EDITORIALES
Informe de Moody´s desnuda la realidad política del país
En su más reciente análisis de situación, fechado 11 de julio de 2024, en el que la agencia calificadora de riesgo país reitera la perspectiva Ba1 de Guatemala, Moody’s Ratings incluye observaciones que conviene analizar, por la certeza de sus comentarios, los cuales evidencian una percepción cada vez más amplia
e inobjetable entre los connacionales.
En sus reflexiones, valiosas por la calidad intelectual y técnica de la comitiva que constató la situación, Moody’s Ratings resalta su creencia de que existe un “programa anticorrupción fortalecido” que comenzó el 14 de enero de 2024, cuando asume el nuevo Gobierno. Además, valora los esfuerzos que existen para mejorar la infraestructura productiva y comunitaria y las reformas sociales que contribuirán con la mejora del perfil crediticio del Estado.
A lo anteriormente expuesto, cuya valía viene de la independencia y reputación internacional que tiene la entidad, hay otro aspecto que desnuda nuestra realidad partidaria, la cual dificulta los esfuerzos gubernamentales para alcanzar desarrollos íntegros e inclusivos con mayor celeridad.
Moody´s lo describe de esta manera: “El riesgo político es el principal factor que limita el perfil crediticio del país, incrementado (por) la obstrucción en el Congreso, lo cual dificulta implementar reformas, así como la continua resistencia de una parte del poder judicial”.
Tomando en consideración el análisis de la agencia, vemos con mucha tristeza y vergüenza la apreciación que existe en el extranjero respecto de nuestro sistema “republicano y democrático”. Un sentir que rechaza a las mafias enquistadas en algunos organismos, las cuales entorpecen, por maldad o corruptela, los programas y obras que puedan dignificar la calidad de vida de los compatriotas.
Moody´s deja claro que el enemigo está en nuestra propia casa, lo que torna necesario fortalecer la estrategia por la decencia, la cual sacude y resta vida a quienes por negligencia del Ministerio Público y del Organismo Judicial gozan de impunidad y privilegios, prerrogativas que comenzarán a terminar cuando la Fiscal General abandone el cargo.
Washington, EFE
El español Carlos Alcaraz debutará en el Abierto de Estados Unidos, que arrancará el próximo lunes, con un tenista procedente de las rondas clasificatorias, aún por definirse, y solo se cruzaría con el serbio Novak Djokovic en una hipotética final.
En semifinales, el murciano podría verse las caras con el italiano Jannik Sinner, actual número 1 del mundo, de acuerdo con el sorteo realizado ayer en Nueva York. Si supera la primera ronda, Alcaraz, tercer jugador del mundo y campeón de Roland Garros y Wimbledon, se enfrentará o bien al canadiense Denis Shapovalov o al neerlandés Botic van de Zandschulp.
En las semifinales, además de a Sinner, también podría encontrarse con el ruso Daniil Medvedev, quinto del ranquin ATP, mientras que en la final, en caso de que Djokovic cayera eliminado antes, su rival podría ser el alemán Alexander Zverev.
Tres párrafos bastaron. Díez líneas para ser más detallistas. En ese breve comunicado, la poderosa Unión Europea (UE) trasladó su sentir y el de los guatemaltecos. A lo corto del mensaje, se suma su contundencia y claridad. El que quiera entender que entienda.
En el comunicado de prensa, las naciones que integran el bloque del Viejo Continente se pronunciaron en torno al
antejuicio que el ente investigador presentó contra el
presidente Bernardo Arévalo, el miércoles recién pasado.
En una de sus partes torales, la UE rechaza las acusaciones. “Forman parte de un patrón más amplio y altamente preocupante de denuncias e investigaciones políticamente motivadas contra el Gobierno actual”, expresa en su primer apartado.
La postura de los países europeos coincide con las interpretaciones de abogados y constitucionalistas nacionales. Estos expertos advirtieron que el fiscal irrespetó la presunción de inocencia del jefe de Estado. No se puede ser juez y parte, recordaron los profesionales. La observación llega luego de que se acusara al mandatario de ser el principal responsable de la corruptela e impunidad en Guatemala. Sin pruebas. Sin defensa. Y sin juicio.
De igual manera, los juristas se mostraron consternados por lo que llamaron posiciones políticas y no legales. Pero, ayer, el reparo del Gobierno trascendió la censura. Los legisladores electos por el partido Movimiento Semilla denunciaron al fiscal por abuso de autoridad, infracción de privilegio y denegación de justicia.
Habrá que ver la efectividad de los tribunales, aunque haya poca confianza en el actuar de algunos jueces y magistrados.
Pero volviendo a la declaratoria referida, vale la pena continuar la cita del pronunciamiento. “La UE, de manera consistente, ha expresado su preocupación por el uso indebido y la instrumentalización del sistema de justicia, en particular a raíz de las elecciones de 2023 y los esfuerzos persistentes para socavar la voluntad del pueblo guatemalteco”, refiere, sin mencionar nombres ni apellidos, aunque no es necesario.
Para cerrar, basta traer parte del tercer extracto. “La UE recuerda las medidas restrictivas que impuso en febrero de 2024 a cinco individuos por acciones que socavan la democracia, el Estado de derecho o la transferencia de poder pacífica en Guatemala”. Otra vez, el que quiera entender que entienda.
La crítica es clara y contundente. En pocas palabras, los señalamientos contra el presidente Bernardo Arévalo fueron demeritados. Y por expertos en derecho, algunos con trayectoria constitucional.
Además, basta revisar los “espacios abiertos”, parafraseando a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), para constatar lo que provocó en los internautas el anuncio de otra
solicitud de antejuicio contra el jefe de Estado.
Sin embargo, conviene centrarse en el enfrentamiento legal que suscitó la intervención del fiscal. Pero empecemos por el principio. En su comparecencia ante la prensa, el jefe de la FECI afirmó que “el principal responsable de fomentar la corrupción e impunidad en Guatemala es el presidente Bernardo Arévalo”.
Esta conclusión, a los ojos del abogado Edgar Ortiz, “es un comentario fuera de lugar, porque se supone que las investigaciones se guían por un código de ética, lo que se convierte en una regla para conducirse con imparcialidad”.
Los profesionales también observaron posturas partidarias. El mismo Ortiz y otros colegas suyos, a quienes se cita en la nota periodística de las páginas 2-3 de la presente edición, censuran los comentarios políticos utilizados por el representante del ente investigador. “La politización del caso
contamina la legitimidad de la investigación”, advierten.
Pero el asunto no termina aquí. La aseveración pareciera venir de alguien que actúa como juez y parte en el proceso. “Se debería mantener la presunción de inocencia hasta que surjan todos los procedimientos correspondientes.
No deberían de catalogar, directamente, que se cometieron o no delitos; hay que mantener todo bajo el entendido de un supuesto”, explica Kevin López, experto en temas jurídicos de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies).
“El órgano jurisdiccional es el que decide si hay o no un acto delictivo”, recordó la exdiputada Nineth Montenegro.
El remate lo dio el constitucionalista Gabriel Orellana, tras oír que su nombramiento en el Comité Jurídico Interamericano fue una suerte de compadre hablado. “Contra la observancia de la ley no se puede alegar ignorancia”, resaltó.
Y tiene razón, su cargo no es un nombramiento; le corresponde a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la cual está integrada por 28 naciones. En fin, en materia legal, no se puede aducir desconocimiento.
