Bruno Arias Rivas, gerente
del INAB [email protected]
Pocas políticas públicas logran conectar de forma tan directa la protección del medio ambiente con la mejora de la calidad de vida de la población guatemalteca. Los incentivos forestales impulsados por el Instituto Nacional de Bosques (INAB) son una de esas excepciones que merecen más participación ciudadana.
Gracias a los Programas de incentivos, Pinpep y Probosque, ha sido posible realizar el segundo desembolso correspondiente al año 2026, por más de Q86 millones que han llegado directamente a manos de miles de beneficiarios, respaldando más de 5 mil proyectos de reforestación, restauración y/o manejo de bosques, generando más de 8 mil empleos rurales. En un contexto donde muchas comunidades enfrentan falta de oportunidades, los incentivos forestales son una muestra concreta de que el desarrollo sostenible puede ser una realidad y que no es solo una transferencia económica, si no una inversión del Estado que busca hacer posible que la conservación y recuperación de los bosques también sea una actividad productiva rentable.
Lo verdaderamente valioso de estos instrumentos de política pública, es su enfoque integral. No se trata únicamente de plantar árboles, sino de construir un modelo económico distinto: uno que reconoce el valor de los bienes y servicios del bosque, que remunera el esfuerzo de quienes lo cuidan y que fomenta prácticas productivas responsables. Bajo este esquema, proteger el entorno deja de ser un sacrificio económico y se convierte en una inversión con retorno tangible.
El reto ahora es ampliar el alcance de esos programas.
Además, hay un elemento social importante en esto programas de incentivos, que no debe pasar desapercibido, la participación de mujeres (33 %) y de proyectos colectivos (14 %) evidencia que estos programas están contribuyendo, a una mayor inclusión en el acceso a oportunidades productivas. Este es un paso relevante hacia economías rurales más equitativas.
El reto ahora es ampliar el alcance de esos programas. Aún existen miles de productores, comunidades y organizaciones que podrían beneficiarse de estos incentivos. Aquí es donde el papel del Instituto Nacional de Bosques resulta clave: no solo como ejecutor de políticas, sino como ente articulador entre el Estado, los productores y las comunidades rurales.
El cambio climático ya no es una amenaza lejana sino una realidad palpable, apostar por programas como Pinpep y Probosque es apostar por conservación, empleo y futuro. Guatemala no solo necesita más bosques; necesita más personas convencidas de que cuidarlos y recuperarlos vale la pena.











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