EDITORIALES
Números que contradicen percepción de inseguridad
El informe que presentó el miércoles 22 de mayo el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) confirma los avances que, en materia de seguridad, registra la administración del presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera.
Contrario a la percepción que pueda tener una parte de la ciudadanía, muy válida y, sobre todo, respetable, los números coinciden con los reportes oficiales divulgados por el Ministerio de Gobernación (Mingob), los cuales reflejan adelantos en la defensa de la vida y de los bienes de los guatemaltecos.
De acuerdo con el CIEN, un centro que constantemente es consultado por medios de comunicación para conocer sus consideraciones en materia económica y social, en abril de 2024 el Índice de Delitos contra la Propiedad cayó 3.6 por ciento, comparado con marzo del mismo año.
Cuando se traduce la importancia de dicho resultado, se concluye que en el mes anterior hubo menos extorsiones, asaltos a automotores con mercaderías (tráileres) y robos de motos, carros y residencias, justamente, las variantes que se aglutinan en el referido indicador.
Claro, estos logros no deben ni son motivo para que las autoridades de la cartera del Interior y de la Policía Nacional Civil (PNC) se relajen y piensen que ya todo está resuelto, aunque sí son alicientes y elementos que permiten pensar que se va por el camino correcto.
El estudio del CIEN advierte que en abril de 2024 existió una caída en la tasa de homicidios, la cual cerró en 16.1 por cada 100 mil habitantes, mientras que el mismo parámetro de diciembre de 2023 se ubicó en 16.7. De esa cuenta, se puede afirmar que los planes de trabajo implementados por el Gobierno no solo han protegido con mayor eficiencia los bienes de los ciudadanos y empresarios sino que, más importante aún, han salvado más vidas que en períodos presidenciales anteriores.
“Retomar el control de las calles y trabajar para que las familias vivan en paz”, es uno de los objetivos de Francisco Jiménez, titular del Mingob, un anhelo que, poco a poco, se hace realidad.
El acercamiento de una onda del Este sobre el Pacífico guatemalteco ha generado incremento de las lluvias durante las últimas horas. Esta situación, aunque contribuyó a sofocar totalmente los incendios forestales que permanecían activos en varias áreas del país, representa riesgos mayores en diferentes partes del territorio nacional. Estos riesgos son más latentes en la región Sur, así como en el Altiplano, donde los niveles de vulnerabilidad por la saturación de agua en el suelo van de medio a muy alto, según los análisis de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
Como medida de prevención, el Ministerio de Educación (Mineduc) decidió suspender clases presenciales en 14 departamentos, el lunes 17 y martes 18, al tiempo que activó su Alerta Amarilla Institucional en el ámbito nacional.
La medida adoptada por dicha cartera no pudo ser más acertada, toda vez que, de acuerdo con las estadísticas de la Conred, más de un millón de personas se han visto afectadas y 3 mil 783 evacuadas, ante los eventos ocasionados por las precipitaciones pluviales, entre las cuales figuran deslizamientos de tierra, caídas de árboles, crecidas de ríos e inundaciones.
Uno de estos incidentes es el hundimiento registrado en el kilómetro 43.9 de la Autopista Palín-Escuintla, ocasionado por “una tubería de drenaje tapada por sedimento acumulado”, por lo cual el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, informó que tendrá que cambiar la tubería, trabajo que durará al menos un mes, para que la vía quede completamente habilitada.
De acuerdo con los registros de la Conred, actualizados ayer por la tarde, al momento se reportan 333 incidentes provocados por las lluvias, entre los cuales figuran 128 carreteras, siete edificios y cinco puentes afectados, así como tres puentes destruidos, además de 22 escuelas dañadas.
Los riesgos están latentes; por ello, el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera han hecho llamados a los guatemaltecos a estar atentos ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse en sus comunidades, así como a reportarlas a las autoridades para que se puedan tomar las medidas que garanticen el bienestar de la población en general.
