga decir, se subvencionará con una mayor recaudación. En fin, los compromisos de Estado implican acuerdos de honor que nadie debería evadir.
El gobierno del presidente Bernardo Arévalo y Karin Herrera se comprometió, desde su campaña electoral, a focalizar recursos hacia familias que sobreviven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, producto del abandono al que han sido sometidas durante décadas.
Hoy, el Gobierno, por medio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), a cargo de Abelardo Pinto, tiene claridad en la implementación de programas sociales. Uno de estos es el subsidio económico (Bolsa Social), que comenzará a entregarse en los próximos meses. La ayuda no será al azar; se utilizarán investigaciones técnicas para llegar a los núcleos familiares que verdaderamente necesitan un subsidio para sobrevivir.
También, el número de beneficiarios se duplicará de 25 mil a 50 mil, incluyendo a jefes de familia de las áreas urbana y rural. Se cuenta con 150 millones de quetzales, según las autoridades, recursos ya incluidos dentro del presupuesto vigente del Estado.
Lo importante, según lo describe el titular del Mides, es que se priorizará a familias con niños menores de 5 años. El Gobierno se respaldará en el Registro Social de Hogares y, a la vez, para hacerlo transparente, se abrirá el Registro Único de Beneficiarios. Por medio de este portal, cualquier ciudadano podrá verificar quiénes recibirán la ayuda.
De acuerdo con el diseño del programa, se han identificado 114 municipios donde residen las personas adultas y niños con los más altos niveles de pobreza y pobreza extrema.
Pero la política social de la actual administración no se limita a la entrega de un alivio económico. También tiene en agenda otro tipo de mecanismos como la reparación de miles de viviendas que no reúnen las condiciones mínimas para habitarlas.
Se les reemplazarán los pisos de tierra por cemento. Esta iniciativa es parte de la estrategia Mano a Mano, la cual se compone de nueve dimensiones o programas. Adicionalmente, se entregará a estas familias filtros de agua (Ecofiltros) y estufas mejoradas o ahorradoras de leña. Para la subvención, se estudian las vías adecuadas y seguras.
