EDITORIALES
Basta de privilegios y concesiones espurias
Los aplausos que recibió el Ministerio de Gobernación tras quitar los guardaespaldas asignados a 17 congresistas reflejan el cansancio de los guatemaltecos contra los privilegios que, anteriormente, se concedían e intercambiaban las máximas autoridades de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La disposición, valiente y acertada, muestra el espíritu democrático y transparente de un Gobierno que busca acabar con ese sistema corrupto que aún funciona en diversas dependencias del Estado, las cuales han sido manejadas de una forma malévola e inescrupulosa.
De esa cuenta, en breve, los guatemaltecos tendrán a su servicio a otros 61 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes se turnaban para proteger a los parlamentarios, casi todos del partido Vamos, agrupación que a su paso por la gestión pública saqueó el erario y hoy es el principal obstáculo para el desarrollo integral e inclusivo del país.
La medida, como bien comentan los expertos, también representa un paso enorme para dignificar a los policías, quienes debían asumir funciones indignantes, lejanas a sus procesos formativos y a su experiencia en el campo de la seguridad.
De igual manera, revertir esta polémica instrucción permite corregir una presunta ilegalidad, dado que algunas asignaciones se efectuaron de manera verbal, injustificada y sin los respectivos análisis de riesgos que ampararan designar al personal.
Está claro que la guerra contra la corrupción y los corruptos requerirá solventar otras batallas, tomando en cuenta la inmundicia heredada y bajo la cual algunos fiscales, parlamentarios y jueces pretenden seguir viviendo. Ahora, tocará esperar cómo reaccionan los presuntos afectados, quienes, casi con seguridad, extremarán sus estrategias para impedir que florezca la nueva primavera.
Pero sería bueno que previo a cualquier represalia, ellos y sus aliados en curules, tribunales o fiscalías escuchen la voz de los connacionales, quienes ya están hartos de ver cómo unos pocos se aprovechan de sus puestos para llevar una vida de reyes a costa de los impuestos que, con esfuerzo y trabajo, aportan las grandes mayorías.
En medio del recato que le caracteriza, el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz, envió ayer un par de mensajes. Aunque el funcionario no señaló a nadie, es fácil deducir quiénes son los destinatarios.
Las consideraciones de Díaz surgen en el marco de la ampliación de las pesquisas que el ente recaudador efectúa en el caso denominado B410, que evidenció un sistema que defraudó 300 millones de quetzales al fisco, durante el gobierno de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez. En dos platos, el responsable de la SAT informó que se interpusieron denuncias contra 206 empresas, las que se suman a las 35 iniciales.
Además, detalló los avances que permitirían llegar a los autores que ejecutaron los robos, así como a aquellos que tuvieron la planificación de los saqueos. Treinta compañías inhabilitadas para emitir facturas, 32 que no tienen acceso al Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) y el decomiso de 106.4 millones de quetzales y 440 mil dólares son las cartas que presenta la Superintendencia.
Tras la presentación de estos números, Díaz lanza el primer llamado. Urge emitir órdenes de captura. La lógica del aludido, misma que comparte la mayoría de guatemaltecos, es que ello permitirá entrevistar a los presuntos culpables, para que cuenten quiénes los contactaron y por qué. Y agrega: “Mientras eso no suceda tenemos delimitado nuestro campo de acción”. Cuánta razón y lógica tiene.
El otro golpe llega cuando refiere los amparos provisionales recibidos por 10 firmas señaladas (una medida fue revocada), las que la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal en Materia Tributaria permite continuar operando, pese a su presunto accionar en el fraude.
“No podemos permitir que una compañía que se ha quedado con el IVA siga trabajando”, advierte, previo a concluir que eso hace presumir que continúe quedándose con los impuestos. No cabe duda de que Díaz tiene razones de sobra para exigir que las instituciones asuman sus responsabilidades y dejen de proteger a ese pacto de corruptos que se atrinchera en un barrio de la zona 1.
Las angustias de doña María, uno de los personajes centrales del Reporte especial publicado ayer por este diario, deben terminar. Su narrativa, que refleja las preocupaciones que viven miles de guatemaltecos en la búsqueda de medicamentos a precios accesibles, debería ser suficiente para llamar la atención de todos. Sin demoras.