Es evidente que Guatemala dejó de ser el país en el que nadie confiaba y al que la mayoría despreciaba por la indecencia con que se manejaba la cosa pública y lo impresentable de sus representantes en casi todos los organismos del Estado.
Sin embargo, esa imagen injusta, porque no representa a la mayoría de sus ciudadanos, empezó a cambiar desde que el binomio presidencial, integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, llegó al poder. Hoy, esta nación no solo se ha ganado el respeto y el apoyo internacional, sino el reconocimiento de que cuenta con un Gobierno ocupado en solucionar los problemas que afectan a los sectores más necesitados, en particular, indígenas, mujeres, niños y ancianos.
Estos avances son resultado de una política exterior criteriosa, ha obtenido la atención de
líderes mundiales, muchos de los cuales se han entrevistado con el presidente Arévalo, a quien le trasladan su aval en la lucha contra la corruptela, la defensa de la democracia y el impulso de un Estado de derecho que implica depurar las cortes y el Ministerio Público (MP), evidentes aliados del pacto entre ladronzuelos de cuello blanco y conciencia negra.
Ante esta nueva corriente de pensamientos y acciones, no extraña que empresas internacionales manifiesten su interés de asentarse en estas tierras y colaborar con el desarrollo sostenible e integral que merecen los guatemaltecos.
En resumen y como parte de la Estrategia Nacional para Atracción de Inversión Extranjera Directa, dada a conocer por la ministra de Economía, Gabriela García, 54 compañías, de 22 países, consideran crear 54 proyectos durante los próximos cuatro años. Lo anterior representaría que en 2028 ingresen 2 mil 707 millones de dólares (unos 21 mil millones de quetzales), con lo que casi se duplicarían los 1 mil 500 millones de dólares que se captaron, en promedio, en años pasados.
Tener una política exterior que produzca resultados inmediatos, tanto en lo político como en lo comercial, ha sido la meta de todas las administraciones; sin embargo, no basta con querer, puesto que hay que generar confianza y credibilidad.
Las conclusiones que se obtienen tras las consultas realizadas a expertos en derecho y analistas políticos deben preocupar a los guatemaltecos, porque implican que el Ministerio Público (MP) promueve un plan que busca generar temor entre sus opositores, en especial contra aquellos que demandan que se
investiguen los casos de supuesta corruptela cometida en el período de Alejandro Giammattei.
Los términos empleados por las personas a las que se entrevistó evidencian la intranquilidad que se está generando, dada la persistencia del ente investigador de concentrar sus esfuerzos en quienes considera sus rivales de ocasión.
En síntesis, los analistas utilizan palabras como amedrentar, intimidación y perseguir, para ponerle nombre a las acciones del MP y se recuerda que, en su momento, fiscales a las órdenes de Consuelo Porras intentaron revertir los resultados de los comicios presidenciales, lo que conllevaba pasar sobre la voluntad popular y generar ingobernabilidad.
En esta ofensiva se han abierto procesos a defensores de los derechos humanos y periodistas, sin olvidar a dirigentes del partido Semilla, incluidos el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera. Aunque el llamado a la cordura y al respeto del Estado de derecho es imprescindible, también es cierta la posibilidad de que la exhortativa vuelva a caer en saco roto, dado que la citada funcionaria y sus subalternos tratan de autoprotegerse y evitar una eventual cita con la justicia.
En este sentido, conviene resaltar la segunda coincidencia que surgió después de las consultas con los expertos, la cual señala la necesidad de que el Congreso de la República conozca y, eventualmente, avale la reforma a la Ley Orgánica del MP propuesta por el jefe de Estado, la cual abriría el camino para el retiro de Porras.
De lo contrario, advierten los mismos entrevistados, los diputados, funcionarios, empresarios y ciudadanos en general corren el peligro de convertirse en presas de una institución que, al parecer, perdió el control y la sensatez.
