ECONÓMICAS
Invertirán Q1.27 millones en aplicación de convenio
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) tiene previsto invertir Q1.27 millones en 2017, en la efectiva aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, informó Leticia Teleguario, titular de ese despacho.
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) tiene previsto invertir Q1.27 millones en 2017, en la efectiva aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, informó Leticia Teleguario, titular de ese despacho.
“En la actualidad, estamos trabajando una estrategia para viabilizar la consulta a los pueblos indígenas y responder a una de las demandas que el país tiene pendiente desde hace años”, explicó la funcionaria, quien agregó que la suma destinada se incluirá en el anteproyecto de presupuesto para 2017, que se debe presentar a más tardar el 15 de julio.
En ese sentido, Rafael Maldonado, director del área Jurídica del Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala, dijo que además de recursos, se necesita voluntad política para cumplir la ley, por lo que recomendó al Mintrab formular la consulta tomando en consideración los 21 requisitos mínimos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El compromiso
Guatemala ratificó el citado acuerdo en 1996, lo cual obliga al Gobierno a respetar los valores tradicionales de los pueblos indígenas y tribales, y a consultar con ellos todas aquellas decisiones que afectan a su desarrollo económico o social, refiere la OIT.
“En el proceso de transición y fortalecimiento democrático, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas se ha convertido en un elemento fundamental para la construcción de la nación guatemalteca, que desde su carácter unitario refleje la fisonomía plural del país. Consecuencia de ello fue la ratificación del acuerdo”, indicó Gustavo Porras, presidente del Consejo Económico Social de Guatemala.
Las implicaciones
Rudolf Jacobs, vicepresidente de la Cámara de Industria de Guatemala, dijo que después de haberse ratificado el convenio, en 1996, el compromiso nunca fue reglamentado por el Gobierno, lo cual generó un vacío en cuanto a su aplicación, principalmente en lo que corresponde a los proyectos de la industria extractiva.
Derivado de esta situación, el empresario comentó que el sector enfrenta tres problemas, siendo el principal la falta de certeza jurídica y conflictividad, seguido por la suspensión de autorizaciones y licencias mineras.
Recomendación
En relación con lo anterior, Maldonado recomendó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) que se detenga el otorgamiento de cualquier licencia minera en el territorio nacional, hasta que no se realicen las consultas en cada uno de los municipios donde se vayan a realizar actividades de exploración o explotación minera, y darle cumplimiento a las suspensiones que han emanado de la Corte de Constitucionalidad.
“Somos respetuosos de la ley y hemos ejecutado las órdenes judiciales”, dijo Luis Chang, titular del MEM, al explicar que se suspendieron las operaciones de los proyectos Tajumulco II, Niquegua Montúfar II y Progreso VII Derivada, conocido como La Puya.
Licencias en trámite
De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, al 1 de febrero de este año, habían 427 licencias en trámite para exploración de materiales de construcción, y minerales metálicos y no metálicos, mientras que para explotación eran 176.
Respecto del impacto de estos proyectos en la economía, el Banco de Guatemala refiere que en 2015 la inversión extranjera que aportó la agricultura, petróleo, minas y canteras significó US $139.5 millones (Q1 mil 67 millones).
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) organizó el tercer foro de vivienda, un encuentro para abordar el déficit habitacional en Latinoamérica, que reunió a autoridades de Paraguay, Guatemala, República Dominicana, Panamá, El Salvador y Argentina.
En un panel sobre la materia, la jefa de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID, Tatiana Gallego, dijo que “América Latina y el Caribe tienen un rezago de casas dinámico, que desde el BID calculamos que afecta al 45 por ciento de la población”. Esta cifra es más importante desde un punto de vista cualitativo que cuantitativo, señaló.
“Estimamos que un 95 por ciento, más o menos del total, es de calidad y, además, muy urbano, porque más del 80 por ciento de la población vive en ciudades”.
Erick Hernán Rosales, viceministro de urbanismo del país, lo cifró en un 69 por ciento, mientras que la viceministra de República Dominicana, Vivian Reyes, lo elevó al 70 por ciento y mencionó la difícil burocracia como otro impedimento en la reducción de la falta de residencias.
El Comité de Usuario de Datos Abiertos fue relanzado ayer por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), como un espacio de diálogo social con participación de centros de pensamiento, universidades y medios de comunicación, que utilizan la información que la cartera ofrece.
Esta instancia ya fue establecida legalmente y la idea es que comiencen a activar conversaciones para mejorar la oferta que tienen en datos abiertos. Uno de sus objetivos será que en este semestre se haga un rediseño y actualización del portal, a partir de esa retroalimentación.
Carlos Augusto Melgar, viceministro de Finanzas Públicas, explicó que la oferta de datos del ministerio es variada, pero, principalmente se concentra en presupuesto y ejecución. También hay muchas solicitudes de proyectos de inversión y en contrataciones públicas.
Jorge Lavarreda, investigador asociado del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), vio como positivo el retomar este espacio, que se había dejado de convocar a la sociedad civil y destacó que la idea que les manifestaron es tomarles en cuenta sus opiniones y mejorar la auditoria social.
“Algunas de las recomendaciones que se hicieron fueron las que iban en la línea de generar información en espacios que hoy no se incluyen, como las metas físicas y objetivos que se planifican y sobre todo tener una mayor vinculación entre los datos financieros y los resultados”, agregó el académico.
Una de las obligaciones que tiene la cartera es optimizar la disponibilidad de datos en los ámbitos fiscales, para que cualquier persona pueda conocerla, así como organizaciones
sociales, centros de investigación y periodísticas tengan fuentes fidedignas.
ECONÓMICAS
Restaurantes se quejan por alzas
Verduras, lácteos, carnes y frutas son más caras, aseguran los empresarios.
El sector de restaurantes de tenedor, que aporta alrededor de 4.5 por ciento al producto interno bruto, reconoció ayer que no pasa por su mejor momento. Estos negocios se han visto afectados por los incrementos de los insumos que componen sus platos de comida. Al menos, así lo afirmó ayer Abraham Az, presidente de la Gremial de Restaurantes.
Están molestos por las alzas en vegetales, carnes, lácteos y verduras. Algunos productos
han subido entre un 40 y 50 por ciento. La culpa, dice el empresario, está en los costos del
transporte.
Según Az, el gremio dialoga con la cadena productiva, a fin de ver cómo evitar mayores alzas de sus ingredientes básicos, y no caer en crisis.
Escasez de empleados
Los empresarios manifiestan que, al igual que el sector construcción, en la industria restaurantera también hay déficit de trabajadores. Les cuesta encontrar personal, pues este año ha habido más migración hacia Estados Unidos.
Para suplir el faltante de colaboradores, han hecho alianzas con el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) para reclutar obreros especializados en esta rama productiva. “Ahora debemos ser más ingeniosos, no podemos trasladarles el costo a los consumidores porque dejarían de llegar. Aún no hay cierres, estamos resistiendo e innovando, pero de mantenerse así, pueden elevarse los costos de ir a comer fuera de casa”, concluyó el presidente de la Gremial.