De acuerdo con el trabajo periodístico citado, en El Salvador se encuentran los mismos fármacos que se comercializan en Guatemala hasta un 70 por ciento más baratos. ¿Por qué ocurre tal situación? ¿Qué influye para que haya tanta diferencia en los precios? ¿Qué tiene que hacer el país para que esto ya no siga pasando?
Las explicaciones a estas interrogantes abundan. Y la mayoría de autoridades de los distintos organismos del Estado lo tiene claro, aunque opten por callar. Por dar largas. O, tal vez, porque sus capacidades económicas o las prerrogativas que ofrecen sus cargos les impiden pasar por estas penas. Lo cierto es que se han vuelto insensibles ante el dolor de los connacionales, irónicamente, quienes los eligen o pagan sus salarios.
Pero no todos cierran los ojos. No todo está perdido. Hay algunos que han puesto manos a la obra y enfrentan a ese monstruo de mil cabezas que camina a placer. A sus anchas, sin que nadie les haya plantado cara. Lo expuesto por el presidente Bernardo Arévalo pone en perspectiva el afán del Ejecutivo de frenar esos abusos. De parar la indolencia de quienes tienen la responsabilidad de minimizar la congoja de los enfermos.
Un buen inicio en este largo camino por recuperar la esperanza pasa por identificar el origen del problema y ofrecer soluciones. La génesis de la contrariedad la resumió Arévalo de esta forma: “El mercado está controlado monopólicamente y de manera corrupta”. En cuanto a las salidas, el Gobierno también presenta avances mediante la diversificación del mercado y la compra de fármacos a organismos internacionales, lo que permitirá abaratar las curas y ampliar la oferta.
Priorizar la salud es un compromiso de todos. Evitar que se siga comercializando con el pesar ciudadano es innegociable. Aliviar estas angustias debe convocar a todos. El Gobierno ha puesto el ejemplo. Ahora resta que el Congreso haga lo propio. Por humanidad. Por doña María.
Adquirir medicinas para un tratamiento largo en Guatemala sale muy caro. El derecho a la salud en el país es limitado. Los aberrantes precios de los fármacos en la nación condenan a la agonía a los ciudadanos, mientras quienes tienen la posibilidad de hacerlo buscan alternativas que alivien en algo sus bolsillos.
Diario de Centro América viajó a El Salvador para comparar precios de medicamentos recomendados en 10 afecciones comunes entre los guatemaltecos y los resultados fueron sorprendentes. Encontrar medicinas entre un 16 y un 78 por ciento más baratas en el vecino país, deja al descubierto la voracidad de las farmacéuticas en el territorio nacional.
Implementar medidas que permitan la regulación a dicho mercado es urgente y necesario, toda vez que no es justo que los guatemaltecos tengan restringido el acceso a precios accesibles o razonables para tratar sus enfermedades. Claro, para ello debe haber también voluntad política, la cual empieza a asomarse con la reciente aprobación de la Ley de Atención Integral del Cáncer, por parte del Congreso de la República.
Expertos consultados coinciden al señalar que la falta de regulación ha permitido que la salud se vea como una mercancía y no como un derecho humano. Es momento de tomar decisiones políticas para regular dicho mercado y legislar en apoyo a los bolsillos de los enfermos y sus familias. Es imprescindible mejorar el acceso a tratamientos de enfermedades crónicas.
Regular esta industria facilitaría también que empresas con precios más competitivos puedan establecerse en el país, sin verse amenazados por los monopolios establecidos, lo cual ha ocurrido en el pasado, cuando este sector ve amenazados sus intereses.
Pero mientras esto no ocurra en el país, seguiremos escuchando relatos como los planteados en el reportaje publicado hoy en las páginas 2 y 3. Los guatemaltecos tendrán que ingeniárselas para conseguir sus tratamientos a costos más humanos, pues en El Salvador, país al que también viajan ciudadanos hondureños con el mismo propósito, pueden acceder a medicinas más baratas y de la misma calidad de la que se distribuye en Guatemala.
